Muchos usos y discusiones está generando el Informe de Bachelet sobre los derechos humanos en el país. Entrevistamos a Keymer Ávila, profesor e investigador especializado en criminología, para tocar un aspecto específico de esa realidad nacional.

10 de julio de 2019

Hace días está en el tapete el #InformeBachelet, que muestra unas cuantas verdades sobre la realidad de los derechos humanos en el país. Por supuesto, quienes se oponen desde la derecha al gobierno de Maduro y las FF.AA., incluyendo gobiernos como los de Trump, Duque, Piñera, Macri, lo están tomando como bandera para sus propios fines, cuando no son precisamente un ejemplo de garantía de los derechos humanos de sus pueblos ni en el mundo (en el caso del imperialismo estadounidense); a este sector político poco y nada le interesan en realidad los derechos del pueblo venezolano.

A su vez, el informe y la visita misma de Bachelet vienen a cumplir un papel en la estrategia de conducir la profunda crisis nacional por el camino de las negociaciones entre Gobierno y oposición, con el aval de las principales potencias capitalistas involucradas (EE.UU. y Rusia, sobre todo), luego de fracasados los reiterados intentos de desencadenar un golpe de Estado por parte de Guaidó y el gobierno de Trump. La propia Michelle Bachelet, de hecho, es objeto de cuestionamientos en materia de DD.HH., en función de los períodos en que ejerció la Presidencia de Chile (ver aquí y aquí).

Sin embargo, las denuncias del informe permiten visibilizar una cruda realidad sobre las múltiples violaciones a derechos y garantías fundamentales por parte del Gobierno, quien intenta, cínicamente, negarlas. Es la realidad de un régimen político profundamente autoritario, prácticamente un cogobierno con las FF.AA. Una realidad que en tan solo un par de semanas ha sido reafirmada por los casos resonantes (y repudiables) de Rufo Chacón, la muerte del capitán de corbeta Acosta Arévalo, la detención arbitraria y agresiones a José Ramón Rojas, y la nueva agresión en la cárcel a Rodney Álvarez.

En este contexto entrevistamos a Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, y profesor de Criminología en pre y postgrado de la misma universidad, a quien ya hemos tenido ocasión de entrevistar antes, a propósito de las FAES. Estudioso de las políticas de “seguridad pública”, y uno de los académicos que en el país lleva un constante seguimiento de diversos datos sobre la actuación de los llamados “cuerpos de seguridad”, esta vez conversamos con él sobre un aspecto verdaderamente grave, brutal, que arroja el informe –partiendo de datos oficiales–, referido a los niveles de violencia policial letal.

* * *

-* Comencemos con una cuestión básica. Estamos ante un gobierno caracterizado en los últimos años por un gran hermetismo con los datos oficiales en diversas áreas, que insiste en negar hechos contundentes de la realidad, como por ejemplo la gran ola de migración forzada. En este marco, ¿son confiables las cifras que el gobierno le dio a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)?

Desde la década de los años 60 del siglo pasado, con los trabajos clásicos de Kitsuse y Cicourel se cuestiona la fiabilidad de las cifras oficiales, puesto que las mismas no recogen la totalidad de los hechos acaecidos, ya que no todos son denunciados ni conocidos por el sistema, es lo que se llama “cifra oculta”. Estos problemas se hacen mayores en contextos donde la desconfianza hacia las instituciones del sistema penal es lo que impera. En ocasiones las categorías utilizadas por las instituciones son también imprecisas. Adicionalmente, los investigadores usualmente tienen problemas de acceso a estos datos producidos por estas instituciones. Todo esto sin considerar que la noción misma de delito puede resultar discutible desde múltiples perspectivas.

Siempre hay que desconfiar de los datos, en especial cuando se trata de fenómenos relacionados con la violencia o el delito. Y si los responsables son los propios agentes de seguridad del Estado hay que ser más desconfiados aún. Estas dificultades no son una particularidad de Venezuela, existen en toda la región, incluyendo a países como Estados Unidos.

-* Dices que también en países como EE.UU. son poco confiables los datos que ofrece el Gobierno sobre la violencia policial

En los EEUU actualmente hay todo un debate sobre la cantidad de personas muertas en manos de la policía, sobre la calidad y trasparencia de la información relacionada con este fenómeno, en el que el factor raza y clase parecen ser fundamentales. El conteo que lleva el periódico The Guardian para 2015 fue de 1.146 personas y de 1.092 para 2016.

-* Según la información presentada por la ACNUDH, ¿cómo queda la situación de las ejecuciones extrajudiciales en el país?

