10 de agosto de 2017
Carlos Carcione
Keymer Ávila es investigador del Instituto de Ciencias Penales y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela en Pre y Postgrado. Columnista de opinión. Sus artículos, investigaciones y entrevistas se han convertido en una de las referencias para los interesados en seguir el desarrollo y las causas de la violencia en el país en los últimos meses. Desgrana en esta entrevista exclusiva para Aporrea.org, el contexto y las causas de la violencia en el país y en las protestas en los últimos cuatro meses.
Nos puedes hacer algunas reflexiones, alguna caracterización sobre la violencia en estos últimos cuatro meses de “protestas”.
Lo sucedido en estos meses tiene historia. Por eso quisiera comenzar con un poco de esa historia y con algunas definiciones que considero importantes.
Desde mi punto de vista, ningún análisis, en este sentido, en el sentido general de la violencia y de la que vivimos estos meses, puede estar por fuera de la realidad que constituye que Venezuela es objeto de intereses geoestratégicos por parte de distintos imperios: Estados Unidos, Rusia, China. Cuando esos intereses se materializan, los discursos antiimperialistas del gobierno y de una pretendida izquierda burocrática, que es la que usufructúa ese discurso para sus intereses particulares, crematísticos, grupales, queda solamente para arengas y consignas vacías. Y esos intereses se terminan imponiendo. Esto tiene que tenerse en cuenta en cualquier análisis sobre el tema Venezuela. Y el tema de la violencia no está al margen de esto.
Vivimos una violencia estructural que tiene varias dimensiones: en primer lugar entre países, entre distintas visiones del mundo. Y hacía adentro de los países de nuestra región tiene que ver con la exclusión, desigualdad, el autoritarismo, y es una violencia que no es fácilmente apreciable, que en los análisis queda invisibilizada, pero termina haciendo mucho daño, es la más generalizada y es el germen de otro tipo de violencia. De la que queda a la vista y que escandaliza a muchos.
En un nivel intermedio muy vinculado con esta violencia estructural, tenemos una violencia institucional, que se expresa de distintas maneras: se expresa de manera simbólica pero también directa e instrumental. Se expresa también por acción o por omisión. Por ejemplo, cuando el Estado no cumple con sus funciones o no cumple con sus deberes, con su hacer, estamos en presencia de una violencia por omisión. Pero también se presenta en forma de excesos y de arbitrariedades.
En esta situación, que se mueve por las ausencias y los excesos podríamos citar, por ejemplo, el sistema penal. En este caso podemos ver como en determinadas áreas, en determinados territorios y en determinados ámbitos se ve una total inacción por parte del Estado, una desidia institucional. Y en ocasiones, por el contrario, se ve unos excesos y unas arbitrariedades muy grandes. Yo utilizo la metáfora que el sistema penal es una especie de péndulo que se mueve entre las ausencias y los excesos, necesitamos que se pare en el justo medio. ¿Qué es el justo medio? Una intervención oportuna, racional, en el marco de la legalidad, institucional, permanente, controlada, eso no existe.
Dentro de este marco de violencia institucional tenemos un ejemplo emblemático muy reciente que son las OLP. Que ya como que pasaron de moda. Pero es importante concentrarse no solamente en las siglas, porque estas son coyunturales, sino en la praxis institucional que expresan y que se hace de manera sistemática.
Una de las explicaciones de porque surgen este tipo de acciones institucionales tan violentas, y esto lo explican distintos autores, en el contexto norteamericano Bauman, por ejemplo, y en el contexto nacional, el mismo Andrés Antillano que nos dice que: en contextos de crisis de legitimidad, donde el Estado tiene problemas políticos, económicos, sociales, y no puede dar respuesta a esos problemas, lo único que le queda es echar mano del recurso de la violencia. Inicialmente como campaña de Ley y Orden, como campaña de Mano Dura y de esta manera desvía la atención de los problemas económicos, políticos, sociales hacia la “lucha” contra la delincuencia.
Esta caracterización encaja perfectamente para el año 2015 en Venezuela. Un año electoral, sumergido en profundas crisis económicas, políticas y sociales, donde el Estado no tenía capacidad de respuesta para ello. Qué era lo único que tenía: mostrar fuerza. Tratar de mostrarse como un estado eficiente, fuerte a través de una aparente lucha contra el delito. En este marco es que ocurren las OLP, que fue la principal política de Estado y la principal campaña electoral que desplego el gobierno.
Lamentablemente para sus promotores eso no les resultó electoralmente, fueron los grandes derrotados en los comicios para la Asamblea Nacional. Fue una derrota electoral abrumadora. Y la pregunta sería: Si nos les funcionó y si perdieron las elecciones ¿por qué siguieron en 2016 con ese tipo de práctica? La respuesta es, porque era lo único que les quedaba a mano. Ante la dificultad para proponer políticas de tipo económico, para despolarizar y tomar el control político, ante la precariedad y la inconveniencia que tiene, para sus intereses fortalecer las instituciones de tipo democrático, lo único que les quedaba era seguir esa línea de mano dura. Y con eso enviaban a su vez, varios mensajes de tipo político.
¿Cuáles serían esos mensajes?
En primer lugar es una forma de legitimarse, de mostrar fuerza. Trataban también de mostrar cierta eficiencia siguiendo la lógica de la mc donalización, como Ritzer explicaba, en los restaurantes de comida rápida se confunde la calidad con la cantidad. La hamburguesa gigantesca o el gran pote de refresco aunque eso sea veneno.
Entonces ¿cómo se mostraba esta eficiencia con las OLP?, bueno, exigiendo grandes números de personas detenidas sin importar la legalidad, la proporcionalidad, la justificación de estas detenciones. Grandes números de personas “abatidas”, sin importar que realmente se tratara de delincuentes en actos de flagrancia, porque en realidad se trata de ejecuciones extrajudiciales. Y también importante, cuál es el perfil de estas personas que son víctimas de las OLP: el joven, pobre, de clases populares. Pero como estos no tienen dolientes, terminan siendo los objetos de esta política, más no los sujetos de esta política.
En segundo lugar hay un mensaje claramente autoritario, se transmite que el estado se maneja sin ningún tipo de límites y consecuencias. Es un mensaje muy grave, dice que tú puedes disponer de la vida y de la libertad de las personas sin ningún tipo de responsabilidad posterior. Y en tercer lugar da un enorme rédito político para los que la ejecutan, para los militares y policías. Y una vez que ganan ese espacio político, ganan recursos, ganan discrecionalidad, ganan incidencia en la toma de decisiones. Y esos son espacios que una vez ocupados es muy difícil revertirlos.
¿Qué relación tiene la experiencia de las OLP con lo sucedido en 2017?
Esto es un caldo de cultivo importante para analizar que está pasando en 2017. Porque de esas aguas vienen estos lodos. Fíjate cuando la Fiscal General, que era la única que daba cifras nos dijo que en 2016, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado murieron 4667 personas, eso representa aproximadamente el 20% de la totalidad de los homicidios del país en ese año. Pero como estamos sumergidos en la polarización política y en las campañas electorales, en la Constituyente y todo este espectáculo político, estas cifras que son un escándalo, ¡como decir que el 20% de las muertes violentas de un país son responsabilidad del Estado!, esto que es alarmante, sin embargo pasa desapercibido. Y pasan desapercibidas las víctimas porque son pobres, jóvenes, de barrios populares.
Entonces, si está ocurriendo algo tan grave y nadie hace nada, en este marco de la conflictividad política que tenemos, fácilmente esta violencia institucional, puede ser instrumentalizada por intereses políticos particulares, grupales, crematísticos, etcétera. Es decir la lógica de las OLP se ha expandido y es instrumentalizada políticamente.
Pero antes de entrar de lleno en estos lodos. Fíjate que el año anterior, en el 2015, en el informe del Ministerio Público, se señaló que estaban siendo investigados 227 funcionarios de las fuerzas de seguridad por extorsión y secuestro, esto en un año. Y en un seguimiento que yo estoy haciendo del 2016, solamente por notas de prensa, llegamos a 700 funcionarios implicados en delitos de distinta naturaleza, estoy hablando de extorsiones, violaciones, robos, secuestros, detenciones arbitrarias, homicidios.
O sea, ese es un poco el perfil que tenemos de nuestras fuerzas de seguridad. Que no es una novedad, se puede hablar de una metástasis, hay investigaciones de Rosa Del Olmo, de Tosca Hernández de hace 30 años, donde se hace una caracterización de la crisis institucional de nuestras fuerzas de seguridad. Y de los excesos y del carácter delictivo de las mismas. O sea, si estos son los encargados de velar por el orden y de hacer cumplir las leyes imagínate cuando traemos ese tipo de fuerza de seguridad del Estado para el control de la conflictividad en la cual nos encontramos.
Y en un tercer nivel esta la violencia intraclases. La violencia directa que se da entre los ciudadanos, que son el grueso, según nuestra caracterización de las altas tasas de homicidios que se ubican en 70 por cien mil habitantes, que es la segunda del mundo y es la más alta de nuestra historia, al menos de los últimos 50 años, que es desde cuando hay registros.
En este marco llegamos al año 2017. Con un problema de violencia estructural, un problema de violencia institucional, un problema de violencia intraclase. Las protestas inician aproximadamente a mediados de Abril. Estas protestas son consecuencias de un cumulo de acciones políticas desacertadas de ambas partes de la polarización. Que comienzan a radicalizarse o a expresarse de una manera más virulenta.
Pero desde diciembre de 2015 empieza este desconocimiento reciproco: el Ejecutivo no reconoce a la Asamblea, la Asamblea no reconoce al Ejecutivo, comienzan a intentar invalidarse entre ellos. La Asamblea de una manera inconstitucional e ilegal dice que en 6 meses iba a salir del presidente, luego trató de adjudicarle responsabilidad política, después declara el abandono del cargo del presidente. Por otra parte el ejecutivo utiliza al Poder Judicial para tratar de anular a la Asamblea Nacional, les quita los 3 diputados de Amazonas, la Asamblea acata la sentencia y luego el TSJ vuelve a insistir en el desacato, y al año con el cambio de directiva vuelven a desincorporar a esos diputados…
Lo cierto es que estas son las cabezas del Estado. Estos son los que deben velar por el cumplimiento de las normas y de alguna manera terminan modelando al resto de la sociedad. Entonces, si los máximos representantes del Estado, además los que tienen mayor legitimidad política que es el Ejecutivo y el Legislativo, tienen una praxis permanente y sistemática de irrespeto a la ley, de irrespeto a la Constitución, de utilizar las instituciones para sus intereses grupales y particulares. De utilizar a los tribunales, de utilizar a las fuerzas de seguridad a su antojo, entonces esto provoca un “despelote”, totalmente generalizado.
Se generan entonces las protestas a partir del mes abril, muy masivas, de ambos sectores, el gobierno también hizo sus concentraciones importantes. Y así fue al menos durante las primeras semanas. Y aquí quiero destacar algo bien interesante que es que, mientras más gente más pacíficas son las manifestaciones y más legítimas. Y tiene un perfil perfecto del derecho a la manifestación, que es pacíficamente y sin armas. Pero luego comienza a haber focos violentos, se incrementa la represión institucional por una parte, a la que responde también una violencia de parte de las manifestaciones, que ya comenzaban a perder gente, van perdiendo legitimidad y se van tornando cada vez más violentas. Una violencia que se retroalimenta con la represión y la violencia institucional.
En este marco la Fiscalía, que ha jugado un rol protagónico, al menos hasta el sábado 5 de agosto que fue cuando la invadieron militarmente, la fiscalía, decía, al no prestarse a la lógica de la represión institucional generalizada y expansiva, el gobierno optó por hacer juicios militares sumarios a los manifestantes. Las cifras de manifestantes juzgados por tribunales militares oscilan entre 300 y 400 personas. Estos son procesos en que los derechos y garantías se reducen a un mínimo porque es una lógica bélica. No se trata de un delincuente común, de un disidente, sino de un enemigo de la Patria.
Cuál es la caracterización que hemos podido hacer con las cifras que ofrecía el Ministerio Público, que ahora lamentablemente ya no están disponibles, incluso tumbaron la página, eliminaron el twitter del Ministerio Público, eliminaron la página. Quiero hacer un paréntesis para señalar que esto es preocupante, no solamente para los que analizamos estos datos, sino para los activistas de derechos humanos, porque para ellos la información es fundamental. Todo indica que va a haber una opacidad creciente en cuanto a la información, similar o peor que las del resto de la información y estadísticas públicas, porque aquí los números son vidas humanas. Y cada número no solamente es una vida humana, sino toda una historia, un dolor… Y esta ausencia de información lo que hace es, invisibilizar las prácticas y los excesos por parte del Estado.
