Familiares y amigos de Yonaiker Ordóñez, de 18 años, durante el entierro del joven, que habría muerto por disparos de agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales.Credit…Meridith Kohut para The New York Times
31 de enero de 2019
Ana Vanessa Herrero y Nicholas Casey
CARACAS — Los agentes irrumpieron en el hogar de Yonaiker Ordóñez, de 18 años, el domingo por la mañana cuando el joven venezolano estaba dormido. Los hombres, con rifles en mano y cascos, agarraron al adolescente y lo forzaron a moverse a otra habitación sin explicar por qué estaban ahí, de acuerdo con la familia del joven.
“Se lo llevaron a él para la parte de atrás y lo mataron”, dijo la hermana de Yonaiker, Yengly González.
La operación fue similar a la de redadas policiales contra personas acusadas de ser pandilleras que aterrorizan los barrios pobres de Venezuela. Excepto que el único delito achacado a Yonaiker, según su familia, es que unos días antes acudió a una protesta en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Maduro enfrenta el reto más grande de su autoritario gobierno. Los manifestantes están en las calles, un líder opositor se juramentó presidente encargado, un número considerable de gobiernos extranjeros han respaldado ese reclamo y el gobierno estadounidense de Donald Trump ha aumentado la presión al quitarle a Maduro el acceso a los ingresos de la venta de petróleo a Estados Unidos, la principal fuente de dinero para el gobierno.
De cara a la crisis, Maduro ha respondido con dureza: desplegó a las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier disensión en operativos que han dejado alarmados incluso a algunos de los partidarios tradicionales del presidente.
Sin embargo, aunque las fuerzas armadas han dicho públicamente que mantienen su respaldo a Maduro, no han asumido ese papel de manejo de manifestantes como en el pasado. Hace dos años durante meses de protestas caóticas en contra de Maduro, la Guardia Nacional Bolivariana fue en gran medida la que se encargó de poner fin a las manifestaciones con macanas y balas de goma, mientras que muchos de los participantes en las protestas fueron enjuiciados por tribunales militares.
En esta ocasión, en una posible muestra de la división de lealtades en el seno de las fuerzas armadas, casi todos los actos de represión han sido encomendados a una unidad policial que Maduro creó hace poco para realizar redadas contra las pandillas en las barriadas.
Ahora esa unidad conocida como Fuerzas de Acciones Especiales, o FAES, parece tener en la mira a los opositores políticos. Sus agentes han sido desplegados a los vecindarios pobres que antes respaldaban a Maduro, y hoy le han dado la espalda, de acuerdo con grupos de defensa de los derechos humanos, exfuncionarios del gobierno y legisladores.
Se calcula que cuarenta personas han sido asesinadas en los últimos días durante las más recientes protestas en contra de Maduro, muchas de ellas en redadas nocturnas de las FAES, según los grupos activistas.
“FAES se ha involucrado mucho en los actos de represión”, dijo Delsa Solórzano, legisladora de la Asamblea Nacional opositora y quien se reunió con algunas víctimas de las redadas recientes.
Los defensores de derechos humanos advierten que el papel de la unidad policial especial es particularmente alarmante porque FAES fue creada para poner fin a pandillas o para rescatar a rehenes, no para controlar a multitudes que se manifiestan pacíficamente.
“La consecuencia es que cuando se meten hay masacres”, dijo Keymer Ávila, investigador de la organización Provea. “No fueron creadas para manejar manifestaciones”.
Sin embargo, Cliver Alcalá, antiguo general militar que rompió filas con Maduro, dijo que no le sorprende que el gobierno haya recurrido a las fuerzas especiales de la policía. Explicó que se debe a que el gobierno de Maduro ya no puede depender de que las fuerzas armadas se enfrenten a los manifestantes como sucedió en 2017.
Muchos de los integrantes de la Guardia Nacional que fueron desplegados a las calles en años pasados no han regresado a trabajar porque sus salarios han perdido su valor, según Alcalá. La inflación en Venezuela, la más alta en todo el mundo, ha diezmado esos sueldos.
Además, agregó el general, el gobierno teme que haya muestras públicas de algún desafío por parte de las fuerzas armadas; eso sucedió el pasado 21 de enero, cuando integrantes de la Guardia Nacional fueron arrestados después de decirse fieles a la oposición en un video. Ha habido otros levantamientos pequeños que han sido reprimidos también.
Los grupos de defensa de derechos humanos indican que se sabe muy poco sobre las FAES, incluidos los nombres de sus comandantes y quiénes fueron invitados a ser parte de sus filas.
La unidad patrulla por Venezuela con un uniforme completamente negro; las identidades de los miembros son desconocidas porque usan pasamontañas. Una persona que antes trabajaba en el gobierno venezolano y pidió mantener el anonimato porque dice que ahora es perseguida por las autoridades, calculó que hay 1500 policías en las FAES. Es común verlos en Caracas, montados en motocicletas con las que irrumpen en barrios en las laderas de las montañas, armados con rifles de asalto y chalecos antibalas.
“Se cubren la cara porque quieren la impunidad”, dijo Luis Izquiel, criminólogo de Caracas que da clases en la Universidad Central de Venezuela. “Saben que violan los derechos humanos”.
Las FAES se crearon en 2017, cuando Maduro luchaba por recuperar el control de los vecindarios más pobres que habían quedado en manos de bandas criminales.
El gobierno había realizado redadas conjuntas de la policía y las fuerzas armadas, en la llamada Operación de Liberación del Pueblo, que se tornó muy sangrienta: en dos años de trabajo, las autoridades indicaron que hubo más de quinientos muertos.
Con una creciente oposición a esas redadas, Maduro cambió el rumbo y creó la unidad especial para que realizara esa tarea.
A los integrantes de las FAES se les enseñó a ser leales al presidente; fueron entrenados en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, una institución fundada por Hugo Chávez, el fallecido antecesor de Maduro.
Izquiel dijo que los agentes reciben solo seis meses de entrenamiento impartido por profesores de corte ideológico que únicamente promueven que haya lealtad al gobierno de Maduro.
La unidad de las FAES había estado involucrada en varios actos de represión incluso antes de las actuales protestas.
Entre ellas, el abatimiento de Óscar Pérez, un piloto de policía rebelde que tomó control de un helicóptero en 2017 y atrajo la atención al abrir fuego contra edificios del gobierno mientras desplegaba una pancarta en la que urgía a los venezolanos a levantarse en contra de Maduro.
Durante meses realizó varios ataques a bases militares y se burló del gobierno en redes sociales.
En una entrevista con The New York Times poco antes de su muerte, Pérez afirmó que un grupo paramilitar pro-Maduro, de los llamados Colectivos, se había infiltrado en las FAES para ejercer influencia directa. Fue una acusación fuerte, pues sugería que los mercenarios civiles se estaban haciendo pasar por policías uniformados.
El día en que Pérez murió, el líder de un Colectivo, Heiker Vásquez, también falleció cuando peleaba con los agentes de las FAES que combatieron a Pérez.
Los integrantes uniformados de la unidad policial también fueron vistos y captados en fotografías durante la procesión funeraria de Vásquez, al igual que los integrantes conocidos de su colectivo, Tres Raícez. En Venezuela los colectivos surgieron de grupos de apoyo ferviente a Chávez.
“Si no son las FAES en estas redadas, son colectivos vestidos en el uniforme de las FAES”, dijo la asambleísta Solórzano, quien agregó que cree que a los grupos progobierno les han dado armas para pedirles que luchen junto con los oficiales.
Julio Reyes, un activista de la oposición, dijo que el domingo 27 de enero fue atacado por la unidad policial en el vecindario de Tacagua Vieja.
Poco después de levantarse, cuando él y su esposa estaban preparando el café, dijo que escuchó la llegada de motocicletas afuera de su casa. Contó que seis hombres entraron a su hogar, forzaron a la familia a sentarse en un sillón y les apuntaron con un arma a él y a su esposa. Reyes dijo que se fueron después de un tiempo.
“Yo decía: ‘Hermano, baja el arma’”, contó Reyes. “‘No estás hablando con un delincuente, estás hablando con un padre de familia que trabaja de lunes a sábado’”.
Los familiares de Ordóñez, quien fue asesinado ese mismo día, comentaron que nunca les dieron explicación alguna de la redada en su hogar ni de la muerte del joven.
Su hermana, Yengly González, dijo que le preguntó a un agente de las FAES que patrullaba el área por qué le habían disparado y que el agente le respondió que Ordóñez murió durante un enfrentamiento con la unidad después del cual intentó huir.
Pero González dijo que eso no tiene sentido, porque a su hermano le habían disparado con balas de goma unos días antes los mismos oficiales de FAES durante una protesta y por el dolor apenas si podía caminar.
El miércoles 30 de enero, durante el funeral, el cadáver de Ordóñez yacía sobre un ataúd de madera que tenía papel de carnicería. Los familiares se hincaron al lado del féretro cuando iba sobre un camión, desde el cual fue bajado a la tumba.
“No puede ser que el gobierno te obligue a ser lo que ellos quieren que seas”, dijo González. “O te meten preso o estás muerto”.
Meridith Kohut colaboró en este reportaje.
Publicado originalmente en: The New York Times
