Gustavo González López de vuelta al Sebin, José Miguel Domínguez al frente de las FAES y los colectivos para defender la revolución, presagian un futuro comprometido para los derechos humanos
21 de mayo de 2019
Represión a las manifestaciones pacíficas o concentraciones antigubernamentales, persecución, exilio, arresto de la disidencia y las ejecuciones extrajudiciales, se han vuelto parte de las referencias cotidianas alrededor de los cuerpos de seguridad en Venezuela.
Aunque existen muchos nombres detrás de los diferentes organismos encargados de la seguridad, la responsabilidad de mover las fichas recaería sobre Diosdado Cabello, número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Constituyente, quien habría retomado el control de organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), colocando al frente de ellos a personas vinculadas a su círculo más cercano.
Además, es público, notorio y comunicacional que en el programa que conduce el Cabello es habitual presentar grabaciones telefónicas, se ha dado as conocer el paradero de algún preso desaparecido, o se han revelado informaciones que solo puede tener el Sebin, lo que demuestra su vinculación con estos cuerpos de seguridad.
Al margen de estos planteamientos, son evidentes los cambios promovidos desde el Ejecutivo luego del fallido madrugonazo del pasado 30 de abril con la idea de recuperar la confiabilidad en los cuerpos de seguridad; cambios que son vistos por los defensores de los derechos humanos como preámbulo de una escalada de la violencia contra la población civil.
Sebin: persigue y encarcela
Después de lo ocurrido el 30 de abril, Diosdado Cabello aprovechó la oportunidad para volver a colocar a uno de sus cuadros al frente del Sebin: el general del Ejército Gustavo González López, quien estuvo seis meses fuera de ese cuerpo de seguridad.
Esta no sería la primera vez que ambos militares trabajan hombro con hombro. En el 2003, González López cumplió funciones como director general de la Oficina de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Infraestructura mientras Cabello era ministro, quien lo arrastró como compañero durante su gestión como gobernador de Miranda.
González López estuvo desde el 2014 a la cabeza del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, cuerpo de seguridad señalado por ser el epicentro de torturas y tratos crueles e inhumanos, donde se encarcelan y se violan los derechos de los detenidos
Mientras González López ejercía funciones como director del Sebin, también era ministro de Relaciones Interiores entre los años 2015 y 2016. Durante su gestión también fue creada la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), por lo que es considerado el padre de este despliegue policial iniciado el 13 de julio de 2015.
Bajo su tutela se volvieron emblemáticos como sitios de violación y tortura las sedes del cuerpo en El Helicoide y Plaza Venezuela, ésta última donde existe una celda conocida como “la tumba”, a donde son trasladados varios de los presos políticos de mayor peso, según denuncias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Organizaciones como Provea han denunciado la existencia de estos sitios de reclusión por el alto índice de criminalidad que se ejecuta dentro de ellos, incluso el mantener privados de libertad a ciudadanos con boletas de excarcelación.
Durante la gestión anterior de González López en el Sebin murieron al menos tres presos políticos: Rodolfo González, mejor conocido como “el aviador”, quien murió ahorcado en su celda en El Helicoide, donde estaba detenido por participar en las protestas antigubernamentales de 2014.
Otro de los casos emblemáticos es la muerte del concejal de Caracas por Primero Justicia Fernando Albán, quien murió el 8 de octubre de 2018, luego de que presuntamente se lanzara desde el piso 10 de la sede del Sebin en Plaza Venezuela.
El otro sería el concejal apureño Carlos Andrés García, quien sufrió un accidente cerebro vascular mientras estuvo detenido en la sede regional del Sebin en San Fernando de Apure. A García se le negó la atención médica inmediata, y aunque luego fue trasladado a un centro de salud en Táchira, murió poco después de ingresar.
Gustavo González López forma parte de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro sancionados por la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y Panamá, por presuntamente haber incurrido en violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
FAES: el terror de las zonas populares
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se han caracterizado por infundir terror en las zonas populares del país, arremetiendo contra las comunidades más vulnerables de toda Venezuela; pero en el 2019 ha tomado un nuevo protagonismo arremetiendo contra las manifestaciones pacíficas en contra Nicolás Maduro, sobre todo en el interior del país.
Desde el 6 de mayo, un nuevo hombre pasó a dirigir este cuerpo de represión: José Miguel Domínguez Ramírez, a quien se le señala por ser integrante del colectivo “Continente” que opera en Catia y sectores del 23 de Enero. También se le acusa de estar presuntamente implicado en varios asesinatos, entre los que destaca el de Bassil Da Costa, quien murió el 12 de febrero de 2014 mientras participaba en una manifestación en las adyacencias del Ministerio Público en Caracas.
A pesar de que existen grabaciones que demuestran que Domínguez se encontraba en el lugar de los hechos con un arma de fuego el día del asesinato de Da Costa, el Ministerio Público decidió desestimar su participación en estos sucesos.
“Miguelito”, como también se le conoce al nuevo jefe de las FAES, formó parte de los escoltas más cercanos del actual protector del estado Táchira y jefe nacional de los Comités Locales de Administración y Producción (CLAP), Freddy Bernal. En 2018, Domínguez fue nombrado jefe de las FAES en Táchira.
Domínguez Ramírez forma parte de los funcionarios sancionados por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos en 2019 por haber sido uno de los que impidió el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela el pasado 23 de febrero. Cuando se intentó ingresar camiones a Venezuela por la frontera entre Cúcuta y San Antonio, grupos identificados como colectivos dispararon a mansalva contra la ciudadanía que buscaba, como fuese, permitir que entraran al país los cargamentos de alimentos, comidas e insumos hospitalarios. Allí se le vio en compañía de otros funcionarios del gobierno.
Muchos aseguran que su rápido ascenso y la ocupación de cargos de peso se debe a su padrino dentro del gobierno: el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Freddy Bernal.
Las FAES han sido señaladas por organizaciones defensoras de los derechos humanos como un “grupo de exterminio” que actúa con total impunidad, usando como patrón los enfrentamientos para acabar con la vida de sus víctimas.
Sobre las FAES, Keymer Ávila señala que, a pesar de su breve historia, “ya se posiciona como la segunda institución más letal del país”. El grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana es responsable de al menos 30% de las muertes por intervención de la fuerza pública en Venezuela, lo que se vincula con el protagonismo que vienen tomando las FAES desde la desaparición de las OLP.
Colectivos: de organización comunitaria a grupos paramilitares
Otro eslabón de la cadena represiva con el que cuenta el presidente de la impuesta ANC son los colectivos, que nacieron como organizaciones para brindar apoyo a la comunidades más pobres del país y hoy son grupos armados que espían a la comunidad, impidiendo las manifestaciones en contra del oficialismo.
Freddy Bernal, ex funcionario policial devenido en político cuando en 1998 fue electo diputado y luego alcalde de Libertador en dos períodos (2000-2004 / 2004-2008), está señalado de ser el líder de estos grupos armados.
Desde el año 2017, cuando recrudecieron las protestas contra Nicolás Maduro y las manifestaciones se hicieron presentes en los sectores populares, los colectivos cambiaron de misión y aparecieron el plano político para reprimir en conjunto con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional
La aparición más reciente de Freddy Bernal junto a los colectivos armados fue el pasado mes de febrero en el puente Internacional Simón Bolívar, en el marco del ingreso al país de la camiones con ayuda humanitaria. Bernal, quien también es el «protector» del estado Táchira, posó con colectivos y milicianos en la frontera colombo-venezolana, enviando un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano: «ahí, a pocos metros está Pompeo, quien viene a amedrentar y a dar órdenes a su servil Iván Duque y nosotros aquí con los colectivos, que son la patria; en unidad cívico».
Aunque los colectivos no tienen un orden jerárquico, la opinión pública reconoce como uno de los líderes a Valentín Santana, integrante del colectivo “La Piedrita” que opera en la urbanización 23 de Enero de Caracas. Este grupo está identificado como de los más fieles defensores de «revolución».
Por eso, su primera función es “proteger” el proceso comenzado por Hugo Chávez en su llegada al poder, defender su legado, y para ello dicen estar dispuestos a enfrentarse “con las armas” contra cualquier disidente.
Parte de sus tareas es «apagar» los focos de protesta antigubernamentales, trabajo que han desempeñado con vehemencia; incluso, son señalados por ser los responsables de varios asesinatos en el marco de las protestas. Santana es prófugo de la justicia, sobre él existen tres órdenes de captura, fechadas en 2007, 2008 y 2009, todas por presuntamente haber incurrido en el homicidio de tres ciudadanos.
Los cuerpos de seguridad no han capturado al líder del colectivo, a pesar de conocerse su ubicación. En una oportunidad, Valentín Santana advirtió que en Caracas se “prendería la candela” si él llegase a ser capturado
Santana ha participado en reiteradas oportunidades en entrenamientos miliares solicitados por Nicolás Maduro, para proteger “la independencia y al Gobierno” de cualquier posible ataque.
Asesinatos se duplican
De acuerdo con el informe “Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela”, realizado en conjunto por Provea y el profesor de criminología Keymer Ávila, se puede concluir que “las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado son un indicador objetivo de este proceso. A menor fortaleza institucional mayores serán las muertes ocasionadas por las agencias armadas del Estado. Las fuentes oficiales y las no oficiales también coinciden con el aumento de estas muertes durante los últimos años”.
Ávila afirma con certeza que entre 2010 y 2017, período en el que se cuenta con la información mejor sistematizada y continua, 18.401 personas fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado; lo que representa un incremento de 726%. Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales pasaron de 32% en 1992 a 90,4% para el año 2017.
Del mismo modo, explica que la tendencia al aumento de estos casos se mantuvo durante el año 2016, donde se observan nuevos incrementos que oscilan entre 131%, de acuerdo con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y 163%, según el Ministerio Público con respecto al año anterior. Lo que significa que las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado aumentaron más del doble en apenas un año.
Masificación de detenciones
Ávila resalta que a pesar de las similitudes entre los gobiernos de Chávez y Maduro, uno de los grandes contrastes es “la masificación de las detenciones por razones políticas que vienen ocurriendo desde el año 2013”.
El también investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela dice que antes de la llegada de Nicolás Maduro al poder, las detenciones por razones políticas se podían contar con los dedos, pero en 2013 la cifra se disparó a 134 detenidos
Aunque se aprecia una disminución desde ese año, en 2017 se dio un abrupto aumento de estos casos que no ha dejado de crecer. En 2016 se pasó de 34 casos a 192 en 2017, lo que representa un incremento de 465%.
Ávila considera que para se conozca en un futuro todo lo ocurrido en el Sebin y Ramo Verde, hay que trabajar para que la verdad se conozca y apoyar a la víctimas, estar del lado más débil. Además, señala con «las muertes ocurridas en manos del Sebin no solo se busca destruir vidas físicas, sino destruir vidas sociales y políticas en el colectivo a través del terror».
Publicado originalmente en: Tal Cual
