28 de noviembre de 2017
Jorge Flores Riofrio
Menguar los índices de inseguridad en Venezuela es una deuda del chavismo desde que está en el poder. Durante los últimos 18 años se creó la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se reestructuró los cuerpos seguridad y se desarrolló una veintena de planes de seguridad, pero, los hechos delictivos persisten. En 2016, 21.752 personas fueron asesinadas. Ahora, el Gobierno nacional apuesta por darle competencias investigativas a las policías municipales y regionales.
Luego de homologar a 435 funcionarios de las 23 policías estatales y cinco policías municipales, (entre ellas PoliChacao), el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció, el pasado viernes, 3 de noviembre, que los cuerpos uniformados podían dirigir investigaciones de delitos, cuyas penas no superen los 8 años de cárcel.
Los defensores de la decisión consideran que ahora el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) podrá enfocarse en resolver casos de mayor complejidad, lo que agilizará la lucha contra el crimen en el país.
Se conoció que la cantidad de funcionarios del Cicpc activos está entre 7.500 a 8.000 detectives, la misma cantidad de detectives que había en 1999, que es insuficiente para investigar todos los delitos que se cometen en Venezuela. Según una fuente, se necesitan al menos 25.000 detectives para investigar todos los delitos que ocurren en Venezuela.
Déficit de policías, fiscales y jueces
Para algunos criminólogos la decisión es contraproducente. Señalan que las policías estatales y municipales no deberían distraerse de su función principal (prevenir el delito) para asumir una nueva competencia.
El criminólogo y experto en seguridad, Fermín Mármol García, explicó que la decisión del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia en sí misma no es desacertada, solo que bajo las condiciones actuales del país en el que no hay suficientes uniformados custodiando las calles, no es viable.
En Venezuela existe un déficit de funcionarios policiales de alrededor de 87%, lo que es «una cifra conservadora» indicó el especialista a Efecto Cocuyo. Desde su perspectiva, la decisión del Ministerio agudizará el problema. “¿Qué se hace solventando el déficit de investigadores si aumenta el déficit de policías uniformados?”, se preguntó.
El experto considera que la decisión evidencia el «bochinche» institucional en Venezuela, que no le permite a los organismos enfocarse en sus funciones naturales, «como ocurrió con el Ministerio Público (MP), que realiza investigaciones penales más allá de su función de origen».
El MP actualmente posee laboratorios para hacer experticias penales, que le permite recaudar evidencias que sirvan para armar acusaciones, lo que para el criminólogo no debería ocurrir, ya que la institución no tiene la suficiente cantidad de fiscales penales para cumplir con la función para la cual fue originalmente creada. «Para eso existe el Cicpc».
La cantidad de jueces penales también es insuficiente. Según el experto, se necesitan 900 nuevos jueces en esa materia. “Se considera que en Latinoamérica se necesitan al menos 9 jueces por cada 100.000 habitantes. En Venezuela hay 6.5 por cada 100.000 personas”.
Zapatero a su zapato
Mármol García recordó que en el artículo 332 de la Constitución se establece la creación de una policía nacional que cumpla funciones de seguridad, no de investigación. “El sueño durante los debates Constituyentes de 1999, era que existiera una policía robusta. Con la entrega de competencias investigativas a las policías preventivas se irrespeta el génesis de la Constitución”.
Esa perspectiva es compartida por el abogado y criminólogo y profesor de Criminología de la UCV, Keymer Ávila, quien explicó a Efecto Cocuyo, que el Estado venezolano no está configurado para que las policías municipales y regionales tengan competencias investigativas, porque es un país federal, con leyes en materia penal que se aplican en todas las entidades de igual manera.
“A diferencia de Estados Unidos, donde los estados tienen sus propias leyes punitivas y a su vez, se rigen de leyes federales, en Venezuela la legislación en materia penal es nacional”, explicó el criminólogo, quien reafirmó las facultades del Cicpc como cuerpo diseñado para las investigaciones a nivel nacional.
“En Venezuela las policías no están jerarquizadas, esto quiere decir que el Cicpc no es más que las policías regionales, ni éstas son más que las municipales. Cada cual tiene su función, por lo menos así lo establece la legislación correspondiente”, indicó Ávila.
El experto indicó que cada policía tiene su función específica. “Las policías municipales son las más cercanas a las personas, están patrullando en la calle. Éstas no tienen competencia de orden público, como sí las tienen las regionales, que actúan cuando los policías de un municipio no pueden controlar la situación. Así mismo, la PNB tiene sus grupos tácticos especializados, que ejercen fuerza en situaciones en las que los delincuentes portan armamento de alto calibre, que superan la capacidad de fuego de las policías regionales y municipales”.
“El Cicpc, en cambio, es una institución investigativa, que tiene que enfocarse en sus competencias científicas, así como los investigadores de la serie norteamericana CSI. Tú no ves a los de CSI persiguiendo infractores de tránsito o patrullando las calles, ellos están en sus labores de investigaciones científicas”, ejemplificó, al subrayar que para mejorar las investigaciones criminales se requiere de más laboratorios y más detectives enfocados en esa área.
Las sanciones no corresponden a la complejidad del delito
El criminólogo Javier Gorriño explicó a Efecto Cocuyo, que determinar las competencias investigativas por las sanciones establecidas por el delito, complicará a los funcionarios, porque las sanciones no están relacionadas a la complejidad de la investigación.
“Investigar un caso de lesiones, es sencillo. Un policía puede actuar sin mayores complicaciones. El funcionario levanta los testimonios y lleva a la presunta víctima a que la revise un médico forense para que realice el informe. En cambio, en un caso de hurto o robo, es más complejo, son varios los elementos a analizar para determinar un presunto culpable”, señaló.
Para el especialista, las policías regionales y municipales no están preparadas para asumir competencias investigativas, al no contar con el personal capacitado y los laboratorios necesarios, pese a que el Ministerio de Interior, Justicia y Paz asegura que ya hay funcionarios policiales capacitados.
Además, Gorriño señaló que los ciudadanos que, «ya de por sí no denuncian», seguirán realizando reportando delitos en el Cicpc. «Las personas prefieren ir al Cicpc, porque consideran que hay más probabilidad que la denuncia trascienda. La mayoría no denuncia en las policías regionales ni en las municipales».
Perspectiva de Polichacao
El comisario retirado del Cicpc, Luis Godoy, quien actualmente funge como Director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Chacao, explicó que al ser el Ministerio Público la institución que dirige las investigaciones, podrá determinar cuándo una policía no tenga la capacidad para indagar en algún caso. «En la escena podemos darnos cuenta si podemos asumirlo o no, si es muy complejo, lo pasamos a Cicpc».
El funcionario indicó que desde el año 2001 Polichacao tiene una oficina para realizar investigaciones y personas capacitadas para realizar investigaciones penales. Sin embargo, no estaban oficializados, algo que cambió con la decisión del Ministerio. “Nuestros funcionarios fueron homologados para asumir estas competencias”, aseguró. En ese cuerpo policial hay 25 funcionarios capacitados para realizar investigaciones.
Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo
