La falta de claridad del Estado de Excepción es un terreno amplio para los excesos de militares y policías. El criminólogo Keymer Ávila indica que los sobornos o el matraqueo son algo predecible en el marco de la cuarenterna por discrecionalidad de los cuerpos armados
30 de julio de 2020
Sofía Nederr
La falta de claridad del Estado de Excepción que rige en el país es un terreno amplio para los excesos de militares y policías. Este es una de las situaciones que acentúan las denuncias sobre atropellos y presuntos sobornos de militares, sobre todo de la Guardia Nacional (GN), y de las policías, indican abogados que hacen seguimiento a las actuaciones en estos casos.
«Los sobornos o el matraqueo son algo predecible en el marco de la cuarentena y el estado de excepción. Aunque en Venezuela llevamos más de cuatro años bajo estado de excepción, con la situación actual se le da mayor poder y discrecionalidad a los cuerpos armados del Estado. La pandemia lo que ha hecho es una vuelta de tuerca más en una política que significa el ejercicio del poder sin contención«, señala el criminólogo Keymer Ávila.
El especialista añade que el decreto de Estado de Excepción en medio del covid-19 es confuso, además de inconstitucional porque no pasó por el control de la Asamblea Nacional (AN). Pero, además, en el decreto debieron incluirse las medidas específicas para enfrentar la situación en medio de la pandemia.
«El decreto es sumamente genérico y, en varios lugares, dice que los cuerpos de seguridad harán lo que está a su alcance para materializarlo, con lo cual tienen carta blanca y una patente de corso para actuar», subraya Keymer Ávila.
En ese sentido, el criminólogo acota que la situación se da con algunos precedentes que no deben perderse de vista. «Tanto en 2018 como en 2019, tenemos más de 5.000 personas muertas por intervención de la fuerza pública y no pasa nada. El 30% de los homicidios que ocurren en el país es producto de las fuerzas de seguridad del Estado sin ningún tipo de consecuencia, sin ningún tipo de responsabilidad», refiere.
Ávila indica que no se conoce bien cómo se desarrollaron los hechos en Aragua de Barcelona (Anzoátegui) el 25 de julio, en los cuales son investigados militares de la GN y civiles por la violencia en una bomba de gasolina de la que resultaron un fallecido y varios heridos. De allí que recuerda deben hacerse las experticias y escuchar a los testigos.
«De lo que se puede leer, la información es confusa. Parece que la GN, en Aragua de Barcelona, se encontraba más en actividades particulares en pleno abuso de su poder que en funciones de contención de orden público, que constitucional y legalmente le compete en primer lugar a la policía estadal. Sí ésta se ve rebasada en capacidad y medios, le corresponde a la brigada de orden público de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y solo, en última instancia, a la brigada de orden público de la GN. A todo evento la contención de manifestaciones de orden público no deben hacerse con armas de fuego«, señala Keymer Ávila.
Excesos bajo excepción
El criminólogo recordó que, contrario a la Constitución, la resolución 8610 sobre las «Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones» (2015), prevé el uso de armas de fuego para controlar el orden público.
Pero la norma, avalada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además viola la Ley del Servicio de la Policía según la cual la mediación en orden público compete a la Policía Nacional. «La Constitución establece que el orden público forma parte de la seguridad ciudadana que es de naturaleza civil y no militar, y prohíbe el control de las manifestaciones con armas de fuego», recuerda.
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El terreno amplio para los excesos militares y policiales, incluidas las denuncias sobre violación de derechos humanos, es que en medio del Estado de Excepción nadie controla al poder Ejecutivo y éste no regula ni controla a los cuerpos de seguridad, agrega el criminólogo Keymer Ávila.
«Entonces se da la patente de corso: ‘tú resuelves como mejor estimes’. A eso le agregas el mercado ilícito con productos escasos y la mafia del contrabando de la gasolina que ahora no solo está en la frontera, también en todos los estados del país», acota.
Por su parte, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señala que se conoce de imputaciones por la Ley contra el Odio o por protestar, pero poco se conoce de los casos en que haya imputaciones y detenciones de militares y policías por cometer sobornos, por ejemplo, en medio de la escasez de gasolina del país. En ese sentido, cree debe haber más investigaciones concretas.
«Mientras no haya imputaciones, los funcionarios siguen buscando ingresos paralelos a costa del sufrimiento de la gente», añade.
En junio de 2020, el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, informó de 97 detenciones de ciudadanos vinculados a hechos de corrupción en estaciones de servicio, por apropiación o venta irregular de gasolina: 58 civiles y 39 efectivos de la Guardia Nacional.
Excesos en las bombas
El abogado Alí Daniels coincide con Keymer Ávila en la discrecionalidad generada con el Estado de Excepción para las fuerzas de seguridad. Cree que los abusos o los sobornos que se han denunciado en algunos casos están propiciados además por el control que, en la mayoría de los casos, tienen los militares en las bombas de gasolina, especialmente tras algunas expropiaciones.
«Hay una discrecionalidad de los militares para la distribución de la gasolina y como consecuencia se genera corrupción», señala Alí Daniels.
Otro aspecto referido por el director de Acceso a la Justicia es que, en materia de la venta de gasolina, Caracas es una isla respecto al interior del país. «En las poblaciones pequeñas, los efectivos militares están aislados de los jefes y comandantes con lo cual se incrementa la discrecionalidad«, expresó.
Daniels destaca que en los casos de abusos hay impunidad. Recordó que en el reciente informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se señala que en 958 casos de violación de derechos humanos, según información enviada por la Fiscalía, no hay condena.
Actuación militar
El general retirado Enrique Prieto Silva (GN) cree deben investigarse bien las circunstancias en las que se denuncian actos de violencia de funcionarios militares en medio de situaciones de supuesto soborno. «En Aragua de Barcelona no se sabe si los hechos se generaron por el cobro de comisiones, pero un oficial debe estar preparado para no hacer eso«, señala.
Prieto Silva, también abogado, sostiene que es extraña la actitud que habría asumido el capitán que se investiga en Anzoátegui, porque un oficial debe tener adiestramiento para mediar en casos de conflicto. Agrega que las experticias deberían esclarecer cómo ocurrieron los hechos y porqué se llegó a disparar a los ciudadanos que estaban en la bomba, cuando estas situaciones deben evitarse.
El general retirado cree que los casos de exceso denunciados en los últimos meses no deben compararse. Estima que la situación en Anzoátegui no es igual a la ocurrida en Lara en junio de 2020, con una abogada y una efectiva de tropa de la GN. En este último caso, además, hubo agresión de ambas partes, refiere.
Investigación en Anzoátegui
El 28 de julio, el fiscal Saab informó de la imputación a cuatro militares de la GN y dos civiles por su presunta participación en «los violentos enfrentamientos entre funcionarios de la GN y civiles”, en Aragua de Barcelona.
Los militares son el capitán Carlos Alberto Borregales, y los sargentos mayores de tercera Jorge Leonardo Meneses Perozo, Luis Carlos Romero Febres y Víctor Danilo Meza Escorche, quienes fueron presentados ante el Tribunal 7° de Control de Anzoátegui.
Los delitos imputados son homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en grado de complicidad correspectiva, agavillamiento, uso indebido de arma de fuego orgánica y omisión de socorro. Esto último habría ocurrido en en perjuicio de Carlos Henríquez Chaparro, quien falleció a causa de proyectiles.
Además, a los militares se les acusó del delito de homicidio calificado en grado de frustración por heridas con arma de fuego a Cristóbal Ruiz. El Ministerio Público también acusó de cómplices necesarios, en los delitos de homicidio calificado y omisión de socorro, a los civiles Danny Arellán y Juan Rodríguez.
En la reseña policial sobre los hechos en Aragua de Barcelona, se refiere que «funcionarios de la GN del municipio Aragua de Barcelona, al momento que se encontraban en la referida estación de servicio y se disponían a retener a un ciudadano quien coordina el acceso de los vehículos a dicha estación, fueron recibidos por un grupo de personas, quienes con objetos contundentes intentaron evitar que los funcionarios detuvieran a dicho sujeto, originándose una alteración de orden público, optando los militares por hacer uso de sus armas de fuego».
Publicado originalmente en: Tal Cual