Para hablar de ejecuciones extrajudiciales es necesario pasar por un proceso judicial para constatar la legalidad o no de una muerte a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, así como la proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza letal. Por eso yo prefiero hablar de “muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado”, sin calificar su presunta ilegalidad o no, como indicador de la violencia institucional letal en Venezuela, de su uso excesivo, arbitrario, y de ser el caso, como un indicio de posibles ejecuciones extrajudiciales.

Tal como lo he explicado en varias oportunidades (Ávila 2019, 2018, 2017a, 2017b; Antillano y Ávila, 2017)”, y lo puedo ratificar gracias al citado informe, la tendencia general de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado durante los últimos años es de un claro incremento. Según las cifras oficiales proporcionadas por el propio gobierno a la ACNUDH, en 2018 el 33% de los homicidios ocurridos en el país fueron consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Se trata de la vida de 5.287 jóvenes venezolanos, pertenecientes a las clases populares, muertos por intervención de la fuerza pública. Es decir, que en Venezuela cada día mueren 15 jóvenes a manos de agentes policiales.

Según las cifras oficiales en 2018 el 33% de los homicidios ocurridos en el país fueron consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Se trata de la vida de 5.287 jóvenes de las clases populares, muertos por intervención de la fuerza pública (…) en Venezuela cada día mueren 15 jóvenes a manos de agentes policiales.

El porcentaje que estas muertes ocupan dentro del total de homicidios en el país es alarmante y cada vez mayor, en 2010 era apenas de un 4%, ocho años después llega al 33%, es decir, que 1 de cada 3 homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

-* Las FAES tienen un protagonismo importante en esa parte del informe…

Qué bueno que haces referencia a esa famosa división de la PNB. Como lo conversamos hace unos meses atrás, los casos en los que está involucrada la FAES difícilmente superarán el 30% del total de casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Por supuesto, que lo que está haciendo esta institución es muy grave y hay que denunciarlo con energía, pero temo que al poner el foco solo en ella se pudiera estar invisibilizando la magnitud y la complejidad de lo que está ocurriendo con la violencia letal institucional en el país. Las ONG con grandes esfuerzos apenas abarcan también un porcentaje similar de la totalidad de casos.

Lo que sucede con la FAES es la punta del iceberg, es lo más notorio y llamativo. Mientras se señala que esta división es responsable de unas 200 muertes, la realidad es que este número puede ser unas 7 veces mayor. Sin contar que a la vez se estaría dejando de ver las 5.287 muertes en las que están involucradas también el resto de las fuerzas de seguridad de Estado.

Lo mismo sucedió cuando las OLP estaban de moda, todos querían hablar solo de las muertes generadas bajo esas siglas, sin importarles el resto de la masacre que generaba el aparato policial, con ello solo se enfocaban en apenas el 9% de los casos totales. En ocasiones solo quieren ver el árbol y con ello inadvertidamente ocultan el bosque.

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-* ¿Quiere decir que la situación puede ser más grave de lo que se refleja en el informe?

La situación es mucho más grave y hay que ubicarla en contexto. Se puede afirmar con certeza que entre 2010 y 2018, que es el período en el que se cuenta con la información mejor sistematizada y continua, han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas. El 69% de estos casos ocurrieron durante los últimos 3 años.

…entre 2010 y 2018 han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas.

Este informe es sumamente valioso porque consiguió cifras oficiales del año 2018 que eran desconocidas, ya que el gobierno desde hace muchos años no ofrece rendición de cuenta alguna. Las cifras de homicidios y de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado son un aporte importante.

-* ¿Cómo se ubica la situación de Venezuela en el contexto regional en esta materia?

Observo con preocupación el auge de las políticas de mano dura, expresadas en razias policiales que no respetan ningún límite legal ni institucional, y que tienen a los más humildes y racializados como objetivos militares. Países disímiles entre sí como Brasil, Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y México, destacan por la militarización de sus políticas de seguridad ciudadana, así como por las miles de muertes que sus fuerzas de seguridad han generado durante los últimos años. La denuncia de casos tan graves como los asesinatos de Marielle Franco, Bertha Cáceres, Sabino Romero, los líderes sociales colombianos cuyos asesinatos luego de los acuerdos de paz se han incrementado; las desapariciones de los 43 de Ayotzinapa, Alcedo Mora o Santiago Maldonado son apenas solo los casos más sonados.

En esta materia los patriotismos negativos para ver quiénes ocupan los deshonrosos primeros lugares pudieran ser un ejercicio susceptible de ser instrumentalizado por intereses partidistas. Pero, además, también es complicado hacerlo con la debida rigurosidad, y de eso se encargan los poderes que hay detrás de toda esa violencia. Como ya hemos señalado el acceso a las cifras es difícil y en los casos en los que éstas son accesibles la calidad del dato no es confiable.

En el caso de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado o “letalidad policial”, tomamos como base una investigación reciente de Ignacio Cano y Anneke Osse, y la contrastamos con las últimas informaciones oficiales dadas por las autoridades venezolanas plasmadas en el informe objeto de nuestra conversación. Brasil, Jamaica, El Salvador y Venezuela estarían entre los países con los organismos de seguridad más letales del continente. Esto no significa que la situación en varios países de América Central sea alentadora, los casos de Colombia y México parecen ser tan graves que a los investigadores les cuesta mucho tener una visión de la magnitud real de lo que realmente sucede en estos países.

Por la diversidad de fuentes es difícil hacer una comparación rigurosa entre estas cifras y la tasa que he calculado para Venezuela que, según la información oficial, oscilaría entre 16 y 19 pccmh [personas cada cien mil habitantes, NdR], para los últimos 3 años. Sin duda estos resultados ubican a Venezuela, de lejos, entre los países que tienen las tasas de letalidad policial más altas, tanto a nivel regional como mundial.

-* En diversos espacios has comentado que hay una “izquierda” latinoamericana que, siendo parte del apoyo a Maduro, se niega a reconocer estas realidades que vivimos en el país, que habla de esos problemas y los cuestiona en los países donde hay gobiernos de derecha, pero que se calla sobre la realidad venezolana, similar o incluso peor a veces, en lo que a violencia y abusos policiales se refiere.

Con respecto al tema Venezuela hay sectores de una izquierda muy ortodoxa, que no ha superado la guerra fría, gobiernera y autoritaria, que opera con unas solidaridades automáticas espeluznantes. Con una lógica negacionista, justificadora y propagandística muy dañina, que lo que hacen es deslegitimarlos profundamente, ante esa situación son los sectores más liberales los que terminan asumiendo esas luchas y estas banderas.

-* Te atajo un momento: quizás haya que revisar qué se entiende por “ortodoxia” de izquierda, porque un arco de corrientes de izquierda con presencia en Latinoamérica defendemos principios de la tradición de la izquierda revolucionaria como, por ejemplo, la independencia de clase de los trabajadores, y precisamente desde esa “ortodoxia” no apoyamos a Chávez (ni menos hoy a Maduro, obviamente). Desde esos principios y esa tradición, lo “ortodoxo” es defender los derechos democráticos del pueblo trabajador contra las violaciones del Estado.

Bueno por ortodoxia me refiero al stalinismo, a las lógicas militaristas y binarias, a la fe ciega en el partido, al dogmatismo, a la justificación permanente de la razón de Estado, a la concepción del ser humano como una pieza instrumental del proceso político y no como su fin principal. Pero más allá de la asignación de etiquetas, me preocupan los hechos concretos. Actualmente en el país algunos sectores y grupos perseguidos en el pasado ahora se yerguen en perseguidores, y justifican sus acciones actuales “porque en el pasado también se hacía”. Tratan de hacer comparaciones y argumentan que “antes se hacía más”, que el vecino “también lo hace”, con semejante inmadurez intentan legitimar sus actuales miserias. Son como niños regañados que tratan de defenderse señalando que otros también lo hacen y no les dicen nada, que todos están en su contra, que la tienen agarrada con ellos.

Me preocupa que los perseguidos actuales sean los futuros verdugos, en una lógica cíclica que en el caso venezolano tiene como centro la apropiación de la renta petrolera.

-* Coincidimos contigo sí, en que, efectivamente, esa izquierda gobiernera, que justifica o minimiza lo que hace el gobierno, le deja el camino libre a la derecha liberal para que aparezca como la abanderada de esas demandas.

En efecto es lo que están haciendo, entregando las banderas de las luchas por los más vulnerables, no se colocan del lado del más débil, su “hombre nuevo” es el funcionario del “FAES”, del “SEBIN” o del “DIGCIM”. El sujeto de la revolución para ellos es policía o militar, no es el pueblo ni los sectores populares. Para el sector oficial y sus seguidores las víctimas de violaciones a los derechos humanos se lo tienen merecido; son una especie de no personas, sujetos sin derechos.

Es un triste papel para alguien que dice estar a favor de los humildes, de las causas y de sistemas más justos, de la emancipación de los pueblos, esos más de cinco mil jóvenes muertos a manos de las fuerzas de seguridad son los hijos de la gente pobre. ¿Cómo pueden reivindicar, relativizar o justificar esto? Eso le deja en bandeja de plata la lucha por la vida y los derechos humanos, por la exigencia de un ejercicio de poder que tenga límites, a la oposición, que, por cierto, es cada vez más grande, heterogénea y plural, tanto en lo ideológico como en lo programático.

Publicado originalmente en: La Izquierda Diario