14 de julio de 2021

Reynaldo Mozo Zambrano

Las megabandas de la ciudad de Caracas no son sigilosas para mostrar su poderío y así lo demostraron durante la ola de violencia que generaron los días 7, 8 y 9 de julio en los alrededores de la Cota 905, donde sin temor a las consecuencias compararon sus fuerzas con las de funcionarios de seguridad del Estado y pusieron en vilo a miles de habitantes de esas zonas del suroeste capitalino. 

Desde enero de este año los integrantes de la megabanda que lideran Carlos Luis Revete, alias «el Koki»;  Garbis Ochoa Ruiz, alias «el Garbis» y Alfredo Calderón Martínez, apodado «el Vampi»,  han querido tomar el control territorial de la parroquia La Vega para expandir su acción criminal. Es por eso que desde esa fecha se han generado múltiples enfrentamientos que han dejado 17 víctimas colaterales, identificadas hasta este 13 de julio. 

Durante los recientes tres días que duró el ataque armado la violencia cobró la vida de 10 personas que no estaban involucradas en el conflicto, entre ellos un niño de 11 años de edad y dos mujeres. Todos murieron por quedar atrapados en el enfrentamiento o tras ser alcanzados por balas perdidas. En el enfrentamiento también murieron cuatro funcionarios de seguridad y, según el parte de la ministra Carmen Meléndez, hubo “22 delincuentes neutralizados”. 

Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), profesor de Criminología en pre y posgrado de esa casa de estudio y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), explica que lo ocurrido durante esos tres días de violencia armada, en lugares céntricos de Caracas, fue una demostración de fuerza de estas bandas contra el Estado .

En una entrevista para Efecto Cocuyo, Ávila ofrece un análisis de lo sucedido: 

P: La escalada en la violencia del 7, 8 y 9  de julio ha llamado la atención de todos los ciudadanos. Delincuentes bajaron de sus territorios controlados a zonas que aún no dominan, para enfrentarse a la Policía y mostrar su arsenal. ¿Qué opinión tiene acerca de esta acción y qué mensaje buscan dar las megabandas organizadas?  

R: Lo ocurrido en estos días debe ser considerado en su contexto y verse como parte de un proceso que no es reciente ni tampoco único. Entre las muchas aristas que se pueden abordar considero tres claves dentro de las cuales pueden insertarse luego explicaciones territoriales y locales, incluso coyunturales, pero que tendrán en común estos elementos: el contexto de profunda violencia estructural que padecemos los venezolanos, la estructura de oportunidades ilícitas que el propio sistema ofrece y la violencia institucional que le es funcional a las dos anteriores.

En primer lugar, tenemos la violencia estructural, que excluye a las mayorías del país y las condena a precarias condiciones de vida. A los jóvenes no se les ofrece ningún tipo de oportunidades ni opciones de futuro en el mundo lícito. 

Dentro de este nivel macro, hay que considerar el segundo aspecto: la estructura de las oportunidades ilícitas. Las grandes bandas dotadas con armas de guerra no pueden existir sin el apoyo del mundo lícito; este es uno de los puntos más básicos de las teorías de las subculturas criminales, desde los años 60 del siglo pasado. Determinados sectores del mundo “lícito” tienen una relación funcional con las actividades y existencia de las bandas, comparten ganancias y rentas, esto pasa por otorgarles soportes sociales, institucionales, económicos, políticos, entre otros. Es decir, garantías para operar de manera impune, colaboración de cuerpos policiales y militares, complicidad de fiscales, jueces, etc. 

Es importante resaltar que esto no tiene que ver con ideologías ni programas políticos, es solo un asunto de negocios, de mercados ilícitos comunes. Es así que se van conformando las llamadas gobernanzas criminales, que no es un fenómeno particular nuestro; pueden verse también en varias ciudades latinoamericanas de Centroamérica, Brasil, Colombia y México.

Estas alianzas no son estables, en ocasiones estos intereses en común pueden entrar en conflicto generando guerras irregulares entre estos bandos. Esos acuerdos precarios pueden quebrarse por distintas circunstancias; eso parece que fue lo que ocurrió esta semana en las parroquias del suroeste caraqueño y que había sucedido también hace meses en La Vega y Petare.

