Acción de funcionarios frente a manifestaciones políticas o protestas por escasez excede lo establecido en reglamentos
21 de julio de 2016
Victor Amaya
Ya no es solo contra “guarimberos”, sino contra quienes protestan por comida. Lo ocurrido en Cerezal, estado Sucre, a mediados del mes de junio aumentó el volumen a unas alertas que ya estaban encendidas. En esa oportunidad, Luis Osmel Fuentes, de 21 años de edad, fue asesinado durante una manifestación por comida por el abuso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Una bala impactó en su pierna, le fracturó el hueso y le perforó la arteria. Murió en menos de 24 horas. Además, hubo varios heridos.
12 heridos y un muerto fue el saldo de esa jornada, que no dejó ningún funcionario lesionado pero sí conchas de bala, cartuchos de fusil y restos de perdigones. Por el suceso, fue detenido el sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional (GN), Carlos Eduardo Moreno Licet.
Fue la aplicación en el mundo real de la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, publicada el 27 de enero de 2015, que avala “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como un último recurso que permita evitar “desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión”.
En paralelo, fue una violación al artículo 68 de la Constitución que “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas” en el control de manifestaciones pacíficas.
Según las normas, la actuación de las fuerzas policiales en materia de orden público debe responder al principio de prevención y de proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Yajaira Castro de Forero, ahora diputada de la Asamblea Nacional, integró la Policía Metropolitana durante 24 años. Allí escaló posiciones hasta lograr ser Comisario, por lo que sabe que al momento de atender a una manifestación los cuerpos policiales deben “primero abrir un diálogo, buscar al líder de la manifestación y tratar de acordar las mejores maneras. Luego, en caso de que haya agresividad, vendría el nivel de fuerza cuerpo a cuerpo, que es cuando funcionarios desarmados tratan de impedir el paso de los manifestantes. Si aquello va escalando, vendría el uso del agua (con la ballena) y de gases lacrimógenos, y en última instancia los perdigones”.
El coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui, recuerda que a nivel internacional hay unos estándares que se aprobaron en La Habana “donde se establece el uso proporcional y diferenciado de la fuerza. Allí hay una serie de protocolos que se han tomado como referentes en materia de derechos humanos. La Conarepol Comisión Nacional para la Reforma Policia- tomó mucho de eso para sus recomendaciones de 2007”.
De hecho, está vigente el Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial (que puede ser consultado en la web del Consejo General de Policía) que indica que “la presencia y el diálogo deben ser los métodos habituales del funcionario policial para la solución de los conflictos” y que “el uso de la fuerza física sólo se justifica ante el agotamiento del despliegue táctico y el diálogo con sus respectivos subniveles (investigativo, persuasión, advertencia y amenaza), o cuando las circunstancias impidan su establecimiento”.
PAPELES IGNORADOS
Keymer Ávila, abogado con maestría en Criminología y Sociología Jurídico Penal y académico de la UCV, afirma que en el Consejo General de Policía ”cuando funcionaba”- se establecieron reglamentos, resoluciones y manuales de procedimientos en base a la Ley del Servicio de Policía vigente. Así, en 2011 se produjo el documento Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, un nombre rimbombante.
“Esa resolución es muy buena, y establece los grandes principios que deben ejercer todos los cuerpos que asuman esa área de servicio. Primero, las policías estadales que tienen esa competencia, luego la intervención de la PNB cuando aquellas se vean rebasadas y por último la Guardia Nacional que debería respetar este manual porque cuando le toca cumplir ese servicio está ejerciendo seguridad ciudadana, que es una labor civil y no militar”, dice Ávila.
Uzcátegui asegura que los funcionarios, en caso de identificar algún elemento perturbador de la paz en la protesta, deben separarlo y neutralizarlo.
Pero incluso luego de hacerlo, los propios uniformados deben garantizar la atención medica que se requiera y la información a familiares de la persona”. Por su parte, explica que los policías también tienen derecho a la legítima defensa “pero en respuesta proporcional al ataque que reciben”.
Ávila agrega que “siempre en el contexto de manifestaciones deben verse a los individuos. Las consecuencias no pueden ser para toda la masa. Por eso hay que neutralizar a los elementos perturbadores, pero siempre con respeto a sus derechos y a los procedimientos, sin malos tratos ni tortura, porque los policías no tienen facultad de aplicar castigos”. El de Provea lo secunda: “es falso que si un manifestante violento actúa, convierte a toda la manifestación en una violenta. No se debe caracterizar a todos los manifestantes como violentos, ni legitimar la represión en conjunto”. Pero ocurre, y hasta determina quién tiene permiso de entrar al municipio Libertador de Caracas, por ejemplo.
CON EL MAZO DANDO
Claudio Andes, nombre protegido de un joven de 24 años asiduo a manifestar en calle, dice que “ojalá nos dejaran protestar y al menos querer disuadir, pero siempre llegan es para reprimir”.
Su testimonio se basa en las movilizaciones más recientes, en las que no solo se prohíbe entrar al municipio Libertador de Caracas sino que se aplican metodologías fuera de la norma: usar químicos como “paralyzer” y disponer de una primera fila de mujeres uniformadas.
“Aplican la lógica de que con las mujeres a lo mejor la gente, los hombres particularmente, son menos agresivos, que no haya fuerza contra ellas. Es algo psicológico basado en aquello de no querer golpear a las mujeres. Pero eso no está establecido en ningún procedimiento”, dice Yajaira Castro de Forero quien pide tomar en cuenta la Ley del Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.
Rafael Uzcátegui afirma que la estrategia da la posibilidad de “imputar delitos que incluyan agresiones por violencia de género, es un uso de la norma para aumentar los delitos imputables”.
En el caso del gas como el lanzado contra Henrique Capriles y Julio Borges, el coordinador de Provea afirma que no entra en los estándares de químicos aptos para neutralizar a manifestantes, mientras que Castro de Forero recuerda cuando a las funcionarias mujeres de la PM les recomendaban, de tener que usarlo como defensa de una agresión machista, “que jamás se le echaba directamente en la cara a una persona, porque eso le puede causar daño irreversible en la vista. Por eso lo que hemos visto es criminal”.
La diputada pone el acento, no obstante, en algo más preocupante, el ensañamiento. “Usan escopetas de perdigones de forma indiscriminada y hay venezolanos que resultan heridos y hasta muertos, cuando el procedimiento habla de usar cartuchos plásticos, dispararlos a no menos de tres metros y siempre a los pies”.
Se refiere a casos como los de Geraldine Moreno, en 2014, quien falleció a sus 23 años de edad por un perdigonazo al rostro disparado por tiro de perdigones que recibió en el rostro por parte de un efectivo de la Guardia Nacional, en Valencia; o de Jenny Ortiz, de 42 años, en San Cristóbal el pasado 7 de junio, cuando murió al recibir impactos de perdigones a corta distancia en el rostro y el cráneo durante una protesta por falta de alimentos, ocasionándole una desfiguración facial y un edema cerebral.
“También hemos denunciado los excesos de la PNB y de la Guardia en esas actuaciones, como en Bello Monte cuando cuatro funcionarios agredieron a un muchacho con bastones y lo golpearon hasta dejarlo gravemente herido”, puntualiza la diputada y también abogada.
Uzcátegui afirma que en todo el mundo hay represión, y recuerda el caso de Carlo Giuliani, un asesinado en una protesta antiglobalización en el año 2000. “Fue un escándalo global. Pero aquí hay una respuesta violenta a manifestantes, hay perdigones aliñados para causar mayor daño, y usarlos junto con bombas muy tóxicas se ha convertido en patrón. Entonces, en esos otros países hay una agresión extraordinaria mientas que aquí se ha naturalizado. La brutalidad policial en otras partes se denuncia, se castiga y se toman medidas para que no ocurra. Aquí el ciudadano víctima no puede pedir castigo”.
MALA FAMA
Parte del problema de los abusos policiales contra manifestantes en movilizaciones políticas o protestas sociales es la falta de castigo a los uniformados a los que se les va la mano. “Existe una alta impunidad. A los funcionarios no se les sanciona y eso genera malestar en la gente y una mala imagen al cuerpo policial. Es más, no solo no son castigados sino que a veces hasta reciben premios”, dice Yajaira Castro.
Según Félix Seijas hijo, presidente de la encuestadora Delphos, “la Guardia Nacional ha perdido los niveles de confianza de manera importante en los últimos tres años. La Fuerza Armada siempre se mantenía en niveles altos de confianza, pero lo ha perdido y sigue bajando porque las personas consideran que son el brazo armado del gobierno, que está dispuesto a utilizarlo para aplacar manifestaciones”.
El encuestador, de hecho, identifica en sus estudios tres elementos que mantienen las protestas en niveles no tan masivos.
“Primero, que el venezolano no es como el chileno, sino mucho más tranquilo. Luego, que sienten que luego de salir a manifestar terminan peor.
Y en tercer lugar, hay miedo porque saben que la represión será ejercida y es una lotería a quién le tocan los planazos, ser detenido y encarcelado, o un tiro. Los funcionarios son percibidos como que son capaces de excederse”.
Según el informe anual de Manifestar.org, una plataforma de difusión de las ONG Provea y Espacio Público, solo el 13,49% de las manifestaciones que se sucedieron en 2015 recibieron respuesta positiva de las autoridades correspondientes. En contraste, y aunque el 3% de las protestas registradas en ese informe fueron de carácter violento, el número de manifestaciones reprimidas superó el de las calificadas como violentas.
“Un total de 91 protestas pacíficas fueron reprimidas”, dice el estudio.
En los últimos seis años, indica el mismo registro, el dato se ha robustecido.