Bueno, volviendo, cuál es la caracterización que hice con estas cifras, al menos hasta el 5 de julio: el promedio es de una persona fallecida por cada día de conflicto. Se puede ver un incremento progresivo en el número total y también un aumento de las personas muertas en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero también y más preocupante aún, víctimas de civiles armados que actúan en contra de los manifestantes. Muertos por armas de fuego se reportan al menos el 71% de las víctimas. Mientras que el 82% fueron en contexto de manifestaciones. Es importante entender que no fue la totalidad de las víctimas en contexto de manifestaciones como también es importante que no todas las manifestaciones son pacíficas. Ni tampoco todas las manifestaciones son violentas. Entonces en el contexto de manifestaciones, independientemente de que hayan sido pacíficas o no, se pueden reportar el 82% de las muertes.
Ahora bien. ¿En qué porcentaje hay responsabilidad clara de las fuerzas de seguridad del Estado? Al menos en la cuarta parte. Es decir el 25% de estas muertes fueron producidas por funcionarios de fuerzas de seguridad. Esto no obsta que haya más, pero al menos están claramente identificados el 25%. El cuerpo que mayores violaciones de derechos humanos tiene en este sentido es la Guardia Nacional con el 53% de esos casos, seguido de las policías estadales con un 21% y en tercer lugar la PNB.
Pero si por un lado vemos que un 25% de las víctimas fatales son consecuencia de accionar de personal uniformado, vemos también con mucha preocupación, que un 31% del total, son víctimas de civiles armados. Incluso la Fiscal General en una de sus últimas alocuciones habló de un 40%. Y a eso hay que meterle el ojo, porque cuando son víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado, al menos se puede identificar a que fuerza pertenece. Y a través de la identificación del cuerpo de seguridad, tú puedes tratar de llegar a la identificación del funcionario. Pero con los civiles armados que actúan como bandidos ¿cómo los identificas? Entonces allí la impunidad puede ser mayor. Y tampoco tú sabes a que intereses obedecen esos civiles armados. Y esta impunidad que trae la actuación de civiles armados puede convertirse posteriormente en una praxis sistemática y más generalizada. Porque la impunidad y la irresponsabilidad, ya sea por parte del Estado o de cualquier otro factor político facilita la generalización de esas prácticas.
Sigamos. Lesionados, más de 1.500, y al menos el 58% son también responsabilidad de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Algo muy importante es, sin embargo, que cuando vemos las causas de las muertes en primer lugar se producen por arma de fuego el 70%. En segundo lugar son producto de los trancazos: el 15% de los fallecidos resultaron arrollados o víctimas de accidentes de tránsito. Tanto estos arrollamientos como los accidentes de tránsito han sido consecuencia de las trancas que se han hecho. Esto también hay visibilizarlos porque como ya dije hay violencia estructural, violencia institucional y violencia intraclase, y las muertes en los trancazos se dan entre los propios vecinos. Son personas del mismo estrato social victimizándose entre sí.
Pero también hay funcionarios víctimas. Al menos el 7% de las víctimas son funcionarios de los cuerpos de seguridad, son entre 6 y 8 funcionarios, y esto es una clara demostración de que no todas las manifestaciones han sido pacíficas.
Por otra parte, al menos 11 personas fallecieron en intentos de saqueo. En este sentido fue muy emblemático los 8 que fallecieron electrocutados en El Valle, cuando intentaron saquear un negocio.
Otro dato importante es el perfil de las víctimas, en concreto, el 95% son hombres, el promedio de edad son unos 28 años y la mayoría de clase trabajadora o estudiantes, esto también dice mucho. El 36% eran trabajadores u obreros y el 27% estudiantes. Estos dos sectores constituyen el perfil mayoritario de las víctimas. Esto para quienes dicen que los que estaban protestando eran de la oligarquía o clase media alta. Hay un claro perfil de clase aquí, es gente humilde la que está protestando.
Otro dato para analizar críticamente y que preocupa, es que al menos en un 60% de los casos en los que están involucrados funcionarios. estos se encuentran en libertad. Esta es la fotografía de la violencia que se ha dado en estos cuatro meses.
Bien, y ahora desde el punto de vista del tratamiento institucional de la violencia como han reaccionado las instituciones. Sabemos que la represión ha sido creciente. Pero el resto de las instituciones, la justicia, la Defensoría del Pueblo, etc.
En este sentido es muy difícil precisar. Abundan los opinólogos, que sin investigar, sin estudiar, sentencian, ubicados entre en la lógica del bien y el mal. Y por otra parte en nuestra política impera una lógica más mediática y de retórica que de práctica institucional. Entonces a los políticos les importa más el qué digo, que el qué hago. Qué tuiteo, a qué efectivamente hago como acción institucional, legal, que evite la repetición de esos daños.
