Quizás la idea más extendida y sostenida desde el discurso oficial, replicado por los medios de comunicación durante décadas, es que los civiles que mueren son por lo general delincuentes que fallecen en situaciones de enfrentamientos armados con los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, de acuerdo con los datos analizados por el Monitor, 7 de cada 10 civiles muertos por acción de los cuerpos de seguridad no tenía ningún tipo de antecedentes penales ni policiales, en tanto, de ese minoritario 30% que sí tenía antecedentes, sólo un 9% estaba solicitado por algún tribunal. En ese contexto, de cada 100 civiles muertos por los cuerpos policiales solo 1% estaba involucrado en delitos de homicidio, mientras más de la mitad de cada 100, fueron muertas por “desacato a la autoridad”, delito menor según las leyes venezolanas y con interpretaciones,  a veces, confusas.

Es importante advertir, que aún si estas personas tuviesen antecedentes penales o policiales, se hubieran encontrado en flagrancia cometiendo delito, si no hicieron armas en contra de las fuerzas de seguridad del Estado, poniendo realmente en riesgo la vida de los funcionarios o de terceras personas, no se justifica de manera alguna el uso de la fuerza letal en su contra. La pena de muerte no existe legalmente en el país, y en los pocos países en los que existe esta pena –casi en extinción a nivel mundial–, cuando se impone es producto de una decisión jurisdiccional, no se aplica discrecionalmente en la calle por parte de las policías, porque en ese supuesto la sociedad toda se encontraría en peligro.

En uno de estos estudios –“Dan más balas de las que reciben”–, que condensa buena parte del análisis de datos de varios años y casos, constatamos que las muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad del Estado experimentaron un auge en la última década: si en 2010 el porcentaje que representaban estas muertes dentro del total de homicidios era de 4%, en 2018 se ubicaron en 33%. Un tercio de los homicidios en el país son causados por los cuerpos de seguridad. Así mismo, si en 2010 la tasa de personas fallecidas a manos de la policía era de 2,3 personas por cada cien mil habitantes, en 2018 se ubicó en 16,6. Un drástico incremento de 619%. Pero quizás lo más valioso que aporta este estudio, en cuanto a hallazgos, es lo referido a los datos que ponen en cuestión, o directamente refutan, la tesis oficial que presenta las muertes de civiles –y de funcionarios policiales– como producto de enfrentamientos armados entre ambos grupos de personas. Allí analizamos: la victimización letal que padecen los funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado; la victimización de los civiles producto de la intervención de estas fuerzas; contraste situacional de ambas formas de violencia letal (cómo, dónde y cuándo ocurren). ¿Qué descubrimos? Contrastando meses, horarios y lugares de ocurrencia de las muertes de funcionarios y las de civiles, conseguimos que: los lugares y horarios donde se genera la mayor cantidad de víctimas civiles no coincide con los lugares y horarios en los que se registra la mayoría de las muertes de funcionarios; así mismo, la mayoría de los policías que sufrieron homicidios no pertenecía a los cuerpos policiales con mayor nivel de intervención en los eventos con víctimas civiles. Esto demuestra que las muertes de civiles y funcionarios no son hechos coetáneos, no coinciden en lugares, tiempos ni actores institucionales. Además, arrojó también que entre los civiles hay muchos más fallecidos que heridos, más fallecidos que detenidos, y muchísimas más víctimas civiles que funcionarios: por cada civil herido fallecen otros 16¹, por cada persona detenida por los cuerpos policiales fallecieron cinco a manos de estos, por cada policía fallecido mueren 94 civiles. Estas proporciones ofrecen suficientes indicios sobre la realidad de las prácticas policiales en el país: por lo general las policías no usan la fuerza letal para la protección de su vida, ni la de terceros, en situaciones de emergencia, ni la prioridad parece ser en modo alguno la detención, sino el “dar de baja”. Los resultados de estas investigaciones nacionales han servido de base para hacer estudios comparados con colegas de la región, ubicando a Venezuela entre los países con los índices de letalidad policial más elevados. En el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela hacemos análisis e investigación para la protección de la vida. Hemos expuesto algunos aspectos destacados de las realidades que revelan las investigaciones contenidas en este portal. Invitamos al lector interesado a profundizar en las diferentes secciones y modalidades en que presentamos estas informaciones.