En 2009 la represión fue de 6%, en 2010 fue 4,34%, en 2011 fue 3% y en 2012 apenas 1,43%. Con la llegada de Nicolás Maduro al poder, en 2013 la acción de la fuerza pública contra la gente aumentó a 7% de un solo golpe y aún más en 2014 (16,4%) para registrar 6,49% en 2015.
CON LA GUERRA EN LA CABEZA
Pero no solo se trata de la imagen de los manifestantes con respecto a las autoridades. Sino al contrario.
“Hay una predisposición de los funcionarios a actuar con violencia porque el discurso de Estado deshumaniza a los manifestantes al convertirlos en parte de una conspiración, o al cosificarlos como escuálidos, apátridas o imperialistas. De entrada, por tanto, hay una disposición a reprimirlos. Además, aquí se precalifican manifestaciones desde antes que ocurran, como lo hace el alcalde Jorge Rodríguez cuando impide protestar porque asume que habrá violencia. Por eso hay un contexto que legitima el uso de la violencia”.
En la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad se imparten materias sobre manejo de armas, defensa personal y práctica policial, además de una cátedra sobre el pensamiento de Hugo Chávez ordenada desde 2013 en Gaceta Oficial 39.620. Además, se realizan los lunes patrióticos y en cada formación antes de entrar o salir de clases se repite: “patria socialista, ¡venceremos!”.
La excomisaria de la PM y ahora diputada Yajaira Castro dice que aunque muchos agentes “se han dado cuenta de que son utilizados” por el chavismo algo que asegura ha atestiguado por gestos en acciones de calle- “cuando llegan las agresiones hay mucho odio, aunque no sea de todos, pero sí hay una mayoría que actúa con ensañamiento”.
La mancha verde oliva
La seguridad ciudadana es esencialmente una labor civil, por eso está en manos de organismos de espíritu y formación civil y no de militares salidos de cuarteles. “Lo que pasa es que su concepto es como un `cajón de-satre’: cabe cualquier cosa que desde el poder se defina.
Es lo mismo que pasa con otros conceptos como delito, terrorismo, OLP…ahí cabe cualquier cosa”, dice el investigador Keymer Ávila, abogado y criminólogo. “Dentro de sus aristas está, por ejemplo, la contención, prevención y represión de delitos, que una arista distinta al control de manifestaciones.
Ambas no pueden fundirse ni confundirse”, dice quien escribió en Alainet. org que “la fusión de ambos conceptos puede traer consecuencias graves (…) La nación se defiende de enemigos externos en un contexto bélico, a los que hay que aniquilar. Mientras que la conflictividad en escenarios de seguridad ciudadana se da entre civiles, cuya máxima expresión estaría en la comisión de delitos (…) Son dos racionalidades distintas, con actores institucionales también distintos”.
Rafael Uzcátegui identifica como problema que los mandos de muchas policías, incluyendo la PNB, son militares. “Una de las recomendaciones de la Conarepol era priorizar los mandos naturales de la carrera policial para que cesara la visión militarizada del orden público”, pero tal cosa no se ha cumplido. “Eso ya está comprendido en toda América Latina excepto en Venezuela. La CIDH también habla de separar seguridad de Estado de seguridad ciudadana”.
Actualmente, el director general de la Policía Nacional Bolivariana es el mayor general (GN) Juan Francisco Romero, quien a mediados de 2015 sustituyó en el cargo al ahora viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta, general de brigada (GN). En la cadena de mando también está el ministro de Interior y Justicia y presidente del Consejo Nacional de Policía, general en jefe del Ejército Gustavo González López; además del viceministro del Sistema Integrado de Policía, general de división Giuseppe Cacioppo (Ej.). Incluso, el recién destituido director de operaciones de la PNB, Eduardo Serrano, es general de la GN.
El coordinador de Provea denuncia que el “nuevo modelo policial” se abandonó “cuando el gobierno promovió el Patria Segura, una de las primeras decisiones de Nicolás Maduro. “Aquella idea murió con Chávez en 2013, ahora tenemos una política de seguridad ciudadana basada en una visión militar que es ineficiente para el delito y tiene la intención de desmovilizar la organización popular y disuadir la protesta. La brutalidad policial es increíble”.
Ávila afirma que la actual Ley del Servicio de Policía “es muy buena”, aunque su aplicación tenga problemas. “Nuestro sistema penal es como una especie de péndulo de movimiento esquizofrénico, porque no para nunca en el medio. Va de un extremo a otro, de las ausencias y la desidia, al exceso y los abusos. Lo que necesitamos es que se pare en el medio, en la institucionalidad, la presencia permanente, la respuesta oportuna, la actuación proporcional, y siempre en el marco de la legalidad”.
El especialista dice que la norma está amenazada por la Asamblea Nacional que estaría buscando modificarla “porque confunden el ser con el deber ser.
Si esa ley no se cumple es culpa de los sujetos, no de la norma. Hay que buscar el problema en las instituciones”.
Publicado originalmente en: Tal Cual
