28 de agosto de 2018

Keymer Ávila | @Keymer_Avila

El investigador del Instituto de Ciencias Penales, de la Universidad Central de Venezuela, Keymer Ávila, realizó un análisis sobre las muertes ocurridas el año pasado en Venezuela durante los episodios de conflictividad y más específicamente, durante las protestas.

Hace una semana nuestro “Balance de muertes violentas ocurridas en el contexto de la conflictividad política en Venezuela durante abril-julio de 2017”, fue publicado en el Anuario del Conflicto Social de la Universidad de Barcelona, España, al haberse cumplido más de un año de estos acontecimientos, es propicia la ocasión para insistir en la importancia de documentar todo lo que viene sucediendo durante estos años; no solo como ejercicio académico de sistematización, sino que se trata también de hacer un aporte para la construcción colectiva de la memoria, esta última tarea es fundamental en estos tiempos.

El ejercicio realizado está basado en los registros publicados por el Ministerio Público, bajo el mandato de Luisa Ortega Díaz, en el informe llamado Balance de víctimas fallecidas y lesionadas durante manifestaciones desde el 6 abril al 27 de julio de 2017, en el que se describe detalladamente los perfiles de 109 víctimas. “Es de advertir que posteriormente se registraron otras muertes. Así por ejemplo, el mismo día de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (30 de julio) el propio Ministerio Público informó de 10 personas fallecidas. Esta misma institución a través de tuits y notas de prensa publicadas en su página Web -que ya no se encuentran disponibles-, informó sobre la muerte de 128 personas sin dar mayores detalles sobre las víctimas, circunstancias y presuntos responsables. Otras fuentes como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizan unas 163 hasta el 13 de agosto. A un año de estos hechos aún persiste la imprecisión en cuanto a las cifras de la conflictividad política de 2017”.

No obstante, el mencionado informe del Ministerio Público es el que ofrece los datos más completos y fidedignos. “Lamentablemente, luego del asalto militar que sufrió esta institución el 5 de agosto del pasado año, esta información fue eliminada de su página Web”.

Con esa base de datos original se realizó una caracterización de la violencia mortal, así como de las víctimas de la misma, durante los cuatro meses de conflicto:

1.- El promedio es prácticamente de un fallecido por cada día de conflicto (109 víctimas en 112 días). Desde lo situacional puede afirmarse que es una violencia que ocurre en el espacio público y que tiene como principal instrumento las armas de fuego (71%), la mayoría de las muertes ocurrieron en el contexto de manifestaciones (84%).

2.- En al menos 21% de estos casos hubo responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, en un porcentaje aún mayor se pudo evidenciar el ataque de civiles armados contra los manifestantes (24%). Días después, la Fiscal general destituida informó que 25% de estas muertes fueron responsabilidad directa del Estado y 40% fueron cometidas por civiles armados. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reveló en su informe, que en relación con 124 muertes registradas, 46 (37%) habían sido cometidas presuntamente por fuerzas de seguridad y 27 (22%) por grupos armados.

3.- De acuerdo con los datos analizados en el informe del Ministerio Público el cuerpo de seguridad vinculado a la mayor cantidad de casos fue la GNB (52%), seguida de las policías estadales (17%) y las municipales (13%). En los primeros 2 casos es de esperarse ya que son cuerpos con competencia en materia de control de manifestaciones, en este sentido, llama la atención que las policías municipales, que no tienen esta competencia, tengan más casos que la PNB (9%) que sí las tiene.

4.- Asimismo, preocupa cómo la mayoría de las muertes cometidas por funcionarios involucraron a la GNB, siendo esta instancia subsidiaria y auxiliar a la PNB en esta materia, que debe supeditarse a la autoridad civil. Este dato puede ser un indicador para evaluar si realmente la GNB está respetando los protocolos de actuación correspondientes, o si por el contrario, incumple con la normativa policial para imponer lógicas militares en el desempeño de labores policiales.

5.- Por otra parte, el total de funcionarios fallecidos fue de 7, lo que representa el 6,4% de las víctimas totales. Ello indica que no todas las manifestaciones fueron pacíficas; por el contrario, en algunos casos se tornaron violentas e incluso delictivas. Así por ejemplo, pudieron contabilizarse 13 personas fallecidas en intentos de saqueo, representando estas 12% de las muertes totales.

6.- También puede apreciarse que el número de lesionados supera las 1.934 personas, 61% como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Este es un indicador de la calidad de la actuación policial y militar en el control de las manifestaciones. El análisis nos muestra que los funcionarios fallaron en cumplir con los estándares del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, infringiendo los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.

7.- La obstaculización de vías también generó situaciones de conflictividad que ocasionaron 13 muertes por arrollamientos y accidentes de tránsito, lo que se ubica como la segunda causa de las muertes analizadas (12% de la conflictividad en general y 14,4% de las ocurridas durante las manifestaciones).

8.- Por uso indebido de bombas lacrimógenas murieron 4 personas, ya sea por impacto directo (2) o por asfixia (2). Tres personas fallecieron por explosivos y 2 personas fueron linchadas y quemadas (1,8%).

Publicado originalmente en Efecto Cocuyo.