Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)[2019]
Keymer Ávila
Desde la independencia, en Venezuela no había una visión nacional y de una política unificada para las policías; había gran dispersión normativa; la heterogeneidad, grandes asimetrías y falta de coordinación eran la regla. La situación laboral y social de los funcionarios era precaria. Toda esta complejidad fue asumida en 2006, cuando se creó la Comisión Nacional para la Reforma Policial, un espacio plural, diverso, técnico, académico e interinstitucional que trabajó en la formulación de un modelo policial basado en el respeto de los derechos humanos, la profesionalización de sus funcionarios y el carácter civil del servicio.
En el plano del deber ser, el impacto es positivo en términos de diseño de políticas públicas, con una metodología basada en la consulta, en la investigación, así como los productos normativos que de ellos se derivaron. En el de la realidad, el modelo no se ha implementado y lo que ha hecho el poder político es una contrarreforma, es decir, hacer lo contrario de lo que se predica en el modelo.
En consecuencia, las policías en Venezuela no cumplen con su principal finalidad legal: proteger los derechos de la ciudadanía. Han aumentado la violencia delictiva, las muertes en manos de las fuerzas de seguridad y la desconfianza hacia la policía y el sistema judicial. En este sentido, el proceso de reforma respecto a sus funciones manifiestas no ha sido ni eficaz ni eficiente.
Frente a esta situación, se requiere, además de acompañamientos en los procesos de diagnóstico y diseño de las propuestas, hacer seguimiento y apoyar los procesos de implementación.
También es necesario generar consensos, confianza, participación de los involucrados, así como de la ciudadanía; defender el núcleo de la reforma que está plasmado en la ley orgánica del servicio de policía y del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, protegerla del gobierno y de la oposición.
Además es importante afianzar el carácter civil de las policías y hacer realidad su desmilitarización, y que la policía se convenza de que la reforma le beneficia, fortalecer el rol y la independencia del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el poder judicial, así como asegurar el control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad del estado.
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