Discursivamente podemos ver, por ejemplo, por parte de la oposición, tratar de presentar la totalidad de estas muertes como que si fueron en manifestaciones y fueron responsabilidad directa del Estado. Sin asumir por ejemplo las consecuencias de las trancas, o de algunos casos que aunque desde el punto de vista cuantitativo, estadístico no son significativos, pero desde el punto de vista simbólico son importantes, como los casos de linchamientos o de personas quemadas, lo que yo pude visibilizar de esos casos no llega ni al 2%. Pero del otro lado de la acera se invisibiliza totalmente la responsabilidad de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado que como ya he dicho, al menos en una cuarta parte hay una clara responsabilidad del Estado. Este es un discurso negacionista. Y tratan de convertir ese 2% en la totalidad de las víctimas. Entonces las únicas víctimas que existen en el discurso del gobierno son las personas que lamentablemente han sido linchadas o quemadas. Que cuando tú haces una caracterización de las víctimas no llega al 2%. Pero invisivilizan a la totalidad de las otras víctimas.
Por otra parte la condena. Dicen que condenan esos hechos, pero que esa condena pública se traduzca en acciones institucionales concretas no se ve. Como te comentaba, el 60% de los casos donde hay funcionarios involucrados, estos funcionarios están en libertad. La Fiscal General señaló un porcentaje importante se han identificado funcionarios pero que las ordenes de aprehensión no se concretan. O que los cuerpos involucrados no entregan a los responsables, tampoco lo hacen. Un caso emblemático es de Marvinia Jiménez en 2014, es el caso de la muchacha a la que le cae a cascazos la Guardia Nacional, en ese caso no ha pasado nada.
Entonces más de los discursos de condena y de la política mediática, hay que investigar cómo se traducen las actuaciones institucionales, porque si no hay eso, entonces la práctica va a ser reincidente y se convierte en práctica generalizada. Es por eso que saqué el dato de las más de 4.000 muertes en el año 2016 por parte de las fuerzas de seguridad de estado. Si esto no tiene una respuesta va a capilarizar la práctica institucional si ya no lo hizo. Y vaya este comentario para señalarte algo que te quería decir: la lógica de la práctica tipo OLP, donde el nivel de víctimas es muy alto y el perfil de la víctima es joven, pobre y de barrios populares, se puede ir transformando y mutando, expandiendo.
Por ejemplo esa lógica se adaptó estos meses para la clase media de una manera menos mortal pero igualmente bélica y terrorista, en los casos de los allanamientos masivos de urbanizaciones como Los Verdes en Caracas, o de urbanizaciones del Estado Zulia y en otros estados. Es una lógica bélica de ocupación militar. Incluso donde el allanamiento se convierte en el castigo mismo. Por eso destrozan los bienes comunes, destrozan los ascensores, destrozan las viviendas.
Es esta misma lógica de violencia institucional sin ningún tipo de límite legal que se adapta a la clase media. No los matan de manera masiva como hacen con los pobres, pero les aplican su dosis de terror. Y luego esa misma lógica de abuso institucional, de operación militar, se adapta al asalto que se hizo en la Asamblea Nacional. Y ahí volvemos, que la violencia institucional puede operarse por omisión. Entonces toda la Guardia Nacional dejó pasar a los civiles que hicieron destrozos y que agredieron a diputados. Y esa lógica de ocupación militar que empezó por los pobres, por los barrios con las OLP, bueno ahora se prueba un nuevo ensayo adaptado para la clase media. Y también le damos su dosis a la Asamblea Nacional y el sábado pasado le dieron su dosis al Ministerio Público, llega un convoy militar y asalta el Ministerio Público. Es decir son vías de facto que progresivamente se han dado y que hemos venido alertando desde hace más de dos años.
Primero con la OLP fueron por los jóvenes, pobre de los barrios. Después fueron por los manifestantes, después fueron por la clase media, después fueron por los diputados y ahora nos quitaron el Ministerio Público. Si tú te pones a ver los hechos, hay cierta lógica. Hay una racionalidad y un avance en esa praxis militar que no respeta ningún tipo de límite jurídico ni institucional.
Y, según tu opinión cómo actuará lo que describes con la instalación y las sesiones de la constituyente presidencial.
