8 de diciembre de 2018
Keymer Ávila | @Keymer_Avila
Desde 1998 y al menos hasta la muerte de Hugo Chávez, el discurso con enfoque social para abordar el problema de inseguridad fue el dominante. A partir del año 2013 la arenga gubernamental cambió a una de tipo más represivo, muy próxima ideológicamente al de sus supuestos adversarios.
De esta manera pueden distinguirse claramente dos etapas en la política oficial respecto a la seguridad ciudadana en la Venezuela del siglo XXI. Dos etapas marcadas por el ciclo vital de quien ocupó la silla de Miraflores desde 1999 y después por las prácticas de quien le sucedió en el cargo.
El impacto de lo social
La primera etapa, que va de 1999 hasta 2013, inicia con el primer gobierno del presidente Chávez, que logra capitalizar todo el descontento y la falta de legitimidad de las instituciones, los partidos políticos y el sistema político en general, transforma todo eso en esperanza y en un proyecto político que prometía una transformación radical, de ruptura con el viejo orden. Eso pasaba por la refundación de la República, la nueva Constitución y una serie de reformas institucionales. El tema era la política y lo social.
La seguridad ciudadana no estaba en la agenda y en tal caso ésta se terminaba diluyendo en el discurso de las políticas sociales. La línea era el discurso mertoniano clásico: la falta de oportunidades crea condiciones para que los más pobres cometan delitos. ¿Cuál es la receta? Mejorar entonces sus condiciones de vida.
En consecuencia, el enfoque se concentró -en apariencia- sólo en lo social, en el tema de la inclusión y no se atendieron los espacios que son propiamente securitarios: las policías, el Cicpc, los fiscales, los tribunales y las cárceles seguían siendo las mismas. Permanecieron inmutables a los cambios, venían ya muy mal, y se fueron convirtiendo progresivamente en parcelas autónomas de poder respecto al propio Estado. Esto no era una novedad de su gobierno, solo se agudizó durante éste. Fue una especie de continuidad de un proceso de precarización y deterioro institucional.
En materia legislativa también se siguió con la misma racionalidad de los gobiernos anteriores: aumento de penas, disminución de beneficios, extensión de conductas criminalizadas, etc, que lejos de contribuir al mejoramiento del sistema solo lo colapsa, lo hace más lento, arbitrario y violento.
Desde lo ideológico es importante destacar que la retórica de algunos formadores de opinión pretendidamente progresistas, intenta trazar un vínculo causa-efecto entre pobreza-violencia, que inadvertidamente puede coincidir en ocasiones con el discurso clasista de la derecha más conservadora, y pareciera sugerir superficialmente que el Estado solo debe intervenir socialmente.
Esta idea, junto a la visión romántica e idealizada del delincuente, ha sido superada por la criminología crítica –especialmente la inglesa–, desde finales de los años 70 del siglo pasado, cuando se encargó de analizar, comprender e incidir en la política criminal concreta. Desde ese tiempo se tiene conciencia que los más afectados por el problema de la violencia y la inseguridad son los más pobres y que se tiene que hacer algo al respecto.
Ese fue el discurso del gobierno del expresidente Chávez desde que tomó el poder hasta el día de su despedida. Las causas de la violencia serían entonces factores asociados a la exclusión, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. Lo que habría que hacer, en consecuencia, es reducir de manera prioritaria estos factores.
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Más allá del tema de la seguridad, lo que habría que preguntarse en estos momentos es si hubo durante todos estos años una real satisfacción de necesidades de manera estructural, universal, institucionalizada, permanente, ininterrumpida, no coyuntural. Si ese pretendido Estado Social llegó efectivamente a ser tal y si logró ser sostenible. ¿Se trató sólo de otra repartición coyuntural de la renta petrolera en tiempos de abundancia?
En términos estrictamente discursivos, la política criminal durante este período parece haberse disuelto en la política social. Esta fue una de las grandes advertencias de Baratta: una política de seguridad debe estar integrada a una política social general que la abarque. Una política de seguridad sin una política social general que le sirva de marco no tiene sentido.
La política social no debe ser confundida con la política de seguridad, mucho menos debe criminalizarse la política social (elaboración de políticas sociales desde espacios securitarios). Este es un error común y muy seductor para enfoques pretendidamente progresistas.
Por otro lado, una política social general que no garantice la presencia institucional del Estado como mediador e interventor en conflictos y como defensor del más vulnerable en situaciones que constituyan amenazas o riesgo a su integridad física o en el disfrute de sus derechos, puede sufrir crisis internas, como en el caso venezolano.
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Un nuevo modelo policial
El diseño de la política concreta más emblemática en materia de seguridad ciudadana, durante esta primera etapa, es el de la Comisión Nacional de Reforma Policial.
