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19 de junio de 2016

Sabrina Machado

Imputarán a dos policías de Chacao por muerte del mayor general retirado del Ejército en Caracas. Acusan a un policía y a cinco GNB por narcotráfico. Acusan a tres policías de Delta Amacuro por hurto de tres vacas. Privan de libertad a dos oficiales de la Policía del Zulia por extorsión a comerciante. Acusan a siete policías municipales por muerte de joven en Guarenas. Privan de libertad a dos PNB y a un GNB por robar vivienda en Lara. Acusan a detective del Cicpc por corrupción en Sucre. A juicio ocho policías de Aragua por muerte de cuatro hombres. 

Estos son algunos de los titulares que se pueden apreciar en la prensa nacional solo durante mayo y junio de este año. Cada uno validado por un reporte informativo del Ministerio Público, cuya oficina de prensa monitorea con regularidad este tipo de situaciones. 

Desde el 2006, el devenir de los cuerpos de seguridad del país se encuentra en el ojo del huracán. Los crímenes de los jóvenes Faddoul y del empresario Sindoni pusieron el dedo en la yaga y, desde ese momento, comenzó un proceso prometedor, avalado por distintos especialistas, de reestructuración. Se produjo un punto de quiebre.

La Conarepol se empleó a fondo no solo en realizar un necesario diagnóstico de la realidad del funcionario venezolano y su relación con la sociedad, también creó modelos y el marco necesario legal para encauzar los cuestionados cuerpos policiales, vistos tan entre comillas por la sociedad venezolana.

Sin embargo, 10 años después, las palabras reforma, reestructuración, invalidación, destitución e intervención suenan más que nunca, unidas a otras como corrupción, homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico. En el 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció la “revolución policial”. Los objetivos no han sido logrados y dos años después se siguen realizando nuevos anuncios en materia policial, que giran sobre la misma problemática.

Para especialistas como Keymer Ávila, criminólogo y profesor universitario, y Liliana Ortega, directora de Cofavic, el problema fundamental radica en la falta de institucionalidad de los cuerpos de seguridad y de compromiso con los preceptos legales establecidos por el marco jurídico nacional. Según ellos, no se ha logrado separar la ideologización y propaganda de los organismos policiales, amén de la falta de voluntad política para llevar a cabo verdaderos procesos de saneamiento por parte de los rectores de las políticas públicas, sin dejar por fuera el grave problema de impunidad que afecta a la sociedad en general.

“El nuevo modelo policial es maravilloso, si la cuestión no se aplica es un problema de su implementación, es un problema de los actores institucionales. Las acciones no trascienden del mero anuncio, de la publicidad y luego no muestran resultados. Tenemos que transcender de la mera política mediática a la ejecutiva. Ambos bandos políticos, ambos sectores y los representantes de las instituciones no trascienden de la política mediática. Es un tema virtual, de rating, pero la política real no la estamos viendo, pasa por diversas áreas, y la seguridad no es una excepción”, afirma Ávila.

El presidente de la República en el 2014 indicó: “Hay que corregir lo que está mal en el sistema policial venezolano para detectar a las mafias. Saquemos todo, no ocultemos nada”. En ese entonces propuso la creación de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana. En Freddy Bernal —expolicía y exalcalde— delegó la responsabilidad de revisar los proyectos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el funcionamiento de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de las policías estadales y municipales, entre otros objetivos.

Durante su función Bernal investigó a 11 cuerpos policiales, a 622 funcionarios de distintos cuerpos y destituyó a 112 policías. Ante la anterior Asamblea Nacional entregó los proyectos de la Ley de los órganos de seguridad ciudadana, propuso la creación de una inspectoría general de los funcionarios, una ley especial de seguridad social de policías y apostó a la creación de la jurisdicción penal en materia de policía. Sin embargo, se produjo su salida y en su lugar entró el ministro de Interior y Justicia, general Gustavo González López, quien anunció —recién llegado al cargo— que serían inspeccionados 37 cuerpos policiales en todo el país. 

Uno de los puntos a los que enfocan los expertos en la materia es a la necesidad de la continuidad en la política pública, que se actúe acorde a los estamentos legales establecidos y de igual forma para todos los organismos policiales del país, sin distinción. Que cada uno sea medido por la misma vara, no por conveniencias políticas o mediáticas.

Liliana Ortega, al frente de la ong Cofavic, señala: “Mientras esto no sea una política de Estado, como no ha sido hasta ahora, vamos a seguir fracasando, porque lo que fracasa es la concepción del modelo que se quiere desarrollar”. 

En este sentido alabó la tarea adelantada desde la Conarepol, pero a 10 años de su existencia “seguimos teniendo policías con altos niveles de corrupción, mal remunerados, con bajos niveles de profesionalismo, en algunos casos ideologizados, convertidos en actores políticos. Se hizo un buen diagnóstico de la situación, pero la mayor parte de las recomendaciones no han sido desarrolladas e implementadas de manera adecuada y, ahora, con el tiempo que ha pasado hay nuevos elementos que tenemos que aplicar”.

Un reflejo de la situación que se vive en el país en relación con la calidad de la policía es la realidad que recoge el informe de Memoria y Cuenta de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, donde se señala la imputación de mil 312 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado en el 2015 y la acusación de 959 policías por la comisión de distintos delitos relacionados con la vulneración de los derechos humanos. En el 2014 el balance oficial arrojó 789 imputaciones y dictaron 11 mil 317 acusaciones. En el 2013 se produjeron mil 32 imputaciones y 12 mil 37 acusaciones. 

Ortega Díaz recientemente volvió a levantar su voz en torno a esta problemática, al señalar la necesaria y urgente revisión de los cuerpos policiales, ya que considera alarmante el número de funcionarios que participan en hechos punibles, como secuestro, extorsión, robo, hurto de vehículos y narcotráfico.

Durante una rueda de prensa, desarrollada en la sede principal del Ministerio Público, la garante de la legalidad puso como ejemplo el asesinato en cautiverio perpetrado contra un magistrado jubilado del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual participaron tres policías, de 24 años cada uno. “Esto fortalece la delincuencia organizada y resquebraja la institución policial, lo cual a su vez afecta el cumplimiento de sus funciones”, aseveró.

La Fiscal fue enfática al señalar que la depuración policial es otro objetivo que se debe alcanzar y que amerita un gran diálogo nacional en pro de la elaboración y ejecución de políticas públicas que permitan fortalecer la moral de los cuerpos de seguridad, de esta manera se lograría reducir la criminalidad que sacude a la sociedad, a su parecer.

En su encuentro en la AN, en el mes de febrero, señaló que desde su institución se llevaban adelante 245 investigaciones “destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjeron tales muertes en las que intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado”. Todas ocurridas en el marco de la implementación de la muy cuestionada Operación Liberación del Pueblo (OLP).

De acuerdo con los registros de Cofavic, en el año 2015 se produjeron en el país mil 396 ejecuciones extrajudiciales, mientras que en el 2014 la cifra se ubicó en mil 18, lo cual implica un aumento de 27,07%. 

En este sentido, Liliana Ortega recordó que los derechos humanos no juzgan conductas; por ende, no tienen nada que ver con la conducta humana. “El Estado debe conducirse de manera distinta a los criminales”. 

Por eso, Ortega ruega por una mejor formación profesional para los funcionarios, al igual que Keymer Ávila, quien se atreve a preguntar: “¿hasta qué punto desde la propia institucionalidad no se están generando más problemas?”. Esto en virtud del gran número de funcionarios graduados, casi de manera expedita, de la Policía Nacional Bolivariana, cuerpo que hoy dispone de 20 mil hombres uniformados en casi siete años.

Publicado originalmente en: Panorama