26 de noviembre de 2017
Vanessa Davies
“En contextos de crisis de legitimidad del Estado, de crisis política, de crisis económica los estados y los gobiernos tratan de echar mano de estos operativos para tratar de ganar legitimidad, para demostrar fortaleza”
El que crea que llevar las OLP a La Haya va a solucionar el problema en el corto plazo “está viviendo un sueño”, señaló el investigador Keymer Ávila
El de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), ahora con la H de humanistas intercalada, es un problema que debe ser resuelto en Venezuela y por los venezolanos. Lo dice Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV y miembro consultivo de la organización de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
“Es una cuestión que tenemos que hacer acá, desde el punto de vista político, organizaciones sociales, ONG, la academia, y exigir que se nos respeten nuestros derechos”, señaló Ávila a Contrapunto, al ser consultado sobre la decisión de la fiscal general destituida por la constituyente, Luisa Ortega Díaz, de llevar esta denuncia a la Corte Penal Internacional.
“Los procesos de La Haya, cuando los admiten, son de mucho tiempo; son procesos muy complejos. El que crea que eso va a solucionar algo en el corto plazo está viviendo un sueño”.
Mientras eso avanza o no en el ámbito internacional lo cierto es “que hay un incremento de la violencia institucional por parte del Estado en contra de los más pobres”, criticó el criminólogo.
Vuelve la “mano dura” cuando la crisis arrecia
Keymer Ávila participó en un conversatorio sobre las OLP y los derechos humanos realizado el viernes 17 de noviembre en Caracas, organizado por la Red de Apoyo. En ese escenario, el investigador sostuvo que a las OLP “les pueden cambiar el nombre en cualquier momento” pero con otra identificación se repetirán las mismas prácticas, porque “operativos de esta naturaleza han existido” antes en el país, advirtió.
“En contextos de crisis de legitimidad del Estado, de crisis política, de crisis económica los estados y los gobiernos tratan de echar mano de estos operativos para tratar de ganar legitimidad, para demostrar fortaleza”, apuntó.
-¿Las pueden retomar?
-Les pueden cambiar el nombre. El hecho de que el Gobierno no hable más de las OLP no significa que la práctica por parte del aparato policial o militar haya dejado de aplicarse. Lo que han hecho es no darle esa etiqueta.
-¿Pero no han terminado?
-La fiscal general, cuando fue a La Haya, dijo que entre enero y junio de este año ha habido unas 1.800 muertes en manos de fuerzas de seguridad del Estado. Que no tenga las cuatro letras no quiere decir que la práctica haya cesado. Simplemente no se visibiliza en los medios y los voceros del Gobierno no la celebran, no la presentan como una muestra de efectividad y eficiencia. Pero eso no quiere decir que haya dejado de aplicarse. La tendencia clara entre 2010 y 2017 es de un incremento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado
-¿De cuánto?
-El porcentaje que las muertes a manos de cuerpos de seguridad ocupan en los homicidios en general es cada vez más grande. En 2015 era 10%, en 2016 llegó a ser 22%. Hay una clara tendencia al incremento de este tipo de eventos.
-¿Qué cuerpos de seguridad?
-Esa es otra de las trampas. Se caracterizan por actuaciones conjuntas: Cicpc, PNB, Guardia Nacional, Sebin y policías estadales. Esto les garantiza impunidad, porque no queda claro para adjudicar posteriormente la responsabilidad del cuerpo y la responsabilidad individual de los funcionarios. Pero sí hay un predominio de la Guardia Nacional en estos operativos, por una lógica militarizada.
-¿Es una política dirigida contra quienes?
-El perfil sigue siendo el del joven popular del barrio. No el delincuente, sino el que cumple con los estereotipos y los prejuicios raciales, de clase, políticos y mediáticos de lo que se dibuja como un delincuente.
Publicado originalmente en: Contrapunto