Bueno ya lo vimos. Que la primera decisión haya sido barrer al Ministerio Público, remover de una manera inconstitucional, ilegal, a la Fiscal General, que era el único actor institucional que estaba cumpliendo con su rol, y eso se materializa con un asalto militar a las instalaciones del Ministerio Público, yo creo que ya nos dice por dónde va a ir la actuación de la constituyente.
Siendo como es, una constituyente que ha sido totalmente cuestionada desde sus inicios. Porque el proceso en su totalidad está cuestionado. El problema que ahora devela Smartmatic[1] era completamente predecible. Porque el problema se inicia con la propuesta misma de la constituyente, como si fuese una solución mágica, como si fuese un instrumento para elaborar políticas públicas, cuando no es más que una enorme cortina de humo para evitar medirse electoralmente.
Comienza ese proceso fraudulento al no consultarse a la gente si está de acuerdo o no con una constituyente. Si está de acuerdo o no con las bases comiciales. Ya el Observatorio Electoral Venezolano ha hecho varias denuncias al respecto: cómo se violaron todas las auditorias, se violaron pasos fundamentales en el cronograma electoral, el registro electoral, en fin, un montón de ausencia de controles y lo de Smartmatic fue la guinda de la torta. Hay que repetirlo las veces que sea necesario, la constituyente es un órgano que tiene un origen fraudulento, inconstitucional, por lo tanto sus actos no tienen ningún tipo de validez desde el punto de vista legal, jurídico. Pero es que estamos bajo una vía de hecho. Bajo una lógica de violencia estructural e institucional.
Entonces según tu opinión ¿la constituyente desarrollará una acción más totalitaria? ¿Tú no percibes que esta constituyente puede generar alguna vía de democratización?
El mensaje desde lo institucional, democrático, constitucional, legal, es muy negativo. Desde el punto de vista electoral, de la consulta al pueblo, del respeto al voto también es muy preocupante. Hace un par de semanas estuvo muy de moda entre los analistas políticos la Teoría de los Juegos. El juego de la Gallina… todos estos juegos de suma cero. Por ocasiones pareciera que tenemos una clase política suicida. Sin embargo, esos aparentes suicidas llegan a arreglos y hacen pactos a escondidas.
Y estos pactos no tienen como objeto los intereses de la nación, ni siquiera tienen como objeto un proyecto político de país. Es algo más burdo, son intereses grupales, son intereses crematísticos, son intereses coyunturales. Y eso se puede ver en acciones que de pronto no se les encuentra lógica alguna. Lo que han hecho por ejemplo con Leopoldo López, con las medidas de casa por cárcel que se da entre gallos y medianoche, como se hacen las transacciones de la mafia. Entonces en la madrugada lo mandan a su casa y después también lo devuelven a la cárcel de madrugada y de nuevo a su casa de la misma manera. Es como una negociación de entrega de rehenes. Ahí hay claramente negociaciones.
Entonces poder hacer una lectura prospectiva es muy difícil. Porque no se está llevando bajo una racionalidad institucional ni bajo una racionalidad de proyecto político o de país. No, son intereses particulares.
El caso de López es muy ilustrativo de un patrón. Hay cuatro o cinco versiones sobre un mismo hecho. Porque tienen luego que tratar de justificar esos arreglos a los que llegan a espaldas inclusive de sus propios seguidores. Tienen tres años sistemáticamente diciendo que ese tipo es un monstruo y entonces, después como justifican que le dan un beneficio. En ese momento empiezan a contradecirse entre los distintos voceros del gobierno o del partido. Si uno trata de hacer una lectura intentando llevar una lógica racional, institucional, legal, el futuro parece ser muy incierto, muy oscuro, porque está marcado por fraudes electorales por irrespeto a la constitución y por la vía de hecho, en lógica militar. En una lógica donde domina la fuerza bruta, las armas y las balas. La amenaza que habían hecho: “lo que no logremos por los votos, lo vamos a hacer por las armas”, pareciera estarse materializando.
Lo otro es que la violencia institucional de alguna manera genera y potencia la violencia social. Si esta violencia institucional es utilizada políticamente podría estar generando una violencia equivalente. Pudiera, en este contexto, ser instrumentalizada para intereses políticos y pudiéramos tener problemas de violencia política muy graves.