Finalmente, la tercera arista que completa este círculo vicioso es la violencia institucional. Esta es uno de los principales instrumentos de manutención y reproducción de la violencia estructural. Los operativos policiales militarizados que han ocasionado la muerte de miles de jóvenes anualmente, han tenido un impacto en la reconfiguración de estos grupos, que han establecido alianzas entre ellos, se han formalizado, estructurado y equipado mucho más que antes.

En este contexto general pueden insertarse luego casos particulares con sus propias lógicas territoriales, económicas y de actores circunstanciales. Para poder hablar de un sector o localidad específica habría que concentrarse en hacer un trabajo serio de campo en ese lugar; no es mi caso. Lo que te puedo comentar de las investigaciones y trabajos de campo que han hecho otros colegas y también de información que es de conocimiento público. Es que la Cota 905 geográficamente es un lugar estratégico de Caracas, que conecta con varios puntos y otros sectores claves de la ciudad, que ofrece ventajas operativas, tácticas y bélicas. Los conflictos armados entre las bandas y la Policía llevan ya años en esa zona. Los vecinos viven desde hace tiempo en estado de sitio. 

Estas bandas, a raíz de los operativos militarizados como las OLP, se aliaron entre sí, crecieron, se equiparon y se expandieron a otros mercados y territorios. Los eventos dramáticos ocurridos hace unos días en lugares muy céntricos y concurridos de Caracas, fue una demostración de fuerza de estas bandas hacia el Estado, en respuesta a unas acciones policiales que se habían realizado días antes en otra zonas contra otros grupos delictivos. Sin dudas esto traerá consecuencias; es posible que estas bandas hayan realizado un mal cálculo, sobrestimando sus propias capacidades y subestimando las del Estado. 

P: Viendo el accionar de la delincuencia organizada, ¿usted cree que la policía está preparada para acabarlas. Está el Gobierno en capacidad de desarticular los grandes grupos delictivos? 

R: De las conversaciones con funcionarios policiales, que he realizado en el marco de mis trabajos de investigación durante los últimos dos años, se puede concluir lo siguiente: ningún grupo delictivo, por lo menos en Caracas, puede con las fuerzas de seguridad del Estado en su conjunto. Pareciera que estamos más ante un problema de voluntad política e institucional, más que de capacidades; lo ocurrido en estos días así lo demuestra.

P: Se hicieron virales imágenes en las que el grupo armado se bajaba de una camioneta para tomar una avenida en El Cementerio. Estas bandas armadas pareciera que estuvieran enfrentándose en una guerra por su forma de actuar. ¿Qué pasa si el Estado no le pone freno inmediato?

R: Lo ocurrido en estos días es apenas lo más visible y es consecuencia, por una parte, de la ausencia de controles formales e institucionales y por otra, de la expansión de la informalidad e ilegalidad que abarcan tanto espacios institucionales como no institucionales. 

La intervención de las instituciones debe tener como objeto la protección de los derechos de las personas, no lo contrario. La no intervención oportuna también puede ser considerada como una violación por omisión por parte del Estado. Por otra parte, la actuación desbordada, ilimitada e indiscriminada de los cuerpos de seguridad del Estado es un contrasentido que incrementa la inseguridad de todos, restándole legitimidad y la razón de ser del propio Estado.

En otros espacios he explicado cómo el sistema penal venezolano, históricamente, tiene a moverse de manera pendular: va desde la inacción, el no hacer nada, la indolencia y la desidia, pasando rápidamente al otro extremo: el de los excesos y abusos, sin pararse en el justo medio ¿Cuál es el justo medio?, una actuación racional, institucional, permanente, proporcional y enmarcada en la ley.

P: Extraoficialmente se habló de realizar una mesa de diálogo. Incluso, dos meses antes, Douglas Rico asomó la posibilidad, ¿es viable hacer negociaciones a pesar de la actitud bélica de los delincuentes?

R: Hay que tener cuidado con las distorsiones del esquizofrénico debate político-partidista venezolano, que tiende a contaminar cualquier reflexión sobre los problemas sociales de nuestro país. Parece haber intenciones políticas, tanto del Gobierno como de la oposición, para darle una beligerancia y un peso político-militar a estos grupos que, por lo menos hasta ahora, afortunadamente, no poseen. Este es un juego riesgoso que pudiera convertirse en una profecía autorrealizada o autocumplida, que solo fomentaría salidas represivas indiscriminadas y autoritarias. También hay que ser cuidadosos de estar trasladando forzadamente análisis y prácticas de otros contextos como el centroamericano o el colombiano a la realidad venezolana, que tienen sus particularidades y cuyos fenómenos y procesos no son del todo análogos. 

Por otra parte, considero necesario subrayar que para los derechos de la ciudadanía en general es sumamente peligroso que se mezclen situaciones de seguridad ciudadana y de control del delito con situaciones de seguridad nacional, soberanía o incursiones de grupos bélicos en el país. Lo primero es de naturaleza civil, lo segundo es de naturaleza militar. Cuando lo primero se confunde con lo segundo los objetivos militares son los ciudadanos. Y si esto se hace en el marco de un estado de excepción, como en el que estamos desde hace más de cinco años, pues mucho peor.

P: Las Faes y otros grupos élite policiales hicieron una incursión en los sitios que la delincuencia organizada controlaba totalmente. El despliegue para capturar a los cabecillas de la megabanda dejó 22 presuntos delincuentes muertos, pero no hay rastros de «el Koki», «el Vampi» y «el Garbis».  ¿Son viables estos operativos y son aceptables este tipo de incursión sin presencia de la Fiscalía? Además, la ministra Meléndez no dio parte del número de personas detenidas. ¿Cómo se puede calificar la incursión policial y qué necesita un operativo para considerarse exitoso? 

R: Un operativo es exitoso cuando su objetivo es proteger los derechos de la ciudadanía y el interés público, en el marco de la legalidad; también cuando, en caso de ser necesario, el uso de la fuerza es proporcional al ataque o amenaza recibida por el funcionario que busca realmente resguardar la propia vida o proteger la de un tercero. Un operativo es exitoso cuando los infractores son procesados legalmente, cuando al resto de la ciudadanía, que se encuentra inocente de estos eventos, se le resguardan sus derechos e integridad, cuando se rinden cuentas de manera clara a la ciudadanía con información detallada y verificable. La vida, la integridad y los derechos de las personas, deben ser el núcleo de toda la actuación estatal. 

Actualmente, los vecinos de estas comunidades viven en una zozobra constante, en estado de excepción permanente. Cuando el Estado y las instituciones reguladoras de la vida social se ausentan y dejan de cumplir su rol, este espacio lo ocupan otros actores y es lo que podemos observar en las periferias de varias ciudades latinoamericanas en Centroamérica, Brasil, Colombia, México y Venezuela. Porque eso también es otro asunto, los patriotismos negativos nos obligan a decir siempre que somos los únicos o los peores; pues no es el caso, no somos los únicos, aunque sí nos encontramos entre los países con los mayores índices de homicidios y de letalidad policial.

La regulación de la vida social que ejercen los grupos delictivos no es ideal, no hay que romantizarla, es un poder que se ejerce también de manera despótica, arbitraria y autoritaria. Así la gente del barrio termina teniendo múltiples victimarios: la exclusión estructural socioeconómica, el propio Estado, sus cuerpos de seguridad y los grupos delictivos.

Este riesgo permanente trae como consecuencia desplazamientos internos, por parte de familias que quieren escapar de los enfrentamientos entre bandas antisociales, y entre éstas y los operativos policiales. En diferentes zonas de Caracas hay abandono de viviendas o sus ventas a muy bajo costo, lo que profundiza la precariedad en la que se encuentran. 

No basta entonces con atrapar a todos los de la banda y encarcelarlos, el Estado debe tener presencia en estas comunidades, pero no solo para lo policial, especial y principalmente para lo social ¿Qué opciones de vida lícita se les está ofreciendo a nuestros jóvenes? ¿Qué expectativas de futuro tienen los jóvenes de los sectores populares? Esto es algo que se debe abordar ¿Cómo competir con las bandas delictivas para que el mundo lícito sea realmente una mejor opción?