Creada en año electoral (2006), coincidió con un aumento de los homicidios en el país y con casos que impactaron a la opinión pública (Kennedy, Sindoni y Faddoul) que fueron instrumentalizados por la oposición con fines electorales. En estos casos participaron funcionarios policiales y las víctimas tenían un alto poder de reclamo social. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno ante esta demanda? La Conarepol.
La creación de este espacio fue una decisión política acertada por parte del gobierno, porque ante una crisis creó consensos, además ejerció de forma racional y seria la elaboración de políticas públicas. Se diseñó un nuevo modelo policial plasmado en una legislación y en decenas de resoluciones de avanzada entre los años 2006 y 2013.
Con este impulso se inicia una nueva institucionalidad en términos normativos-formales. Sin embargo, es importante advertir que un asunto es el diseño de la política y otro su implementación. Los aparatos policiales y militares tienen intereses corporativos que se ven afectados con cualquier reforma que procure imponerles límites y controles legales e institucionales a sus actuaciones. Estas instituciones llevan su propia agenda.
Así mientras la reforma policial era objeto de la propaganda oficial, en la calle se llevaba realmente una “contrarreforma” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Contrarreforma que, paradójicamente, se oculta detrás del nuevo modelo y de su bloque normativo que no se aplica. Ambos sirven para ser exhibidos en momentos de crisis de la policía, la maquillan, la relegitiman política, social y mediáticamente. Su uso meramente declarativo invisibilizó practicas rutinarias de la policía que terminaron por ser cada vez más peligrosas y dañinas.
En términos de la sociología de Merton podría decirse que todo el proceso de reforma policial cumplió una función manifiesta de diseñar un nuevo modelo policial, dignificar el servicio, hacerlo congruente con la protección de derechos humanos y el discurso progresista. Sus funciones latentes son varias: encubrir lo que ocurría en la realidad, oxigenar y expandir el aparato policial, mientras se profundizaba su discrecionalidad y las lógicas militaristas. La idea de la “unión cívico-militar” nunca dejó de estar presente en la operatividad real de estas instituciones.
Con la muerte de Hugo Chávez se dejó de lado el enfoque y el discurso de corte social, así como las menciones al “nuevo modelo policial” de naturaleza civil y preventiva, para dar inicio a una nueva etapa.
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Tiempo de represión
A partir del año 2013 se asumió un discurso distinto, se deja de lado la perspectiva más social para enfocarse principalmente en lo represivo, el nuevo presidente Nicolás Maduro toma el tema de la seguridad como eje central.
El discurso oficial y la política criminal tienen un giro radical, ideológicamente más cercano al realismo de derecha, popularizado a finales de los años ochenta por Reagan y Thatcher, cuya versión tropicalizada puede ser recordada por algunos con las campañas de Alfredo Peña gritando “¡Plomo al hampa! ¡Que se pudran en la cárcel!”.
Ahora el pobre pasa de víctima a victimario, a ser una especie de desagradecido que a pesar de las políticas sociales del gobierno, insiste en seguir delinquiendo. Desde una visión de la izquierda más conservadora sería el “lumpen” que obstaculiza el avance de la revolución.
Estas serían las excusas ideológicas para darle un cheque en blanco a los militares y las policías para que realicen una especie de “profilaxis social”, en el que todo el que tenga porte de cara debe ser sacado del juego, ya sea intimidándolo, privándolo de libertad o eliminándolo físicamente.
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El gobierno cambia a sus “enemigos”: antes tenía a uno todopoderoso, que era el “Imperio”, el “capitalismo”, la “burguesía”; ahora el enemigo es el pobre del barrio, el “lumpen” mal agradecido; se pasa así de la “lucha de clases” de carácter “antiimperialista” a una lucha intraclase que criminaliza a la pobreza.
De esta manera el gobierno ha endurecido sus políticas de control policial y militar, para los marginados tienen operativos policiales militarizados, con consecuencias cada vez más letales (en 2017 tres de cada diez homicidios ocurridos en Venezuela fueron consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado). Para sectores más incluidos que se atrevan a disentir tiene otras respuestas menos letales, como detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos masivos ilegales, procesamientos de civiles en jurisdicción militar, etc.
Finalmente, este panorama descrito de las últimas dos décadas confirma la existencia de un problema estructural con la continuidad y seguimiento de las políticas.
En 58 años de “democracia”, Venezuela ha tenido 43 Ministros de Interior. Éstos, en promedio, no duran ni un año y medio en el cargo.
No se aprecia la existencia de una política, de su seguimiento, de acuerdos mínimos de institucionalidad, que trasciendan a los actores que detentan coyunturalmente el poder. La única continuidad que se puede observar es el deterioro y corrupción de las instituciones que ahora ha alcanzado otros niveles, que incrementan la vulnerabilidad e indefensión de la ciudadanía frente a la violencia institucional y delictiva, que cada vez son más difíciles de distinguir entre sí.
Publicado originalmente en El Estímulo.
