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18 de abril de 2017

Sabrina Machado

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, América Latina se ha convertido —en los últimos años— en un nicho marcado por la violencia, caracterizado por las altísimas cifras de homicidios que en muchos casos llegan a superar el número de personas fallecidas como consecuencia de cruentos conflictos bélicos. La violencia se ha apoderado de la región con carácter y sin remilgos desde la década de los 90, según estudios especializados. 

La falta de estudios, de políticas claramente diseñadas, los marcados niveles de impunidad y la clara apatía de la sociedad civil en torno a este flagelo han sido algunos de los factores que han permitido que hasta los momentos no se logre un claro avance en esta guerra particular, que sostienen los distintos países de la región, unos con mayores agravantes que otros. 

Un estudio realizado la Universidad de Sao Paulo intenta ilustrar la situación en la región, a través de los pocos programas de prevención en el área de homicidios que se han llevado a cabo con cierto éxito, de forma focalizada y temporal; al mismo tiempo, que pone el dedo en la yaga al descubrir la poca sistematización y análisis que hay en Latinoamérica en torno al importante conflicto que cada día cobra un significativo número de vidas.

“Nuestra región es, desgraciadamente, el subcontinente con mayores tasas de homicidio en el mundo y necesita reaccionar ante el problema. Es tarea de todos, incluyendo al poder público y a la sociedad civil, participar en esta reacción”, dicen los investigadores del Laboratorio de análisis de la violencia y del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Según los estudios de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), en los últimos 15 años “seis millones de individuos han fallecido por dicha razón (violencia). Esto coloca a los homicidios como una causa de muerte más importante que los conflictos armados que han tenido lugar durante el mismo período de tiempo”. 

De acuerdo con las estadísticas del ente de las Naciones Unidas, “el 25% de los homicidios del mundo se concentra en apenas cuatro países latinoamericanos: Brasil, Colombia, México y Venezuela”. Asimismo establece que el 66% de los homicidios se cometen con armas de fuego. 

Uno de los elementos que destacan los autores del informe Mapeo de Prevención de Homicidios en América Latina y el Caribe es que el 69,8% de los programas de prevención contra homicidios se desarrollaron durante la última década. El estudio se realizó entre los años 2015 y 2016 y fueron analizados 93 planes, desarrollados -en su inmensa mayoría- por las propias autoridades. 

“El hecho de que la mayoría de los programas de reducción de homicidios parezcan relativamente recientes, implementados en los últimos 10 años, puede indicar un aumento de la preocupación con el tema y un cambio de tendencia a la que este trabajo pretende contribuir. La región debe dedicar sin demora un grado de prioridad al homicidio compatible con la gravedad del problema”, se lee en el informe.

Explicaron los expertos que en América del Sur la mayor concentración de programas se observó en Brasil con 14, Colombia con 10 y Venezuela con cinco, siendo éstas las naciones donde se registra la mayor tasa de homicidios del subcontinente, la cual se acerca cada vez más a los registros de El Caribe que, de acuerdo con los especialistas, es donde se encuentra la tasa más alta en materia de mortalidad por la violencia del continente. En el país Proyecto Alcatraz, ejecutado por la Fundación Santa Teresa, fue uno de los planes evaluados. 

Denuncian los autores del mapeo que la mayoría de los planes abordados estaba dirigido más al control de la violencia y la criminalidad que hacia los homicidios propiamente dicho. 

Desde la entrega de armas, campañas de concientización, limitaciones en el expendio de bebidas alcohólicas, hasta acciones más temerarias y arriesgadas como la negociación y mediación con grupos armados fueron puestas en prácticas en la región durante los últimos años. Así mismo dejó constancia que mientras más temerarias y reaccionarias son las acciones policiales, mayores son los niveles de violencia generados en contrarrespuesta, dejando claro que estas medidas son las menos efectivas.

La falta de seguimiento, estudio y estructuración observado en los distintos intentos de proyecto no permitieron conocer a cabalidad los reales alcances de estas acciones —de acuerdo con los autores del informe—, ni precisar su efectividad al momento de implementar tales planes en otras regiones, no solo del continente, sino del propio país donde se llevó a cabo el programa. 

En este sentido, los expertos hacen hincapié en la necesidad de invertir en la evaluación de las intervenciones y en la investigación sobre prevención de manera general.

Esta situación obedece fundamentalmente, según el criminólogo Keymer Ávila, a que la región no termina de entender la gravedad de la situación y sus políticos siguen sin estar a la altura de los acontecimientos y no asumen las medidas con responsabilidad. 

“Creo que hay desidia, inmediatez sobre todo por parte de los actores políticos que giran en torno a campañas coyunturales, la racionalidad del politiquero es inmediatez, es búsqueda de votos inmediata, aprovechar el mayor tiempo que voy a estar en el cargo, pero no tienen visión estratégica, de país, de Estado. No hay políticas específicas. Paradójicamente la región con niveles más altos de homicidio no le presta mayor atención al problema”, aseguró.

En el caso de Venezuela fue aún más crítico al explicar que la situación que atraviesa el país obedece a un problema estructural que se viene arrastrando desde hace más de 50 años. “Desde 1958 hasta el 2016 hemos tenido 43 ministros de interior. Esos señores duran apenas un año y tres meses en el cargo y entre ellos mismos no existe continuidad”.

“En Venezuela lo que hay son políticas mediáticas, grandes aparatos de propagandas. Los políticos no se preguntan qué voy a hacer, sino qué voy a decir, cómo creo agenda pública o cómo coloco la agenda pública a mi favor. Hacen campañas e invierten dinero en grandes transmisiones y hasta ahí. No existe una política real y, del otro lado, también caen en lo mismo. Los planes no se aplican porque los ven a muy largo plazo. Nadie se preocupa por el Estado, ni por las instituciones”, se lamentó el experto de la UCV.  

El informe sobre la situación latinoamericana fue presentado a las autoridades venezolanas por la fiscal general de la República, en la sede principal del Ministerio Público. En este escenario Luisa Ortega reconoció que “la voluntad política de los actores” es primordial para que un programa de prevención de homicidios sea exitoso.

Enfatizó que la disminución de los homicidios solo será posible con el fortalecimiento del sistema de justicia penal, la depuración de los cuerpos de seguridad del Estado, el uso de la fuerza policial para capturar a los responsables de los hechos punibles, la recuperación de espacios públicos para el esparcimiento y la realización de actividades deportivas y culturales. Asimismo, manifestó su preocupación por el aumento de la violencia en el país, producto “de un conjunto de antivalores que atenta contra la convivencia pacífica”.

Justamente la impunidad es uno de los elementos que atentan contra la reducción de los homicidios en la región, según los autores del estudio, y las estadísticas nacionales colocan esta cifra en 90%, es decir, solo 10 de 100 homicidios obtiene una condena penal.

Publicado originalmente en: Panorama