Dios te libre de que la FAES toque tu puerta. La serie “Vidas en la memoria”, hecha por el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela, Madres Poderosas y el Grupo La Vida de Nos, cuenta historias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales
17 de agosto de 2023
Sabemos que hay violencia de sobra en Venezuela, pero no es normal que mucha de ella provenga de organismos que deberían garantizar nuestra protección. A través del capítulo regional del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina y el Caribe, Keymer Ávila, investigador y profesor de Criminología, le pone el ojo a los abusos de poder de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.
—¿Por qué decidieron empezar el monitoreo?
—Desde el inicio de mi formación profesional he estado concentrado en el estudio del sistema penal, acompañamos el proceso de reforma policial iniciado en el año 2006 y le hicimos seguimiento. Esta es la línea de investigación que llevamos desde el 2011 en el Instituto de Ciencias Penales de la UCV. Pero en efecto, hubo eventos que marcaron una diferencia. El primero fueron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) del año 2015, cuando las muertes por intervención de la fuerza pública se incrementaron brutalmente, en más de un 70 % respecto al año anterior. El año siguiente fue aún peor, con incrementos por encima de 130 %, según estas mismas fuentes oficiales. Este fue el punto de quiebre en nuestros estudios, así como en nuestros métodos: a partir de ese momento, comenzamos a hacer seguimiento de los saldos letales de estos operativos policiales militarizados.
—En un país en el que la opacidad es la norma, ¿cómo recolectan los datos para sus estudios?
—Nosotros desde el 2016 hacemos seguimiento diario de los casos de muertes por intervención de la fuerza pública, así como de los casos en los que los policías son víctimas de homicidio, publicados en los portales del Ministerio de Interior y el Ministerio Público, así como en 16 diarios nacionales y 34 regionales. Cuando ha sido necesario complementar información, se revisan también las páginas o redes sociales de los cuerpos policiales que intervienen. Paralelamente, hacemos seguimiento de casos concretos con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. También, cada vez que podemos, entrevistamos a funcionarios policiales, lo que nos ofrece un nivel de información, comprensión y reflexión que va más allá de los grandes números.
—Desde que se inició el monitoreo hasta la fecha, ¿qué patrones han registrado?
—En general, los indicadores de abuso de la fuerza tienden también a ser muy elevados, tanto cuando se comparan con períodos anteriores, como cuando se comparan con otros países de la región. Hemos observado a partir del año 2017 una tendencia al incremento de las ejecuciones realizadas en los propios hogares de las víctimas. El perfil de las víctimas es el siguiente: hombre, moreno-mestizo, con una edad promedio entre 26 y 27 años, perteneciente a los sectores populares y barrios periféricos del país. La mayoría de estos casos ocurre en el contexto de operativos policiales, justificados oficial y discursivamente por la “seguridad ciudadana”. Algunos de ellos son anunciados de manera propagandística por el gobierno, durante coyunturas electorales o crisis políticas más amplias.
Publicado originalmente en: Arepita
