Soplan nuevos vientos de diálogo político, en medio de una ola de críticas dentro y fuera del país contra las polémicas prácticas de los cuerpos de seguridad del Estado. Pese a la presión de los sectores más extremistas, oficialistas y opositores se mantienen en el espinoso camino de las negociaciones, una ruta que ha sido varias veces golpeada por sucesos sin precedentes en nuestra historia reciente.

14 de julio de 2019

Juan Manuel Zerpa

Caracas.- Tres muertes han conmocionado a Venezuela desde 2017: la del pitoto del CICPC, Óscar Pérez; la del concejal Fernando Albán; y la del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Si bien organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y partidos de oposición denuncian múltiples asesinatos a manos de cuerpos policiales durante los siete últimos años, los casos mencionados han generado un mayor impacto en la opinión pública mundial.

¿La razón? Las circunstancias y el contexto de estos lamentables sucesos. Todos ocurrieron en momentos en que el país parecía encaminado hacia un acuerdo político entre Gobierno y oposición.

Pero la gravedad de los hechos y la falta de claridad de las autoridades al respecto han golpeado las negociaciones que, tanto en público como en privado, sostienen las partes sobre un posible cause democrático a la crisis sin precedentes que atraviesa la nación.

Golpe en El Junquito

Principios de 2018. Luego de tres días de negociaciones intensivas en República Dominicana, las comisiones del oficialismo y de la oposición regresan a Caracas para afinar los detalles de un pacto que permita destrabar el conflicto de poderes en el país.

Las partes se citan nuevamente el 18 de enero de ese año en Santo Domingo con el objetivo de finalmente consensuar los términos definitivos del acuerdo.
Pero el 15 de enero los venezolanos somos madrugados con la noticia de que Óscar Pérez y su grupo se encuentran sitiados en la parroquia caraqueña de El Junquito. Pérez, quien había sido acusado por Miraflores de liderar actos terroristas en la ciudad capital, divulgó una serie de videos en el momento exacto de los hechos. En uno de ellos, el exoficial de policía anuncia su rendición, pero advierte que los agentes que rondean el lugar donde se encontraba con sus compañeros no paran de disparar y responsabiliza al Gobierno nacional por la tragedia que pueda suceder.

Pocos minutos después, ocurre lo peor. Pérez y su grupo son acribillados.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gobernante Psuv y el dirigente que asume la vocería oficial sobre la situación desde la madrugada, asegura que el desenlace fue producto de enfrentamientos.

El hecho fue calificado por muchos como una masacre y, de acuerdo con informaciones extraoficiales, no estaba en los planes de Nicolás Maduro, quien quería cuidar las negociaciones en la capital dominicana y prefería una captura ejemplar.

La emboscada, sin embargo, no estuvo a cargo de fuerzas de seguridad leales a Maduro, sino más bien de órganos presuntamente fieles a Cabello: la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), este último dirigido por el Mayor General Gustavo González López, un personaje clave que aparece invucrado -directa o indirectamente- en todos los casos mencionados en esta investigación.

La oposición venezolana suspende temporalmente su participación en los diálogos luego de que altos funcionarios del Ejecutivo afirmaran que obtuvieron la ubicación de Óscar Pérez en República Dominicana.

Desde entonces esas conversaciones quedaron heridas de muerte.

Caso Albán

Varios meses después, en septiembre del año pasado, vuelven a circular rumores de una posible reapertura de las negociaciones entre opositores y oficialistas. 

Uno de los principales mediadores hasta ese momento, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, visita Caracas, y ese mismo día el presidente Maduro declara públicamente que está dispuesto a sentarse nuevamente a dialogar.

El experimentado periodista José Vicente Rangel revela que, si bien la proposición no ha tenido apoyo de toda la oposición, hay sectores moderados considerándola.

Pero otro zarpazo sangriento patearía la mesa incluso antes de servirla apenas dos semanas después: el concejal opositor, Fernando Albán, acusado de participar en planes de magnicidio, caería del décimo piso de la sede central del Sebin y perdería la vida.

Pese a que la Fiscalía General aseguró que el dirigente político se suicidó, familiares y activistas niegan que Albán pueda haber atentado contra su integridad. Denuncian que el occiso se encontraba bajo custodia en esa institución y que los agentes del Estado encargados de su resguardo son los principales sospechosos.

La periodista Sebastiana Barráez trascendió que las experticias en torno a este suceso generaron tensión entre grupos de poder dentro del chavismo. De acuerdo con Barráez, González López, aún director del Sebin, “no quiso abrir las puertas al fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, cuando el Ministerio Público pretendió tener acceso a las instalaciones”.

González López sería destituido pocos días después.

Una piedra en el zapato

La salida del Mayor General del Sebin, no obstante, no duraría mucho. López recuperaría su trono en mayo pasado tras los hechos desestabilizadores del 30 de abril, cuando su sucesor, Christofer Figuera, hizo públicas sus diferencias con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Enrique Ochoa Antich, dirigente de la oposición más moderada, opina que González López representa al ala militarista del chavismo en la actualidad. A su juicio, este sector “no cree en la negociación” y entiende la política como guerra, es decir, como “extinción del adversario”.

“Gustavo González López sin duda representa una amenaza para cualquier diálogo”, sentenció.

La muerte de Acosta Arévalo

Y cuando por fin un proceso de diálogo parecía bien enrumbado con el respaldo de la comunidad internacional, otra muerte viene a ensangrentar la diatriba política venezolana.

El 29 de junio de 2019 se conoció que el capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, también acusado por planes de magnicidio, había fallecido luego de asistir a un tribunal militar en el Complejo Militar de Fuerte Tiuna.

El hecho ha desatado una ola de indignación nacional e internacional. Acosta Arévalo se encontraba bajo custodia de la DGCIM y la presunta autopsia de su cuerpo, filtrada recientemente a través de redes sociales, confirma que habría sido víctima de brutales torturas dentro de la sede de esa organización militar.

Por el caso han sido acusados de homicidio y detenidos dos oficiales de rango menor, pero no se han esclarecido las circunstancias del asesinato y se ha obviado todo el marco legal nacional contra la tortura, una oscura práctica prohibida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Lo cierto es que este hecho tuvo lugar en medio de un nuevo proceso de diálogo, esta vez en Oslo, capital de Noruega, donde estaba previsto que este mes se encontraran por tercera ocasión delegaciones de Gobierno y oposición, pero esta última emitió un comunicado luego del asesinato del capitán Acosta Arévalo para anunciar que suspenderían su participación.

La unidad de los extremos

El criminólogo venezolano, Keymer Ávila, considera que no existe una “relación causal” entre los casos de Pérez, Albán y Acosta Arévalo. Precisa que el primer suceso presenta características muy diferentes a los dos últimos.

A juicio de Ávila, esos hechos ocurren en el contexto de un clima de “alta conflictividad política”, con una violencia institucional desatada, falta de control dentro de los cuerpos de seguridad y mucha tensión.

Por su parte, Enrique Ochoa Antich reconoce que es muy difícil determinar un vínculo político entre los tres sucesos aquí abordados, pero considera que no sería nada descabellado que los mismos estén relacionados con los instintos más bajos de sectores extremistas renuentes al diálogo.

Ochoa Antich recuerda que los diálogos nacionales entre la izquierda y la derecha en países como Chile o Sudáfrica enfrentaron en el pasado procesos similares, donde los grupos más radicales de lado y lado emprendieron acciones armadas para boicotear las conversaciones.

Lo cierto es que el crimen contra el capitán Acosta Arévalo parece retroceder las negociaciones al punto muerto de febrero de 2018, cuando se convocaron unilateralmente unas elecciones cuyo único resultado fue la unidad de los extremos.

Por: Juan Manuel Zerpa

División de Investigaciones de El Reporte Global

Publicado originalmente en: El Reporte Global