19 de febrero de 2017
Vanessa Moreno Losada
El doble homicidio de los hijos de una funcionaria de la Policía Municipal de Zamora (Miranda), prendió las alarmas entre los miembros de los cuerpos policiales. No es la primera vez que ocurre un caso similar, pues en 2016 mataron al hijo del supervisor jefe de Policaracas, Larry Morillo, en Distrito Capital.
Para Keymer Ávila, criminólogo e investigador de la Universidad Central de Venezuela, establecer que el doble asesinato de los hijos de la Polizamora es una tendencia y una “aventura”, pues se debe analizar el móvil y el perfil de las víctimas; al igual que en el caso de Michelle Kenderly Hernández Jiménez, de 25 años de edad, hija de dos funcionarios retirados de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), a quien hallaron estrangulada en el estado Aragua después de estar desaparecida por 10 días.
El especialista señaló que el recrudecimiento de la violencia con la que asesinan a funcionarios policiales pudiera ser un indicador de que la violencia policial se volvió en su contra. “Esa especie de guerra irregular en la que los policías y militares, luego de una cacería, en la que ejecutan a civiles tiene su contraparte en las emboscadas y asesinatos de policías por parte de grupos delictivos”, expresó.
Los matan delante de sus familias
De acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), en 2016 fueron asesinados 384 funcionarios policiales y militares en Venezuela y la cifra sube si se suman los 30 escoltas que también murieron en manos del hampa. Este dato supera las estadísticas de años anteriores que maneja la organización: 350 (2012); 295 (2013); 338 (2014) y 344 (2015). En cinco años han asesinado 1.741 uniformados.
“No solo los han matado, los han buscado en sus viviendas, los sacan a la calle y delante de su familia les disparan”, recordó el comisario jubilado de la Disip, Omar Vásquez Lagonel.
Para él, los hechos contra funcionarios policiales de esta semana representan una alerta para que las autoridades tengan en cuenta: “Estos crímenes pueden tener un efecto multiplicador porque no hay capacidad humana ni suficiente equipamiento para enfrentar a la delincuencia, que desde hace cinco años ha ido sobrepasando en fuerza a las instituciones policiales”, aseveró Vásquez Lagonel, quien participó en la reforma de la Ley Orgánica de los cuerpos policiales y para la creación de la Ley Especial de Seguridad Social de los funcionarios policiales de Venezuela.
El comisario se refiere al homicidio del oficial jefe Darvinson Franco de la Policía de Aragua, a quien le habían ordenado salir del sector hace un mes. A las 7:00 de la noche del viernes 21 de octubre de 2016, unos motorizados llegaron a su residencia y amenazaron con disparar a toda la familia, si no salía del inmueble. Así lo hizo y fue acribillado frente a su esposa.
Días después delincuentes corrieron la voz de que aplicarían su propia OLP (Operación Liberación y Protección al Pueblo) en San Vicente con carteles que citaban: “maldito sapo, te vamos a matar. Te habla el hampa de San Vicente“; al igual que la política de seguridad del Estado que ha sido calificada como una orden no escrita “de disparar y luego investigar”. Con esta orden, cerca de 40 funcionarios policiales fueron desalojados de sus viviendas en Aragua.
Funcionarios desmoralizados
Vásquez Lagonel explicó que en este caso no hubo respuesta institucional más que dejarles pernoctar en las comandancias de Poliaragua. “Esto desmoraliza al funcionario y no se está atendiendo sus necesidades. Por eso el Estado tiene una gran deuda con la institución policial”, indicó.
En el primer semestre en los que se ejecutó la OLP, los funcionarios policiales y militares ejecutaron extraoficialmente a 245 personas, según informe de la Fiscalía de 2015. Estas estadísticas no se han reportado para 2016, pero Runrunes publicó una filtración de cifras oficiales en las que se muestra que entre enero y septiembre del año pasado 3.704 personas murieron en manos de las policías y militares por supuesta resistencia a la autoridad.
«Lamentablemente ambos grupos se están manejando por la misma lógica: actuar por fuera de la ley. Esto trae como consecuencia que tanto policías como delincuentes terminan victimizando, muchas veces, a gente inocente que no tiene que ver directamente con el conflicto generador originario», advirtió Ávila.
Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo
