15 de septiembre de 2022
Paula Doria
Ante la crisis de seguridad en Bogotá, la alcaldesa Claudia López ha pedido mirar para afuera. “Radicamos en Cancillería una solicitud para que el gobierno venezolano penalice efectivamente a cabecillas del Tren de Aragua”, escribió en redes sociales, al lado de la carta oficial que envió al Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo el aislamiento de los líderes de esa banda capturados en ese país.
Esta organización criminal venezolana se ha convertido en la señalada de buena parte de los crímenes de alto impacto, como masacres y “embolsados”, que han golpeado la percepción de seguridad de la capital. Con el Tren de Aragua, el caracter “trasnacional” del crimen en Bogotá ha copado la atención de los funcionarios y los medios, a la hora de atribuir responsabilidades sobre la violencia que sufre la ciudad.
Sin embargo, según expertos y funcionarios, esa banda está lejos de ser el principal problema de seguridad de Bogotá. En cambio, distrae de los problemas reales de las dinámicas criminales de la ciudad y los retos que ha tenido López para contrarrestar el crecimiento del crimen organizado.
El poder del Tren de Aragua está inflado
El Tren de Aragua nació en una prisión en el estado de Aragua de Venezuela y se ha expandido a otros países. Su nombre surge de un sindicato de obreros de un tren que nunca se construyó en ese estado. “Tiene la particularidad de poder adaptarse a las dinámicas criminales según el lugar”, dice Ronna Rísquez, una periodista venezolana que viene investigando a esta banda desde 2019. Eso le ha dado la posibilidad de expandirse a países como Chile, Perú y Colombia.
Dentro de su portafolio criminal están robo, extorsión, sicariato, trata de migrantes, trata de personas, entre otros. También logran negociar con las bandas locales para extender sus redes criminales.
Sin embargo, para los conocedores del Tren de Aragua su poder está siendo sobrevalorado en Bogotá.
“El Tren de Aragua ni siquiera ha logrado controlar Caracas, mucho menos podría poner en jaque a Bogotá”, dice Rísquez. “Hablaría muy mal de la gestión en seguridad en Bogotá que esa banda sea la causante de todos sus males”.
En el mismo sentido, Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y Profesor de Criminología dice “por supuesto que en el país (Venezuela) tenemos bandas delictivas con niveles importantes (…) pero difícilmente llegan a los niveles de sofisticación, experiencia, extensión, redes, recursos y poder de los carteles colombianos, brasileños y mexicanos”.
Los estudios en campo muestran lo mismo.
Un trabajo que hizo Crisis Group, una organización que trabaja por la resolución y prevención de conflictos armados internacionales, y la Liga contra el silencio, concluyó que “la presencia del Tren de Aragua en la capital y otras ciudades principales no va más allá de pequeñas células que trabajan junto a grupos ilegales locales”.
Después de hacer varias entrevistas con líderes de bandas delincuenciales, policías y otros agentes estatales aseguraron que “no hemos evidenciado una presencia importante del Tren de Aragua. Lo que sí está pasando es que algunos grupos pequeños de delincuentes se hacen pasar por esta banda delincuencial o que algunos venezolanos son contratados por bandas nacionales”.
De hecho, uno de los líderes de una banda en Bogotá les aseguró: “Eso es lo que necesitamos, que todo el mundo piense que son ellos (…) Que toda el agua sucia se vaya para ellos y no para nosotros. Nosotros seguimos limpios y andamos tranquilos”.
En conversación con La Silla Vacía, Bram Ebus, investigador de Crisis Group, dijo “Me sorprende la falta de comprensión del mundo criminal que sigue siendo gobernado por actores colombianos”.
Agregó que hasta ahora los reportes de los medios no incluyen las voces de los migrantes, ni ha habido esfuerzos por entender en campo la dinámica criminal, sino que se quedan con la versión oficial. “Tanto los medios como los políticos han inflado su papel e influencia (el del tren de Aragua)”, dice Ebus.
Desde la Alcaldía, un asesor en seguridad que prefirió no revelar su nombre pues no está autorizado para dar declaraciones, dijo: “Es improbable que las bandas venezolanas hayan desplazado a las colombianas”. Agregó que las bandas no se mueven solo con la fuerza y la violencia, “Para controlar un territorio necesitas arraigo, conocimiento del lugar, cooperación criminal”.
Las cifras tampoco ponen al Tren de Aragua como el mayor mal de Bogotá.
Al Tren de Aragua se le adjudica responsabilidad en la aparición de algunos de los 23 cuerpos en bolsas, algunos de ellos desmembrados. La Alcaldía ya esclareció siete casos que le adjudican a Los Maracuchos. Los restantes serían responsabilidad del Tren y de otra banda, cuyo nombre se desconoce.
Según dijo la misma alcaldesa, lograron la captura de 10 integrantes de los Maracuchos. Ella reconoció que es una organización liderada por un colombiano que tiene integrantes venezolanos.
“Lo que hacen las bandas nacionales es subcontratar a los venezolanos para extender sus redes. Pero ellos son la carne de cañón, los jefes de ellos son colombianos”, dice Ebus.
La Alcaldía también habló de otras nueve bandas que se están disputando territorios luego de que cayó el jefe de la banda ‘Los camilos’. Sin embargo, explica la Alcaldía, no se ha hablado de quiénes son las personas detrás de esas bandas delincuenciales para no entorpecer las investigaciones de las autoridades.
En todo caso, en lo corrido del año van 657 asesinatos en Bogotá. Las causas, según explicó a La Silla el jefe de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Triana, se deben a “la falta de tolerancia” y al “ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales”.
Cuando le preguntamos al comandante de la MeBog por qué hacían tanto énfasis en el Tren de Aragua aseguró “porque esa es la banda que estamos investigando hace siete meses y porque la forma cómo asesinan es truculenta”. Pero no está claro que los miembros de esa banda sean los responsables de la mayoría de muertes violentas en la capital.
Bogotá tiene su propia cosecha de crimen organizado
Bogotá ya tenía antecedentes criminales que mostraban problemas de seguridad con o sin presencia de bandas de otros países. Para mencionar algunos ejemplos, tan solo en el gobierno anterior, el de Enrique Peñalosa, en la ciudad existía el Bronx, la olla más grande de América Latina, en la que se cometían todo tipo de crímenes. Fue desmantelada, pero las dinámicas no desaparecieron, sino que se desplazaron.
La aparición de cuerpos en bolsas desmembradas también eran noticia para ese entonces.
En la ciudad también ha habido presencia de guerrillas urbanas como el ELN y han operado bandas lideradas por personas como El Cucho, ex jefe de sicarios de las disidencias de las Farc. Y no se descarta la presencia del Clan del Golfo, una estructura narcoterrorista consolidada a la que los integrantes del Tren de Aragua en el norte del país dicen responder.
En esta alcaldía, antes de que se hablara del Tren de Aragua, hubo aumento de los homicidios. Tendencia que el secretario Anibal Fernández de Soto logró revertir. De hecho, este año los homicidios se han reducido en un 14 por ciento. Aunque él mismo reconoce que “de nada sirve” si hay noticias como la aparición de cuerpos desmembrados.
La Fundación Ideas Para la Paz (FIP), entidad que ha hecho varios estudios sobre seguridad urbana, ha mostrado en estudios del 2010, 2017 y 2021 que hasta ahora la dinámica criminal en Bogotá no ha cambiado.
Las bandas delincuenciales siguen operando en los mismos lugares de siempre hace años. Esos lugares son Mártires, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Usme y Bosa. Y en los últimas semanas la competencia alrededor de los territorios se ha agudizado, a juzgar por la seguidilla de asesinatos crueles y desmembramientos.
Bogotá sigue sin política de seguridad
El foco y la espectacularidad alrededor del Tren de Aragua puede ser contraproducente pues hace que se pierda de vista las dinámicas criminales que ya se vivían en la capital.
“Hay variables que son controlables y hay otros que no. No es controlable la aparición del Tren de Aragua, pero sí es controlable la política de seguridad. Hasta ahora Bogotá, que tiene recursos como ninguna otra ciudad, no tiene una”, dice Jerónimo Castillo, director de Área Seguridad y Política Criminal de la FIP. “¿Dónde has visto innovación en esta Alcaldía en materia de seguridad?”.
La Silla envió preguntas a la Secretaría de Seguridad, pero al momento de publicar esta nota no habían contestado. Sin embargo, el secretario Fernández de Soto también está de acuerdo en que es necesario actualizar la política de seguridad y prometió tenerla lista a principios del año. En junio dijo que la iban a articularla con la del nuevo Gobierno de Gustavo Petro y que están trabajando en ella.
Mientras tanto, ha explicado en ruedas de prensa ha liderado estrategias que han dado resultados en la reducción de homicidios y hurto a bicicletas. El año pasado llegaron 1.500 policías a la ciudad y Petro prometió otros 1.500 para diciembre. Pero a pesar de esos esfuerzos, el hurto sigue siendo un problema y según ha dicho él mismo cada vez son más violentos.
Los expertos consultados coinciden en que parte de la estrategia para combatir la delincuencia debería estar enfocada, más bien, en mejorar en las políticas de recepción de migrantes, en vez de reiterar discursos que pueden producir xenofobia, como lo ha mostrado el barómetro que mide ese fenómeno.
“Aunque en Bogotá se han hecho esfuerzos importantes, todavía hace falta un mayor acompañamiento”, dice Bram Ebus. “Los venezolanos llegan a la ciudad y terminan en lugares donde la delincuencia ya está establecida”.
Para los expertos, al poner la mirada de la seguridad de Bogotá en las amenazas “trasnacionales” y el Tren de Aragua, apunta a la dirección incorrecta. “Es un gesto político de Claudia López que no aborda la gravedad de los homicidios en la ciudad, las causas de las muertes violentas son variadas y se está sobredimensionando un fenómeno para explicar lo que no se conoce”, dice Castillo. “Temo que se esté instrumentalizando la diáspora venezolana para desviar la atención de problemas securitarios internos”, dice Ávila.
Publicado originalmente en: La Silla Vacía
