14 de noviembre de 2018

Randolph Borges

Todavía buena parte de la izquierda latinoamericana y en especial la venezolana, se mantiene llorando por los rincones la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil. Muchas son las variables que explican la decisión del pueblo del gigante sureño, al cambiar tan radicalmente sus preferencias electorales, pero hay uno que llama la atención de manera especial y destaca tristemente por sobre todos los demás: la favela votó a Bolsonaro.

No es primera vez que una de estas rarezas en la que el pueblo elige a sus verdugos, ocurre, pero en el caso de las favelas como la de Rocinha (la más grande de Río de Janeiro) o Ciudad de Dios (sí, el de la película), el uso desproporcionado de la fuerza, guarda estrecha relación con el “voto castigo” que aplicaron contra sus antiguos benefactores del Partido de los Trabajadores (PT), que llevó a la victoria a Luiz Inacio Da Silva y luego a su sucesora Dilma Rousseff.

Para acercarnos al entendimiento de este fenómeno, Supuesto Negado conversó con el abogado y máster en criminología, Keymer Ávila, quien también es profesor de pre y postgrado de la Cátedra de Criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

¿Cuán determinante fueron las actuaciones de grupos policiales en las favelas de Brasil para que se produjera un voto contrario al Partido de los Trabajadores?

Lo que sucede en Brasil no es muy distinto de lo que ocurre en Venezuela, tenemos muchas semejanzas entre ambos países, hasta tenemos una versión de las UPP (Unidad de Policía Pacificadora), llamadas hasta comienzos del año pasado OLP (Operación de Liberación del Pueblo), cuyo legado mortal ahora hereda el grupo de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana llamado FAES (Fuerza de Acciones Especiales). Nada más el año pasado las muertes en manos de las fuerzas de seguridad el Estado llegaron a abarcar el 26% de los homicidios de todo el país, es decir, que de cada 10 homicidios 3 se deben a la intervención del Estado.

Se trata de actuaciones de cuerpos de seguridad del Estado con una lógica bélica que toman los barrios pobres de manera similar a lo que hace un ejército sobre territorio enemigo. Usualmente se trata de actuaciones conjuntas de varios organismos de seguridad del Estado en las operaciones, lo que dificulta la adjudicación de responsabilidades posteriores, tanto individuales como institucionales.

Cuando se analizan las cifras de violencia letal de las fuerzas de seguridad Venezuela y Brasil se encuentran entre los primeros lugares de la región.

Entonces ¿esta actuación fue “castigada” con el voto contrario en la favelas?

El tema de la inseguridad y la violencia son tradicionalmente parte de los comodines electorales de los candidatos, en especial los de tendencias más conservadoras y autoritarias. Lo vemos en Brasil y lo vemos acá. Paradójicamente en esta materia no existen mayores diferencias discursivas entre ambos regímenes, hablan de “plagas” que tienen que ser “abatidas”, toman a Duterte como referente, como si esos discursos no trajeran consigo consecuencias fatales sobre miles de vidas humanas. Así que respecto a la violencia institucional contra los pobres y la disidencia, hay más semejanzas que diferencias. Y sí, la violencia policial se puede cobrar con voto castigo.

Pero también es importante no sobredimensionar el peso que este tema puede tener en materia electoral, lo vimos acá en 2015 con el triunfo de la oposición, la OLP no le resultó favorable electoralmente al Gobierno, aunque ésta tiene otras funcionalidades más allá de lo electoral. Limitar las motivaciones del voto castigo de Brasil a los excesos policiales puede ser una visión muy limitada y distorsionada de la realidad.

El discurso de cierto “progresismo” y de la “izquierda” latinoamericana se ha ido quedando vacío de contenidos, son incapaces de hacer una verdadera autocrítica, no asumen responsabilidades, le han entregado el discurso de la lucha contra la corrupción a la derecha política.

Mientras mucha gente pide “mano dura” en las favelas, pero cuando llega no les gusta ¿qué tan dura debe ser esa mano con bandas criminales tan poderosamente armadas?

¿De dónde se saca que la gente pide mano dura? Eso es lo que ofrecen y venden los políticos y los medios de comunicación. A la gente solo se le ofrece alucinatoriamente este tipo de intervenciones como opción, cuyos únicos beneficiarios son realmente el aparato policial y militar en desmedro de los derechos de la ciudadanía. Es interesante hacer ahora el análisis sobre el supuesto apoyo popular a la “mano dura” entendida como excesos policiales y militares en nombre de la lucha contra la delincuencia, sin límites legales ni institucionales, que se traduce en altos costos de vidas humanas.

Respecto a los aplausos o no por parte de la sociedad pueden darse lecturas diversas, les doy dos: la primera es la perspectiva de los derechos. Los derechos fundamentales de las personas, en especial los que tienen que ver con su vida, integridad personal y libertad ambulatoria no pueden ser sometidos a consulta popular, no es un asunto de “mayorías”. Por ejemplo, temas que constituyan merma de derechos o retrocesos: pena de muerte, aumento de penas u otros que afecten derechos fundamentales. Esto último puede ser un error político e ideológico garrafal, los casos del desarme en Brasil, el Brexit en Inglaterra o la Paz en Colombia son ejemplos recientes.

La segunda lectura es más sociológica, la gente aplaude este tipo de operativos más desde las emociones y pulsiones negativas, que desde la racionalidad. Yo he conocido a doñitas muy dulces y decentes que cuándo ven las noticias de sucesos lo primero que dicen, apretando el puño, es “hay que matarlos”. Pero esas mismas doñitas cuándo vieron el video de las ejecuciones en Aragua hace 3 años, o han vivido la masacre por goteo que actualmente se encuentra en desarrollo en el país, han bajado esa efusividad y han cambiado de parecer.

¿Cuál debe ser el procedimiento adecuado para tratar con estos grupos armados, bien sea hampa común u organizada?

Con ellas lo primero que hay que aplicar es voluntad política real e inteligencia. ¿Cómo desarticular estos grupos? Con trabajo de inteligencia de alto nivel, respondiendo inicialmente preguntas básicas: ¿Cómo se articulan? ¿Quiénes los proveen de armas de guerra? ¿Quiénes les garantizan protección institucional e impunidad? ¿Quiénes les pasan información desde el propio Estado?

Las grandes bandas, no pueden surgir, ni tener poder, sin un mínimo apoyo institucional de policías o militares, fiscales, jueces, así como del poder político y económico del mundo “legal”. Entonces, debe aplicarse un trabajo de inteligencia, en un doble sentido, hacia afuera, es decir, hacia la banda y su territorio; y hacia adentro, dentro de los propios operadores del sistema penal. Pueden neutralizar a algunos miembros o cabecillas de la banda pero, mientras no cesen los negocios, ni la fuente de protección e impunidad institucional, los miembros de la banda serán rápidamente sustituidos.

El gran problema es cuando la propia clase política y el Estado como su instrumento operan con la misma lógica violenta y delictiva de estos grupos, que en ocasiones no se diferencian entre sí.

Publicado originalmente en: Supuesto Negado