Efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales patrullan el barrio Antimano de Caracas. Enero 29 de 2019. Foto: AP.
20 de marzo de 2021
Oswin J. Barrios
Isaac se encontraba volando un papagayo en el barrio de Coche, en Caracas, cuando una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegó disparando al lugar.
Sus familiares cuentan que al escuchar las detonaciones el niño de 14 años de edad empezó a correr, pero fue alcanzado por una bala.
Los efectivos del Cicpc se lo llevaron malherido y posteriormente su cadáver fue localizado en la morgue de Bello Monte.
El niño Isaac Mata murió el 17 de abril de 2020. Sus parientes acusan al Cicpc no solo de haberle asesinado, sino de acusarlo de delincuente.
Una tía de Isaac declaró a los medios de comunicación que los funcionarios calificaron al joven como criminal. También señaló que el cadáver del joven tenía marcas de haber sido esposado.
Isaac estudiaba primer año de bachillerato en el liceo Pedro Emilio Coll, de Coche. Vivía en el barrio de la zona con sus padres y un hermano menor.
En 2021 un operativo realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, dejó la cifra extraoficial de 23 fallecidos en varios sectores de la parroquia La Vega, también en Caracas.
De ellos, fueron identificados 12 y tres son menores de edad. Uno es Carlos Alfredo Hernández Hurtado, de 16 años. Sus familiares relataron al portal informativo Crónica Uno que la mañana del viernes 8 de enero salió de su casa para comprar queso y luego se encontraría con un amigo de la zona. Cuando caminaba por la calle Independencia le dispararon.
Otro adolescente asesinado durante el operativo fue Jonathan Useche, de 17 años, a quien los funcionarios de las FAES sacaron de su vivienda encapuchado. Mientras que Jonathan Efraín Durán González, también de 17 años, también fue registrado entre las víctimas.
El racismo como tabú
Las presuntas ejecuciones extrajudiciales de estos cuatro jóvenes venezolanos se ajustan al perfil de víctimas potenciales de las FAES: ser joven y vivir en una zona popular del país, como indica el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea.
Ante esta situación la pregunta a formular es ¿por qué matan a los muchachos de las barriadas?
Keymer Ávila, quien desde la UCV es uno de los más importantes investigadores sobre los abusos de los cuerpos de seguridad en Venezuela, dice que los jóvenes menores de 30 años representan, al menos, más de la mitad de la población del país y que los prejuicios de raza y criminalización resultan en víctimas mortales.
“La literatura criminológica explica que los jóvenes son la población más activa y expuesta social y laboralmente en todos los sentidos, y si a esto se le agregan los prejuicios de raza y de clase el resultado es la fatalidad y permanente tendencia a la estigmatización y criminalización en contra de estos sectores de la sociedad”, expresó Ávila a Radio Fe y Alegría Noticias.
En otra entrevista ofrecida a la revista latinoamericana Nueva Sociedad en 2020 Keymer Ávila asegura que el racismo en Venezuela es un problema no admitido ni asumido. Es casi un tema tabú.
Para el especialista se trataría más de un racismo simbólico, cultural, latente, que se presenta en ocasiones como algo simpático o humorístico, estético, junto a un cúmulo de prejuicios; así como sutiles e indirectas formas de opresión, discriminación, estigmatización y exclusión.
“Esto va desde el no reconocimiento u ocultamiento de la propia herencia africana o indígena hasta la autodiscriminación. Es lo que Esther Pineda ha definido como ‘endorracismo’, que es básicamente el racismo ejercido por los propios discriminados. Por ello también cuesta tanto asumirlo. No alcanza los niveles institucionalizados y extremos que tiene en Estados Unidos, pero sin duda alimenta un sustrato para legitimar posteriormente otras formas de violencia en contra de estos grupos”, explicó Ávila a la revista Nueva Sociedad.
De acuerdo con Ávila, quién también forma parte de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), la violencia contra los más vulnerables en términos económicos no es una particularidad de Venezuela, es un problema que tiene toda la región.
Según el último informe sobre homicidios de la ONU los hombres jóvenes están especialmente en riesgo. La tasa de homicidios para hombres de 18 a 19 años se estima que está en 46 por cada 100 mil habitantes (pccmh), un riesgo mucho más alto al que tienen los jóvenes en otras regiones.
Para tener una idea de las dimensiones de lo que se está hablando, la tasa mundial general es de 6 pccmh.
Venezuela al encontrarse entre los países con las tasas más altas de homicidio, y de muertes a manos de las fuerzas de seguridad, 45,6 pccmh según el Observatorio Venezolano de la Violencia para 2020, la consecuencia es que las magnitudes de la masacre por goteo contra los jóvenes de sectores populares sea aún mayor.
La pena de muerte no existe en Venezuela
Por otra parte, Ávila resalta que no hay que perder de vista que ante la opacidad de los datos oficiales la información que proviene de los casos registrados en las noticias es fundamental.
“Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que se trata de un subregistro grande, en los trabajos que hemos realizado durante todos estos años, los casos que logramos documentar no llegan a superar el 30% de los que realmente suceden o los que el sistema penal llega a registrar. En muchas ocasiones los estados centrales quedan sobrerrepresentados y los del interior invisibilizados, de allí la importancia de la organización social, las resistencias de base y los medios de comunicación”, expresó Ávila a Radio Fe y Alegría Noticias.
Sobre los antecedentes penales, los registros policiales o la supuesta inocencia o no de las víctimas Keymer Ávila es tajante: “este debate realmente está fuera de lugar y es sumamente peligroso, porque la pena de muerte —que se encuentra en proceso de extinción a nivel mundial— no existe legalmente en el país, y de existir no la deben administrar discrecionalmente policías y militares en la calle, sin ningún tipo de controles, rendición de cuentas, ni responsabilidades posteriores”.
Agrega que el que tiene antecedentes penales ya cumplió con su castigo ante el Estado y la sociedad, y se le debe ofrecer oportunidades de integración, no lo contrario, y condenarlo a la exclusión, a la reincidencia o a la muerte.
“El que tenga deuda con la justicia o esté solicitado debe ser procesado en marco de la legalidad y aplicársele las penas lícitas que corresponden”, señaló Ávila.
Argumenta que no todos los que son asesinados por la policía son delincuentes, esencialmente son los que cumplen con el estereotipo que los prejuicios sociales, de clase y raza que se construyen sobre ellos: jóvenes, morenos y pobres.
Según lo que establece la Constitución venezolana y aun siendo el peor delincuente no debe ser ejecutado, debe ser procesado legalmente.
“Como sociedad no debemos permitir que las fuerzas de seguridad del Estado se comporten como delincuentes, ni tolerar ni justificar que cometan actos delictivos. Cuando eso sucede, cuando comenzamos a hacer excepciones en materia de derechos, la excepción se convierte en la regla, y en ese escenario perdemos todos”, reflexiona el profesor de la UCV.
Precarización institucional
Evaluando la gestión de los ministros de Interior en Venezuela desde 1958 a la fecha, en total han sido 43. Keymer Ávila apreció continuidades en la precarización y deterioro institucional que guarda relación con las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
“En términos generales —más allá de la particular coyuntura que representa el año 2020 por el COVID-19, que sin duda afecta todo— la tendencia en general a partir del año 2013 es al incremento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad, que ha tenido picos muy altos en 2015, 2016, 2018 y 2019”, refirió Ávila.
Pero más allá de las cifras las cuales reflejan al menos 5 mil muertes por estas causas al año, lo que significa que en Venezuela, según la última información oficial disponible, unos 15 jóvenes mueren diariamente a manos de las fuerzas de seguridad, y lo más preocupante para Ávila es el porcentaje que estas muertes representan dentro del total de homicidios en el país.
“En 2010 eran apenas un 4%, ocho años después llega al 33%, es decir, que uno de cada tres homicidios que ocurre en el país se debe a la intervención del propio Estado, los datos disponibles para 2019 y 2020 indican que este porcentaje sigue en aumento”, asegura el experto.
En un país sin pena de muerte la prensa y las organizaciones no gubernamentales siguen registrando cientos de fallecidos en presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Allí está la historia de Isaac Mata que se repite por decenas en informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet con algunos cambios, como que una comisión de estos cuerpos de seguridad tocaron la puerta de una casa, sacaron a los familiares de un joven mientras ellos se quedaron en el cuarto con el muchacho. Luego suenan disparos y los gritos de una madre sin consuelo retumban en los techos de lata y zinc.
Y es lo que reflejan también las estadísticas del año 2020. Un informe de la iniciativa Lupa por la Vida, que se trabaja desde la alianza entre PROVEA, Centro Gumilla y Radio Fe y Alegría Noticias, casi 3 mil personas fueron asesinadas por cuerpos policiales y militares durante los 12 meses de un año que se caracterizó por la primera oleada de la pandemia del Coronavirus.
Eso es lo que pasa mientras los periodistas escriben trabajos como estos, y ahí están ustedes, leyendo sobre ellos: las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Publicado originalmente en: Fe y Alegría
