30 de septiembre de 2019
Keymer Ávila | @Keymer_Avila
Cada día es mayor la evidencia sobre ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias que practican las “Fuerzas de Acciones Especiales”. ¿Cuál es el origen de este comando y cuál es su labor?
¿Qué son y cuál es su función?
La Fuerza de Acciones Especiales (FAES) es un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela que entró en vigor el 14 de julio de 2017.
Como está adscrita a la PBN, sus acciones recaen directamente sobre el Ministro de Interior y el Presidente de la República quien en ese entonces afirmó que su objetivo principal era “combatir el crimen y el terrorismo”.
Conformado por personas equipadas con armas militares y entrenadas en tácticas de asalto y de combate, este comando forma parte de los “grupos tácticos” o de “acciones especiales” que representan la máxima expresión de los criterios de intensidad en términos de uso de la fuerza letal y de armas de guerra en Venezuela.
En teoría, este tipo de grupos únicamente puede intervenir en situaciones extremas y de alto riesgo en las que las policías preventivas y de investigación resultan insuficientes, tales como, secuestros, toma de rehenes, enfrentamientos armados y arrestos peligrosos. Sin embargo, cada vez son más comunes sus prácticas rutinarias en labores de seguridad ciudadana sin justificación alguna.
De hecho, nuestros estudios indican que en 2016, un año antes de la creación de este comando, la PNB era responsable del 22 por ciento de las muertes causadas por la intervención de la fuerza pública en Venezuela. Una vez que las FAES empezaron a funcionar, este porcentaje aumentó alrededor de doce puntos.
Es importante apuntar que, aunque la legislación venezolana señala que el único cuerpo policial que puede tener ese tipo de grupos es la PBN, la policía científica (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la policía política (SEBIN) también cuentan con este tipo de “grupos tácticos”. Sin embargo, la FAES sobresale porque a pesar de su reciente creación, ha llevado ya a la PNB a convertirse en la segunda institución más letal del país después del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
El modus operandi y las cifras
Como su entrenamiento es esencialmente militar, la FAES opera como un ejército de ocupación dedicado a “cazar” objetivos. Esto quiere decir que, en vez de prevenir un ataque o detener un delincuente, buscan “dar de baja elementos” a los que no ven como personas, sino como enemigos.
Los relatos sobre ella incluyen ejecuciones, falsos positivos, simulaciones de enfrentamientos y amedrentamiento posterior de familiares y vecinos para que no denuncien.
Su modus operandi no se rige por la lógica del derecho, sino por la de la guerra o, más bien, por la del exterminio, pues mientras que en una guerra suele haber dos bandos con una capacidad de fuego más o menos equiparable, en los casos donde interviene la FAES existen grandes asimetrías: en una guerra se espera que ambos ejércitos tengan bajas, en cambio, en estos casos frecuentemente mueren jóvenes de barrios pobres y rara vez miembros del grupo táctico. Las estimaciones indican que en Venezuela por cada policía fallecido en un enfrentamiento, mueren 26 civiles.
A pesar de que la PNB cuenta con una división especializada en Orden Público, durante los primeros meses del año la FAES incursionó en manifestaciones que se efectuaron en barrios populares, lo que trajo consecuencias fatales porque no cuentan con la formación adecuada para hacerlo y su entrenamiento no busca la contención, sino el ataque letal. Prueba de ello son las varias denuncias según las cuales la FAES y la GNB están relacionadas con el 65 por ciento de las muertes que ocurrieron durante estas protestas.
Desde hace ya años, Venezuela vive en un estado de excepción que se ha convertido en la regla.
Según cifras oficiales, en 2018 murieron 5.287 personas en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, unas 15 personas al día. Ese mismo año hicimos un seguimiento de la prensa y encontramos que la PNB fue responsable del 34 por ciento de las muertes causadas por la intervención de la fuerza pública, porcentaje que equivaldría a unas 1800 personas aproximadamente, si se toma como referencia el total de víctimas del dato oficial.
El 66 por ciento de las muertes restantes fueron cometidas por otros cuerpos de seguridad, específicamente por el CICPC, la Guardia Nacional Bolivariana y las policías estatales, lo que quiere decir que la FAES es tan solo la punta del iceberg de la masacre por goteo que experimenta Venezuela en la actualidad.
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Un estado de excepción perpetuo
Estos horrores son posibles porque todos esos grupos pueden ejercer el poder sin ningún tipo de control, consecuencia legal, ni responsabilidad ulterior.
Desde hace ya años, Venezuela vive en un estado de excepción que se ha convertido en la regla: el marco perfecto para el ejercicio de la necropolítica, es decir, que quienes detentan el poder administran discrecional e ilimitadamente la vida y la muerte de las personas.
El problema no desaparecerá con la supresión de un cuerpo, sino con el fortalecimiento de las instituciones.
El caos político ha hecho que los venezolanos desconfíen del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, instituciones a las que deberían acudir en caso de ser víctimas de cualquier forma de violencia por parte del Estado. Así pues, es común que los familiares de las víctimas cuenten que, ignorando la evidencia y saltándose el debido proceso, los fiscales defiendan a los funcionarios del Estado, justificado la ejecución de personas.
Se trata, entonces, de un estado de indefensión prácticamente absoluto, donde los afectados experimentan tres formas diferentes de violencia: la del sistema económico-político que las excluye y las condena a la pobreza (violencia estructural); la de la delincuencia y la violencia social, y la del sistema penal (violencia institucional) que le mata a sus familiares, les niega justicia, y además las estigmatiza.
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¿Qué hacer?
Recientemente, la Alta Comisionada de la ONU recomendó que la FAES fuera eliminada. Si bien esa medida podría parecer conveniente para los venezolanos, resultaría insuficiente, porque lo más probable sería que, al poco tiempo, apareciera un grupo igual o peor. De hecho, la PNB nace después de que la Policía Metropolitana fue eliminada en 2009.
Foto: Correo del Orinoco FAES ¿Una fuerza asesina? |
En ese sentido, el problema no desaparecerá con la supresión de un cuerpo, sino con el fortalecimiento de las instituciones: es necesario que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Fiscal General y los tribunales sirvan de contrapeso y límite al poder Ejecutivo y a sus cuerpos de forma autónoma e independiente, pues de lo contrario, el gobierno se limitará a eliminar cuerpos policiales y a crear otros iguales o más poderosos y descontrolados que sus predecesores.
En definitiva, si las instituciones de control no ejercen su labor de una manera efectiva, la situación de Venezuela no mejorará en absoluto. Es hora de exigir controles efectivos sobre los cuerpos armados del Estado venezolano.
Publicado originalmente en Razón Pública.