27 de junio de 2017
Yohana Marra
Actores políticos de una misma tendencia se han pronunciado con respecto a los hechos donde son asesinados jóvenes, adelantándose a las investigaciones del Ministerio Público, ente que tiene el monopolio de la acción penal.
Caracas. Líderes del Gobierno han tomado la delantera para ofrecer hipótesis acerca de las muertes ocurridas durante las manifestaciones opositoras, incluso ofreciendo hipótesis antes que el Ministerio Público (MP).
Sucedió con el asesinato de Orlando Figuera, el joven apuñalado y quemado el pasado 20 de mayo en Altamira en medio de una manifestación, surgieron varias versiones en las figuras del chavismo.
El ministro de Comunicaciones, Ernesto Villegas, apuntó que el móvil era la tendencia política del joven, identificado con el chavismo, incluso en el canal Venezolana de Televisión (VTV) difundieron un video con sus supuestas declaraciones afirmando tal teoría.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, también sostuvo que lo quemaron por su color de piel y condición social. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) dio otra versión, luego de las investigaciones: el joven fue quemado porque, presuntamente, un enemigo gritó que estaba robando y la turba lo linchó.
Keymer Ávila, abogado y criminólogo, explicó que pareciera que ambas tendencias políticas batallan por el espectáculo mediático y no aguardan porque el principal ente encargado de llevar las investigaciones en el país, que es el MP, se pronuncie.
“El linchamiento no se puede justificar de ninguna manera. Es tan condenable como quienes justifican muertes a manos de los cuerpos de seguridad, no pueden esperar ver quien es la víctima o victimario para ver si condenas la muerte o la aplaudes”, soltó.
Desde que iniciaron las protestas convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en contra de la gestión de Maduro, el pasado 1° de abril, se han registrado 75 muertes —hasta el 26 de junio— en el contexto de las manifestaciones, según la Fiscalía.
La muerte de Juan Pablo Pernalete el pasado 26 de abril, en Altamira, fue otro caso que tuvo distintas versiones en el chavismo, llegando a contradecirse entre sí.
El ministro Villegas difundió la idea de que al joven de 20 años lo habían matado con una pistola de perno, adelantándose a las averiguaciones. Y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, culpó a la oposición, si ninguna prueba, alegando que en el sitio no se encontraban funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Liliana Ortega, abogada y directora de Cofavic, comentó que los actores políticos que pasan por encima del MP obstruyen las investigaciones y generan más violencia.
Se están construyendo mecanismos de autoridad que generan intromisiones, solo para generar opiniones públicas. Hay que abstenerse. El MP debe investigar y hay que esperar con paciencia los resultados, además las víctimas y testigos deben ser protegidos, al igual que las evidencias, para que no haya obstrucción, porque si recae en actores que obstruyen la verdad se genera zozobra, sensación de desamparo y destruyen la memoria colectiva” (sic), destacó.
Sucedió en el caso de Pernalete que, semanas después, la fiscal Luisa Ortega Díaz confirmó que su muerte fue producida por el impacto de una bomba lacrimógena arrojada por un GNB, derrumbando versiones oficialistas.
Los casos de las muertes de Armando Cañizales y Miguel Castillo, ambos caídos en Las Mercedes, también han pasado por boca de oficialistas quienes se pronuncian antes que el Ministerio Público.
En el caso de Castillo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, indicó el pasado 17 de mayo que el asesino se encuentra entre los manifestantes. Pese a esto, la fiscal indicó en una entrevista radial que aún continúan las averiguaciones.
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Al igual que el caso de Cañizales, el ministro Villegas y el vicepresidente Tareck El Aissami indicaron que quedó en la línea de fuego. Y la fiscal Ortega Díaz destacó en la misma entrevista radial que siguen las labores, pues en el sitio había presencia de funcionarios.
“Es una batalla por el show político, por eso no esperan los resultados de las investigaciones. Adelantar opinión puede afectar el caso, puede poner en sobre aviso a los involucrados para bien o para mal, si se dan nombres se puede estar viciando la investigación futura, es delicado adelantar opiniones si no son los órganos correspondientes. El único vocero oficial es el MP”, dijo Ávila.
Agregó que la polarización en el país desdibuja la institucionalidad y se reduce a si la víctima estaba “a favor o en contra”, pero nadie se refiere a que los fallecidos son venezolanos. “El estado tiene un doble deber: [el] positivo, que es proteger a los ciudadanos y el deber de no violar derechos. Por eso siempre son responsables”.
En tanto, la directora de Cofavic recordó que la separación de poderes da paso a la democracia y que la justicia ayuda a la reconstrucción de la sociedad de lo contrario hay mayor violencia e impunidad.
“Cuando unos actores no aceptan el marco de la Constitución, se genera zozobra. Mientras esté en vigencia la Constitución, el MP tiene el monopolio de la acción penal y puede investigar, lo otro es el abandono total de lo que queda del Estado de Derecho, nadie más puede asumir sus competencias”, sentenció la abogada Ortega.
Infografía: Milfri Pérez
Foto referencial: Francisco Bruzco
Publicado originalmente en: Crónica Uno