Y este no es un problema a resolver exclusivamente en la Cota 905. Es parte de los problemas de índole estructural que es preciso abordar a nivel nacional. Hoy es la Cota 905, mañana puede ser en cualquier otro sector, barrio o comunidad abandonado por el estado social.

Si no se resuelve la ausencia de oportunidades, la exclusión social y la violencia estructural en la que estamos inmersos, así como la precariedad y corrupción institucional que padecemos, y se crea que la violencia institucional es la única receta –cuando realmente termina siendo una parte fundamental de la violencia estructural-, la máquina productora de fenómenos como los de la Cota 905 seguirá en marcha, con independencia de la sustitución de los protagonistas de la actual coyuntura, o del lugar donde pueda manifestarse.

P: A su juicio, ¿qué debe hacer el Gobierno para acabar con las megabandas, con garantía de derechos humanos? ¿Eso se puede, con este nivel de violencia?

R: Volvemos a la voluntad político-institucional: ¿se quiere desmantelar las bandas delictivas o se quiere hacer solamente propaganda política?

Supongamos que lo que se quiere es lo primero. ¿Cómo desarticular bandas? Con trabajo de inteligencia de alto nivel, respondiendo inicialmente las preguntas más básicas: ¿Cómo se articulan? ¿Quiénes las proveen de armas convencionales, armas de guerra y municiones? ¿Quiénes les garantizan protección institucional e impunidad? Las bandas grandes y el llamado crimen organizado –tal como ya lo comenté en mi primera respuesta basada en las teorías clásicas y los innumerables trabajos empíricos sobre la materia- no pueden surgir, ni tener poder, sin un mínimo apoyo institucional de policías o militares, fiscales y jueces. Entonces debe aplicarse un trabajo de inteligencia en un doble sentido, hacia afuera, es decir, hacia la banda y su territorio; y hacia adentro, dentro de los propios operadores del sistema. Pueden “neutralizar” a algunos miembros o cabecillas de la banda, pero mientras no cese la fuente de protección e impunidad institucional, así como los mercados ilícitos en los que tienen intereses en común, los líderes y miembros de la banda serán rápidamente sustituidos por otros. 

Una vez identificados los sujetos, tanto los de adentro como los de afuera, y evaluado su capacidad de resistencia, se planifica su detención con un nivel de fuerza acorde para que todos sean procesados con el mínimo uso necesario de la fuerza; resguardando siempre la vida e integridad física de terceros inocentes, de los funcionarios y de los investigados. Pero allí nos encontramos con otro asunto ¿Cómo están nuestras cárceles actualmente? Entonces debe transformarse radicalmente nuestro sistema penitenciario, el Estado debe tener un real control no solo de las cárceles, también de los calabozos policiales, y aún antes, tener en cuenta como está administrándose el uso de la pena privativa de libertad y la fuerza letal como las recetas para todo, allí volvemos al tema de la institucionalidad y del respeto de los derechos para todos.

Con un serio trabajo de inteligencia se reducen los objetivos y se es más eficiente. Incluso desde el punto de vista militar las razias policiales, detenciones y matanzas masivas e indiscriminadas, no solamente son un derroche innecesario de recursos, además sus costos sociales y en vidas humanas los hacen injustificables desde todo punto de vista.

P: Fue impresionante ver la cantidad de armas de guerra que poseían los integrantes de la megabanda. ¿Cómo un grupo delictivo obtiene estas armas? ¿De dónde sacan tantas municiones? 

R: Este armamento de guerra puede verse en grupos criminales en varios de nuestros países como Colombia, Brasil, México y algunos de Centroamérica. En el caso venezolano el rol del Estado es fundamental, porque él es el que posee el monopolio de la fabricación, importación, distribución y comercialización de las armas y municiones en el país. Además, se trata de una gestión gubernamental continua que tiene más de 20 años en el ejercicio del poder, cuidando todas las fronteras del país, con el control a la Fanb, todos los cuerpos policiales nacionales y a casi todas las policías regionales. Por eso es importante retomar las recomendaciones elaboradas durante el proceso de reforma policial y de la comisión para el desarme, en especial, el marcaje de las municiones asignadas a los cuerpos de seguridad, y hacer efectivos los respectivos controles, fiscalizaciones y supervisión de sus parques de armas.

Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo