31% de los funcionarios policiales asesinados mueren a mano de sus compañeros. Generalmente, los policías victimarios son parte de la delincuencia organizada

9 de septiembre de 2017

Grisha Vera

Esperanza Bonillo duerme en su sala desde hace diez meses, pues en su cuarto y encima de su cama asesinaron a su sobrino, Joel Sánchez, de 25 años, la mañana del siete de octubre de 2016.

Joel pertenecía a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), al igual que sus victimarios.

Ahora, Joel pertenece a una cifra escalofriante: 31% de los policías que son asesinados mueren a mano de sus compañeros, de acuerdo con una investigación del profesor Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV.

Funcionarios de cuerpos de seguridad víctimas de homicidio. Estudio de casos del Área Metropolitana de Caracas es el título de la investigación de Ávila. En esta el especialista señala que uno de los hallazgos fue identificar el perfil del victimario en 51,8% de los casos.

Para su sorpresa, y la de muchos, la mayoría de los victimarios (31%) eran también funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

De esa cifra, 44,4% estaban en ejercicio de sus funciones, 22% no lo estaba y 33,3% no informó al respecto. Asimismo, 77,8% de los oficiales victimarios eran parte de los niveles operativos más bajos de sus carreras; 33,3% pertenecían al Ejército; 33,3% a la PNB y del Cicpc; las policías municipales y los escoltas contaban cada uno como perpetradores en 11% de los casos.

Sobre este fenómeno, oficiales que asesinan a sus compañeros, Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, advierte que estos funcionarios son parte de las mafias, algunos de modo pasivo y otros de manera activa.

“Las mafias y bandas se han conectado con los cuerpos policiales. Hay dos mecanismos que actúan en esta relación: los cuerpos policiales no hacen nada e incumplen con sus funciones (incluso se benefician por pagos) y hay otros que sí se involucran, actuando directamente, haciendo uso de su uniforme y su carnet, y cometen delitos o actúan como la retaguardia, quienes le cuidan las espaldas a los delincuentes. Entonces, cuando hay un policía que observa esta situación lo intentan comprar o lo amenazan. Si no se quiere hacer cómplice es peligroso”, explica Briceño. 

De acuerdo a sus estudios, Briceño advierte que hay dos patrones de vinculación de los policías en el delito: algunos funcionarios se convierten en delincuentes estando ya en la policía y algunos delincuente se hacen policías para tener protección, impunidad y poder actuar con una carta blanca para cometer delitos y ampararse en sus funciones. 

En el primer patrón a veces son los jefes quienes involucran a los funcionarios en el delito. “Sus jefes les dicen que deben llevarles dinero: `Tú estas en esa zona, donde hay tantos delincuentes, tú tienes que traerme algo para acá’, y ese algo de dinero es métete en el delito: roba, extorsiona o forma parte de la mafia del ladrón”. 

En otros casos, comenta Briceño, el policía se da cuenta de que él está arriesgando su vida mientras ve cómo su jefe libera al delincuente que él apresó porque le dieron un dinero. “Ahí algunos deciden dejar la carrera, piden cambio de zona o se meten en el negocio y otros, que son más ambiciosos o más delincuentes, se ponen como elementos activos y ellos mismos roban y hasta organizan las bandas. A veces ponen al delincuente de barrio como el operador”. 

A Yeisi Peña, supervisora de la Polimaracibo, le dieron cuatro balazos el 7 de septiembre de 2016. Los homicidas: siete PNB. El móvil: venganza. 

A pesar de que el estudio de Ávila se centra en el área metropolitana de Caracas, la prensa evidencia que el fenómeno ocurre en el ámbito nacional. 

“Un oficial de la Policía de Carabobo asesinó a su compañero con múltiples disparos, lo despojó de su arma de reglamento, de su moto y luego confesó que lo hizo por diferencias entre ambos”, escribió Ruth Lara Castillo, reportera de El Pitazo. A Irrael Virgilio Montiel Veloz, de 34 años, lo asesinó de siete disparos su compañero de labores, el oficial Henry José Lugo Díaz, de 23 años, el 31 de enero de este año. 

Una semana más tarde, el 7 de febrero, otros medios daban cuenta de un crimen contra un policía. 

“Encontraron muerto a Emmanuel David Da Silva, funcionario de la Policía de Bolívar que se desempeñaba como escolta de una de las hijas del gobernador Francisco Rangel Gómez. Fueron detenidos tres compañeros del asesinado: Aníbal Rafael Córdoba Lara; Adrián José Vera Velásquez y Andrés Eloy Blanco Farfán”, escribió Oriana Faoro, también reportera de El Pitazo. 

El texto señala que no hay registro del seguimiento del caso, pero advierte que con otros casos sí hubo celeridad: el 17 de mayo asesinaron a Edwin Fonseca, un Polibolívar activo, también escolta del gobernador. En ese caso, el Ministerio Público se pronunció tres días más tarde. Faoro aclara que la diferencia es que los victimarios en el último caso no eran policías. 

La revisión de la prensa muestra tres frecuentes causas: rencilla (amenaza), robo (un policía intenta robar a otro y en el hecho alguno muere) y disputas personales (pasionales, en la mayoría de los casos, por celos). 

Ávila comenta que las causas que pueden llevar a que un funcionario policial asesine a otro son múltiples. Menciona varios factores que pueden contribuir a poner en marcha este fenómeno: la carencia de filtros y controles en la selección de los funcionarios; la masificación de los cuerpos policiales por encima de la calidad en la formación; el incremento abrupto de la cantidad de policías, con fines principalmente propagandísticos y de control político-partidista, que al no estar bien evaluado, dificulta el control, supervisión y fiscalización del trabajo cotidiano; salarios precarios, ausencia de controles internos y externos, así como inexistente rendición de cuentas. 

A estos factores el comisario Luis Godoy, ex jefe de la División Contra Homicidios del CICPC, agrega: “Para cometer sus fechorías (homicidio, secuestro, droga) se involucran varios funcionarios delincuentes por las causas ya mencionadas. Si hay un mal reparto del botín o alguna actuación que no está dentro de los principios de esta banda los funcionarios policiales, que están dentro del delito, toman la determinación, ilegítima e ilegal, de matar a uno de sus compañeros porque se salió de las normas”. 

Comenta que a todas esas causas se le agregan el deterioro de la ética y los valores en el país. 

“Grave que una sociedad caiga en los valores más bajos que pueda cometer un ser humano. Donde funcionarios policiales están delinquiendo y matándose entre ellos. Es grave el deterioro ético y moral que pueden tener los organismos”, reflexiona Godoy.

EL POLICÍA ASESINADO POR LA OLP

Esperanza cuenta lo que vio y escuchó el día que mataron a su sobrino. Pasadas las seis de la mañana de aquel siete de octubre, Joel la llamó para que le abriera la puerta. 

Momentos antes él había salido de esa misma casa a trabajar. Tenía las llaves, pero igual le pidió a su tía que le abriera para que no lo llevaran a su verdadera casa, un anexo arriba de la vivienda de Esperanza donde estaba su pareja embarazada. 

Ella abrió la puerta y tres policías, encapuchados, hicieron entrar a Joel a la fuerza mientras le exigían que se quitara la camisa del uniforme y la gorra. Esperanza fue corriendo a llamar a su hermana y a su cuñado, los padres de Joel.Luego, entró Oswaldo Esparragoza –alias el Tití. “No pensamos que la intención de los policías era matarlo, porque ellos sabían que él era funcionario”, dice. 

Salieron de la casa. A ella la acompañaban dos “femeninas”, pero cuando iban bajando escucharon que uno de los policías dijo por radio: “Dile a todos los funcionarios que suban”. Esperanza se resistió a bajar y se sostuvo de una cabilla. Un jefe actuó: “el tipo me agarró por el pelo, me tiró al piso, me puso las esposas y me dijo: `Vas a bajar por las buenas’”. Al cuñado también lo esposaron, los bajaron a la calle y los metieron en un Jeep. 

Ese día había en Carapita, un barrio al oeste de Caracas, un operativo de la OLP, y antes de llegar al callejón Lara, donde vivía Joel, ya habían asesinado a tres personas más. Abajo, en la calle, se escuchaban los tiros. Esperanza comenta que los vecinos le contaron que los mismos funcionarios corrían de un lado al otro de la platabanda simulando un enfrentamiento. 

Desde el Jeep, ella logró ver que uno de los uniformados baja y cruza sus manos a la altura del pecho. “El tipo le hace seña a los policías de que todo ya está listo”, recuerda. Esperanza le dijo a su cuñado: “Coño, algo me dice que mataron a Joel”. 

En enero fue la audiencia preliminar. Damelis Bonillo, la mamá de Joel, cuenta que el Ministerio Público acusó a un solo policía, Luis Aguilar, quien llegó con tres abogados. La defensa argumentó que Joel murió en un enfrentamiento, pero la jueza preguntó que dónde estaban los demás policías, pues explicaba que un operativo no lo hace un solo policía. El acusado negó la presencia de todos los funcionarios que se le iban nombrando. 

Solo admitió a uno y dijo que había muerto en un accidente de tránsito. La jueza solicitó que en el juicio estuviesen los demás policías y el acta de defunción del que murió. 

De acuerdo a una nota de prensa del MP, Luis Aguilar está detenido en el Helicoide. 

Pero la familia de Joel se siente burlada y desprotegida. Esperanza asegura que el fiscal que lleva el caso, José Martínez, no les presta atención y no es sincero. Le han preguntado acerca del lugar en el que está detenido Aguilar y responde que no sabe. Le han preguntado por qué Esparragoza no es acusado si ellos lo identificaron; por qué viste aún uniforme de policía y por qué si estuvo detenido por dos homicidios distintos lo soltaron cuando el caso de Joel aún no termina. 

Ese 7 de octubre, los medios reseñaron distintas causas. 

El diario 2001 publicó que lo asesinaron por venganza. 

El Universal reseñó que 
formaba parte de la banda delictiva de “El Tommy”. Esta última versión la confirma una comerciante de Carapita, quien reserva su identidad. 

Ella comenta que a Joel lo llamaban “Homero” y de inmediato agrega que algunas personas de la comunidad no lo “ven así”, no creen que haya sido un delincuente, porque su familia es evangélica. 

Pero Damelis, la mamá de Joel, desmiente. Explica que a Joel lo mataron porque su hermano, “El Tommy”, quien actualmente está preso por dos homicidios, es un delincuente.

EL DÍA QUE MATARON A “LA COMANDANTE”

“Aquí se murieron todos”, fue lo que escuchó Carmen Gutiérrez en medio de la música y la celebración en la que estaba con Yeisi Carolina Peña Mamber, funcionaria de Polimaracaibo con 20 años de servicio. 

Cuando cayó en cuenta había ya siete hombres dentro de su casa. Era sábado y la funcionaria no estaba de servicio. Había salido con su concubino para relajarse. 

Le decían “La Comandante”. 

Sus compañeros le temían tanto como la respetaban. 

Quien no cumplía las reglas sabía lo que venía: Un castigo, una sanción, un regaño. 

Pero cuentan sus compañeros que también era alegre, ocurrente, divertida. “Era sobretodo buena amiga, un apoyo para todos. Solidaria”. 

Era la Supervisora Jefe de Patrullaje de la Policía Municipal de Maracaibo, tenía 43 años y la mataron siete funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Pero hay otra historia. La que las fuentes no quieren decir con nombre y apellido “para no afectar la investigación”. 

“Se la tenían jurada. Se habla de tres autores intelectuales y siete materiales”, incluyendo un expolimaracaibo expulsado por extorsión que la culpaba de ello. 

A Yeisi Peña le dieron cuatro balazos. Una funcionaria cuenta: “Ella quedó viva, los balazos que le dieron no eran para matarla. A ella la sacaron viva de esa casa”. Los PNB, esa noche “iniciaron el proceso y como son jefes y estaban de guardia llamaron a la comisión simulando que había un enfrentamiento”. Entonces los otros siete involucrados llegaron. 

“Todos ellos están detenidos porque como fingieron enfrentamiento, tenían que dar fe de que eso era lo que había ocurrido. Pero eso no fue así”. A Yeisi le dispararon cuando estaba de espalda. 

Cuando a “La Comandante” la montaron en la patrulla, los funcionarios no quisieron responder a qué Hospital se la llevaron. Cuentan que la mujer pedía ayuda, decía que la iban a matar. 

“Ella murió desangrada por la herida de la pierna, cuando le dispararon en las costillas, ya ese balazo no le hizo nada”, contó un funcionario quien precisa que el cuarto disparo lo notaron cuando llegó a la emergencia. Ya estaba muerta. 

El concubino, Francisco Mavo y Carmen Gutiérrez son los testigos presenciales. 

Un funcionario de Polimaracaibo, amigo de Peña contó: “La señora tiene miedo, los PNB la han amenazado”. 

Hay siete funcionarios de la PNB presos . Otros tres están en libertad. En la audiencia de presentación no reconocieron los hechos y se pasó a juicio, pero a casi un año del hecho, no hay fecha de inicio.

Publicado originalmente en: Tal Cual