Incluso ya esta violencia institucional que vimos en los allanamientos en las urbanizaciones de clase media, en los fallecidos en el contexto de manifestaciones, en el asalto a la Asamblea, en el asalto al Ministerio Público, es claramente una violencia institucional de tipo político, ya estamos en presencia de una violencia de tipo político por parte del Estado. Y eso puede generar una escalada que debemos desactivar lo más pronto posible como país.
Tú podrías decir que es una violencia planificada por parte del Estado. Que no se trata simplemente de excesos individuales de algunos funcionarios.
Veamos por ejemplo las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, tenemos esa cifra de 2016, pero no es solo ese año, cuando analizamos los datos de al menos los últimos cuatro, cinco años, hay un claro incremento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
Entonces si hay un claro incremento de esa violencia y el Estado no hace nada. Si varios funcionarios cometen excesos pero tú como Estado no haces nada al respecto, se puede hablar de una política. Cuando vemos que el 80% de los fallecidos se da en contexto de manifestaciones y al menos un 25% son consecuencia de la intervención del Estado, aunque hay que analizar ese 25% para ver si hay algún tipo de patrón, pareciera ser una política. En muchos de estos casos por ejemplo, no se ha identificado a los funcionarios. Por otra parte, no siempre los organismos responsables ponen a derecho a los funcionarios, por el contrario muchas veces no ejecutan las órdenes de aprehensión o directamente los protegen. Y además, recientemente, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, ha dicho que se están observando patrones de violación sistemática de derechos humanos en el país. Con estas evidencias, se podría presumir que se trata de una política de Estado.
Cuáles son tus propuestas para atacar esta crisis. ¿Qué hacer para detener una posible escalada de violencia?
Yo creo en primer lugar hay que hacer una defensa a la Constitución del 99. La Constitución debe ser el marco de referencia para todos. No solamente los ciudadanos sino para todos los actores políticos. Dentro de ella todo, fuera de ella nada. Tenemos que volver todas las aguas a cauces institucionales, toda la praxis política debe hacerle honor a lo que está en la Constitución. Porque eso le pone límites al poder. Tenemos que tratar de volver al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es una desviación pequeño burguesa o un fetiche jurídico, el Estado de Derecho es una gran conquista que hizo que saliéramos de la Edad Media. El Estado de Derecho es la respuesta al Estado Absoluto. Y el Estado Absoluto es por naturaleza violento y esa violencia es ilimitada. El Estado de Derecho trata de poner límites a esa violencia. Entonces en primer lugar, volver a la Constitución, defenderla y respetarla.
Dentro de ese marco ir a las elecciones que están dentro de la Constitución que son las elecciones regionales que ya tocan. Pero esas elecciones tienen que darse en el marco de las leyes y los procedimientos ya establecidos. Y no pueden ser utilizadas con una lógica extorsiva. No puede ser que: “tú te puedes inscribir siempre y cuando no cuestiones la constituyente”. “Tú te puedes inscribir siempre y cuando no hagas actos de disidencia”. Eso está fuera de la Constitución.
En tercer lugar. Hay que reivindicar el derecho a la manifestación pacífica y sin armas. Las manifestaciones tienen que tratar de hacerse de manera masiva y pacífica. Y no permitir que focos minoritarios desvirtúen la protesta. Ahí tienen una enorme responsabilidad los líderes políticos. Y entender que la protesta no es un fin en sí mismo. La protesta es un medio para conquistar mayores derechos.
En cuarto lugar resaltar la importancia de los controles institucionales y legales. El poder no puede ser ejercido sin límite alguno. Y las fuerzas de seguridad del Estado tienen como principal deber proteger y garantizar nuestros derechos no lo contrario. Las fuerzas de seguridad del Estado deben rendir cuentas. Deben ser fiscalizadas. Debe hacerse un seguimiento del uso de las armas de fuego y de sus municiones de manera estricta. En sintonía con esto no se puede tolerar la presencia de grupos de civiles armados que operen al margen del Estado y con tolerancia de las propias fuerzas de seguridad del Estado.
En quinto lugar tiene que haber justicia. Tiene que determinarse las responsabilidades de todas estas muertes. En especial las que son consecuencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero también hay que meterle el ojo a las que han sido ejercidas por mano de particulares.
[1] Empresa encargada de la maquinas electorales que en un comunicado oficial de su presidencia denunció que los números dados por el Consejo Nacional Electoral y los resultados que daban las maquinas no coincidían.
Publicado originalmente en: Aporrea
