24 de agosto de 2018
Keymer Ávila | @Keymer_Avila
El investigador del Instituto de Ciencias Penales, de la Universidad Central de Venezuela, Keymer Ávila, realizó un análisis sobre las muertes ocurridas el año pasado en Venezuela durante los episodios de conflictividad y más específicamente, durante las protestas.
Presentamos la segunda parte del análisis “Balance de muertes violentas ocurridas en el contexto de la conflictividad política en Venezuela durante abril-julio de 2017” que describe no solo el perfil de las víctimas, sino también la impunidad en estos casos.
En el perfil de las víctimas describimos que 93% eran hombres, su edad promedio era de unos 27 años. 34% pertenecía a la clase trabajadora y 27% eran estudiantes, estos 2 sectores constituyeron el perfil mayoritario de las víctimas (61%). Los cuerpos de seguridad fallaron en su función de proteger a las poblaciones vulnerables, al incluirse 13 menores de edad y un discapacitado entre las víctimas.
Las entidades con mayor cantidad de víctimas son: Distrito Capital (24%), Lara (15%), Carabobo (9%), Miranda (9%), Zulia (9%), Barinas (8%), Mérida (8%) y Táchira (7%). Estas 8 suman 90% de las víctimas fatales.
En cuanto a la respuesta institucional, en 91% de los casos en los que estaban involucrados funcionarios se tenía la identificación del organismo responsable. En 48% los funcionarios involucrados estaban identificados e imputados, un total de 34 funcionarios, de estos 31 fueron privados de libertad. Esto significa que en 35% de estos casos se privó de libertad a los presuntos responsables. Solo en 2 casos (9%) los funcionarios habían sido acusados.
Si bien casi la mitad de los funcionarios implicados han sido identificados, al menos en 52% de los casos se encuentran en total libertad. Por su parte, la Fiscal general reveló en agosto de 2017 que en 60% de los casos en los que hubo responsabilidad directa del Estado los organismos correspondientes no habían ejecutado las órdenes de aprehensión de los presuntos responsables, fenómeno que pudiera demostrar los niveles de solidaridad automática entre funcionarios y la ausencia de efectividad de los controles internos y externos de la actuación de los cuerpos de seguridad. Así como tolerancia de las autoridades con este tipo de conductas.
No se puede perder de vista que grupos de civiles armados fueron responsables de –al menos- 24% de las muertes, número que luego aumentaría a 40% de acuerdo con revelaciones de la Fiscal general en agosto. Además de implementar las medidas para que esos grupos dejen de actuar con la aquiescencia de los cuerpos de seguridad, debe exigirse la resolución de los casos en los que están involucrados, en muchos de los cuales no queda claro el vínculo de los mismos con los funcionarios estatales. Esta indagación cobra importancia cuando de 26 casos, solo en 7 (27%) hubo victimarios identificados, de los cuales 5 fueron privados de libertad, y apenas 1 fue acusado. Esta modalidad pudiera expandirse debido al manto de impunidad que puede traer consigo.
El Ministerio Público, bajo el mando de Tareck William Saab, si bien ha publicado información sobre la actualización del avance de algunos casos, no ha revelado una lista consolidada de las víctimas, sus perfiles, las circunstancias y los responsables de sus muertes. En este sentido, el análisis realizado en este trabajo se basó en información provisional que no refleja la totalidad de los sucesos. La publicación de esta información continúa siendo una deuda pendiente.
La ley es muy clara: los cuerpos policiales deben encargarse de garantizar el derecho a la vida, el derecho a la reunión pacífica, el derecho a la libertad y el resto del conglomerado de los derechos humanos de las personas. Para cumplir con la garantía de derechos, se han definido parámetros, reglas y normas que los funcionarios están obligados a seguir. El análisis sobre la conflictividad venezolana en el 2017 reflejó que los cuerpos de seguridad son responsables de la muerte de al menos 23 personas que, por el contrario, debían haber protegido.
Falta esclarecer las circunstancias y responsables de la mayoría de los casos. Es así como, por ejemplo, la ACNUDH ha establecido que no ha podido precisarse la información sobre la identidad de los responsables de 51 muertes. En este sentido, debe exigirse la responsabilidad inmediata de todos los implicados.
En la medida que haya mayor transparencia y debida diligencia, tanto en la investigación y resolución de la totalidad de los casos, como en la publicación de la información de los mismos, mayores posibilidades habrá de que las víctimas obtengan justicia y que se garantice la no repetición de la violencia institucional y la violación a los derechos humanos de los venezolanos. La activación de los controles institucionales, la contención del poder bélico y la adjudicación de responsabilidades, cobra especial importancia en un contexto donde la crisis institucional, política, social y económica se agudiza, lo que posiblemente genere nuevas olas de protestas.
En el momento de escribir estas líneas se cuentan al menos 12 personas fallecidas durante las protestas en lo que va del año 2018. Además, las fuerzas de seguridad protagonizan a diario una masacre por goteo de los jóvenes pobres de nuestros barrios, cuyo saldo letal es muy superior a las cifras que hemos analizado en este espacio. La información, la caracterización de los eventos y las víctimas, así como la denuncia pública, la exigencia del procesamiento de los responsables, son herramientas fundamentales para evitar que este tipo de excesos se sigan expandiendo. Esperamos que estas líneas puedan ser de alguna utilidad para este objetivo.
Se puede ver el informe completo en este enlace: https://www.academia.edu/37184267/Balance_de_muertes_violentas_ocurridas_en_el_contexto_de_la_conflictividad_pol%C3%ADtica_en_Venezuela_durante_abril-julio_de_2017
Publicado originalmente en Contrapunto
