24 de julio de 2017
Jorge Flores Riofrio
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron en una vivienda durante una Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y dieron muerte a cuatro personas el 13 de julio de 2015 en el sector El Cementerio, de Caracas. No había orden de allanamiento y según la investigación del Ministerio Público (MP), los funcionarios usaron indebidamente sus armas e incurrieron en el delito de homicidio.
Estas cuatro muertes son parte de los 505 homicidios perpetrados por funcionarios policiales durante las OLP, desde que se iniciaron en el año 2015, hasta marzo del 2017. Por estos homicidios el MP abrió investigaciones contra 1074 efectivos.
Estos efectivos también implicados en delitos tales como violación de domicilio, hurto, amenaza, violencia privada, privación ilegítima de libertad, trato cruel, abuso de autoridad, destrucción de viviendas y ejecuciones extrajudiciales.
De los 505 homicidios cometidos durante las OLP, los estados que encabezan las estadísticas del MP son Carabobo y Área Metropolitana de Caracas, con 136 y 126, que representan el 26,9% y el 25,0% respectivamente, frente al resto del país.
Los homicidios fueron reportados como enfrentamientos entre civiles contra funcionarios, pese a que solo se incautaron 213 armas de fuego, por lo que se presume que no todos los fallecidos estaban armados cuando les dieron muerte.
Solo la punta del iceberg
Según la ONG, Provea, el 86% de las muertes que involucran funcionarios son ejecuciones extrajudiciales, cifra que manejan diversos especialistas, quienes han investigado los procedimientos de los diferentes cuerpos de seguridad.
El abogado y criminólogo, Keymer Avila, explicó a Efecto Cocuyo, que en un estudio que realizó sobre las muertes violentas de funcionarios en el año 2013, el 70% de los decesos ocurrió sin que estuvieran prestando servicio. Solo el 7% de los efectivos falleció durante un enfrentamiento, por lo que considera que los enfrentamientos ocurren solo en caso excepcionales.
Avila señaló que, las cifras sobre las OLP, «son solo la punta del Iceberg», puesto que los homicidios perpetrados por funcionarios son muchos más. «Las muertes por OLP, son solo el 5% de las muertes perpetradas por cuerpos de seguridad, por lo que es necesario observar más allá de las siglas, para que no se invisibilicen estos homicidios», agregó.
En la presentación del informe anual del año 2016, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz informó, que el MP registró 4.667 muertes a manos de funcionarios policiales o castrenses. 635 agentes fueron acusados por estar implicados en violaciones de los Derechos Humanos.
Durante las OLP participaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de la PNB, de las policías regionales, municipales, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Según las cifras manejadas por el MP, 708 efectivos de este último organismo están involucrados en delitos durante los procedimientos.
De las personas fallecidas, 27 eran adolescentes, los demás eran adultos quienes, en su mayoría, no tenían 30 años de edad.
Durante las OLP, 1050 personas fueron detenidas por estar presuntamente involucradas en algún delito, de las cuales 47,83% se encuentran bajo medidas cautelares sustitutivas, mientras que el 33, 46%, continúa privado de libertad.
Las OLP comenzaron el 13 de julio del 2015, luego de ser anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, para «desmantelar el paramilitarismo instalado en el país», según él.
Con el inicio de los operativos, cambió la filosofía policial implementada durante el gobierno de Hugo Chávez, que se centraba en la prevención más que en la represión o «mano dura», política establecida en los planes de la nación anteriores al 2013.
Revise aquí el informe actualizado del MP.
Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo
