24 de marzo de 2020
Keymer Ávila | @Keymer_Avila
El 22 de enero se ofreció una rueda de prensa oficial sin datos detallados y sin informes sobre las estadísticas delictivas en Venezuela. A continuación, se presentarán algunas claves para su análisis y se agrega como contexto el que realizamos en 2018.
Destaquemos que desde la década de los años 60 hay un consenso dentro de toda la criminología occidental: las cifras oficiales no son confiables. En primer lugar porque no todos los hechos definidos como delitos son conocidos por las instituciones del Sistema Penal. En segundo lugar, las instituciones que construyen los datos dan más cuenta de su burocracia que de los fenómenos reales. Por último, estos datos no son accesibles a los investigadores ni son susceptibles de verificación o contraste.
Es importante resaltar que cuando se habla de manera general de delitos esto no nos dice nada. Delito puede ser cualquier cosa que se le ocurra al legislador, que en este país ya no se tiene muy claro quién es.
Cuando se presentan cifras oficiales de delitos genéricos para lo que más pudiera servir es para indicar la confianza que tiene la gente en las instituciones del sistema penal, si denuncian menos o más que antes. Por eso, en un marco de profunda desconfianza hacia las instituciones es predecible que la denuncia baje. Esto no significa que los delitos hayan disminuido, una lectura es que la gente ha dejado de confiar.
Se espera que este debate se reduzca con el delito de homicidio, no solo por la gravedad del delito, sino porque además se tienen elementos objetivos: el cadáver y el acta de defunción, con los que en principio siempre se debería contar. Aun en esos casos, el asunto no es tan sencillo.
En ese sentido, hay cuatro aspectos clave que se deben tener en cuenta para comprender el debate sobre las cifras de homicidios en Venezuela:
1) Categorías burocráticas para definir el homicidio
Tradicionalmente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) ha sido la principal fuente para conocer el número de homicidios en Venezuela. Esta institución construye los datos considerando las siguientes categorías.
Homicidios que son los casos tipificados por el Código Penal, cuando una persona intencionalmente da muerte a otra.
Resistencia a la autoridad: formalmente son un grupo de delitos establecidos en el Código Penal. Abarcan diversos supuestos, desde la amenaza a un funcionario público o a sus parientes, perturbar reuniones de órganos públicos, hasta hacer oposición a algún funcionario en el cumplimiento de sus deberes. En ningún supuesto normativo se contempla como resultado una muerte. Sin embargo, es bajo esa denominación genérica que el CICPC, administrativa y discrecionalmente, agrupa también los casos de muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado (enfrentamientos, ejecuciones extrajudiciales o ajusticiamientos).
Averiguación muerte: en esta categoría entrarían las muertes por causas externas, aparentemente violentas, en las que no hay una certeza inicial que se trate de homicidios. Puede abarcar suicidios, accidentes de tránsito o con armas de fuego, muertes por inmersión, etc.
Y es con estas categorías que la administración puede jugar discrecionalmente para maquillar las cifras de homicidios. Especialmente en los casos de muertes a manos de las policías, llamados burocráticamente “resistencias a la autoridad”. En 2018 estas llegaron a ocupar un tercio de todos los homicidios del país.
2) Las muertes en manos de las fuerzas de seguridad
Durante la última década se ha venido incrementando de manera considerable la letalidad de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente a partir del año 2013, con grandes saltos en los años 2015, 2016 y 2018.
Entre los años 2010 y 2018 han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas. El 69% de estos casos ocurrió entre 2016 y 2018. Llegando a una tasa por cada cien mil habitantes que oscila entre las 19 y 16 personas fallecidas por estas causas. Un registro superior que la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo. En 2010 la tasa era de 2,3 y en 2018 llegó a 16,6, esto representa un incremento de un 622% (Para más detalles: Ávila, 2019:41).
El porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad dentro de los homicidios en Venezuela también es cada vez mayor: en 2010 era apenas de un 4%, ocho años después llega a 33%. Es decir, actualmente uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Las estimaciones que el OVV hace para 2019 son superiores.
Actualización de gráficos presentes en: Ávila, 2017, 2018 y 2019.
Para tener una idea de las dimensiones: en Brasil estos casos apenas ocupan el 7% de sus homicidios. Durante 2017, Venezuela tuvo más fallecidos por estas causas que este país vecino, que tiene siete veces nuestra población.
El Ministerio de Interior durante los últimos años viene excluyendo dentro de sus cifras estas muertes, lo que altera de manera considerable la cifra total de los homicidios en el país.
3) La situación económica y la vida cotidiana del país
Como se ha explicado, desde el año 2018, entre los factores que se deben tener en cuenta para el análisis se encuentra la práctica paralización del país en materia económica. En 2019 casi toda Venezuela estuvo sin electricidad permanente al menos tres meses. Este cese, en cualquier país, impacta de diversas maneras. Al estar todos encerrados, sin vida nocturna, con la inexistencia y pérdida del valor de la moneda, se disminuyen algunas oportunidades ilícitas callejeras. La consecuencia es que las modalidades delictivas muten.
4) El éxodo venezolano
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informan que hay unos 4,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, esto es más del 13% de la población. Se estima que para finales de 2020 esa cifra ascienda a 6,5 millones, es decir, un 20% de la población.
Las solicitudes de asilo y refugio también han aumentado vertiginosamente durante los últimos cuatro años, en más de un 600%. Esta situación afecta el número real de la población en el país. Si la población del país disminuye considerablemente, pero los cálculos de la tasa de homicidios se hacen basados en el censo de hace más de una década, se pudiera estar sobreestimando el número de población.
La consecuencia ante este escenario sería una subestimación tanto de las tasas de homicidio como de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Eso, en modo alguno, significa que exista menos violencia o mayor seguridad; por el contrario, evidencia la intensidad de la violencia estructural que padecemos.
¿Qué es la violencia estructural?
Siguiendo los planteamientos de Galtung (1998) y Baratta (2004), la violencia estructural es la injusticia social, la represión de necesidades reales y por tanto de derechos humanos. Así también surge la violencia institucional, que es llevada a cabo por un órgano del Estado, un gobierno, el ejército o la policía.
La violencia institucional es un instrumento de reproducción de la violencia estructural. Esta característica, lamentablemente, no es novedosa ni exclusiva de la Venezuela actual, la interrelación entre violencia estructural e institucional ha estado presente en nuestra historia. Esto lo que evidencia es un agravamiento de ambos fenómenos producto de la crisis económica, social e institucional que estamos viviendo.
Finalmente, lo más básico. Si en el país hay cada vez menos personas respecto a los años anteriores, se supone que la cantidad de muertes debería ser también menor. Sin embargo, aquí sí hay una excepción, tal como ya se ha explicado: las muertes en manos de las fuerzas de seguridad no disminuyen.
Publicado originalmente en Efecto Cocuyo.
