Jose Ramirez

29 de marzo de 2016

Sabrina Machado

Cifras van y  vienen, oficiales y extraoficiales. Denuncias de atropellos,  robos, ejecuciones van y vienen. Todo en el marco de la Operación para la Liberación y protección del Pueblo (OLP). A medida que pasan los días las voces alarmadas elevan aún más su tono. El operativo policial, con un alto componente militar, cumple 8 meses y son muchos los cuestionamientos a su paso. 

Las autoridades hablan de 52, 106, 245 supuestos delincuentes abatidos en muy entre dichos enfrentamientos. Las primeras dos cifras las entregó el  ministro de Interior y Justicia. La última la fiscal general de la República, garante de la legalidad, Luisa Ortega Díaz, en su informe de memoria y cuenta. Las tres hablan del 2015. El cuestionado plan arrancó en el Distrito Capital, Aragua y Miranda el 13 de julio, con un saldo de 14 muertos, solo en la ciudad capital.

De acuerdo con la cifra de la Fiscalía, institución responsable de las investigaciones penales, desde la implementación de este operativo han resultado muertos 1,36 personas diarias en 180 días, al supuestamente enfrentarse a los organismos de seguridad que integran el plan: PNB, Sebin, GNB y Cicpc. 

La primera cifra oficial de este año es de 58, solo en  Zulia, y solo en enero. El jefe de la Redi-Occidente, general Franklin García Duque, entregó el informe en compañía de las  autoridades de la entidad. El funcionario destacó que las personas “dadas de baja” en  su mayoría presentaban prontuarios por homicidio, robo, extorsión, hurto y secuestro. 

El último balance ofrecido por el ministro González López, en febrero de este año, no habló de víctimas caídas, solo de bandas desarticuladas, decomisos practicados, apartamentos de la Gran Misión Vivienda recuperados, armamento recuperado, detenciones practicadas, pero no fallecidos.

En esta oportunidad, el principal responsable de este operativo prefirió guardar silencio en relación con este último aspecto. Sin embargo, con las estadísticas del 2015 se conoce que en solo medio año “se ha elevado en 173% el promedio anual de este tipo de muertes”, según el criminólogo y profesor universitario Keymer Ávila. 

Pero estas no son las únicas cifras que ha arrojado este plan. Se puede contar una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por abusos y violaciones de los derechos humanos, a celebrarse en abril. Una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia interpuesta por una beneficiaria de la Misión Vivienda que fue despojada de su apartamento por órdenes del Ejecutivo y un video donde se aprecia la ejecución de cuatro personas, supuestamente fallecidas en enfrentamiento.  

Con el primer mes de la puesta en funcionamiento de la OLP los defensores de los derechos humanos comenzaron a levantar su voz en torno a cómo se llevaba a cabo el operativo que involucra a un contingente de miles de funcionarios, ya la suma asciende a 88 mil. En total se han desplegado 137 incursiones en el territorio nacional, según el balance de febrero del MIJ. 

Como “razzias represivas” las define Marino Alvarado, excoordinador de la ong Provea. Keymer Ávila al primer mes de la OLP llamaba la atención sobre la eficacia del operativo en cuanto a líderes detenidos, al número de personas fallecidas en relación con la cantidad de funcionarios implicados y la cero victimización por parte de éstos y sobre el peligro que esta política genere un mayor aumento de  la inseguridad de todos, al propiciar una escalada de violencia en dos flancos: delincuentes-Estado. 

Además no son pocos los que se preguntan qué pasó con la política adelantada por el expresidente Hugo Chávez, desde la Conarepol, sobre el nuevo modelo policial y el tan vociferado uso proporcional de la fuerza. Para muchos se impuso el modelo represivo, violatorio. 

Otro de los serios cuestionamientos realizados es sobre la criminalización y estigmatización de los sectores más humildes de la sociedad, quienes han visto cómo sus casas son invadidas sin órdenes de allanamiento ni la debida presencia de fiscales del Ministerio Público, como denunció Rafael Jiménez, habitante de la Cota 905, en Caracas. 

“Funcionarios policiales ingresaron a mi vivienda y me robaron el celular, el DVD y causaron destrozos. Mi hijo Liander Jiménez, de 32 años, fue detenido y trasladado a la comandancia de la GNB desde la 6:30 am hasta la 1:00 am del siguiente día. Liander fue golpeado por los guardias. Mi otro hijo, Oscar Jiménez, también fue detenido y golpeado. El tercero es menor de edad, tiene 17 años, y también fue detenido y golpeado. Todos tienen libertad plena”, recoge una denuncia de Provea.

“La inexistencia de resultados públicos sobre investigaciones oficiales en estos casos, alienta las sospechas sobre el uso desproporcionado de la fuerza. Cualquier ambigüedad en el discurso público, puede contribuir a legitimar patrones ilegales, preexistentes, en el accionar de los cuerpos de seguridad y nuevas formas de victimización institucional de los sectores populares”, se lee en un comunicado firmado por 26 activistas de derechos humanos, investigadores sobre temas de seguridad frente al delito y “militantes de izquierda”, publicado en la página de Aporrea.

Según denuncia formulada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en el marco de la OLP se han practicado más de 10 mil detenciones, de las cuales solo 1.992 han sido procesadas por el Ministerio Público. “De acuerdo a estas cifras, el 80,8% de las detenciones practicadas en el marco del OLP han sido arbitrarias e ilegales y apenas en el 19,92% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos”, afirman desde la ong.

Otro punto fuertemente cuestionado es el silencio de la fiscal Luisa Ortega Díaz y del defensor del pueblo Tarek William Saab, quienes están en la obligación de evaluar las denuncias, verificar la veracidad de las mismas y actuar en caso de ser ciertas. En el comunicado que agremia a varios especialistas en la materia instan al Estado a: “Que se investiguen los casos de violación a los derechos humanos denunciados y se sancione a los funcionarios que resulten responsables, en el marco de un claro discurso de condena a estos hechos por parte del Alto Gobierno”.

En este sentido, el ministro de Interior y Justicia, González López, niega en forma contundente estas denuncias y asegura que cada acción se ejecuta en el marco del respeto a los derechos humanos. El presidente Maduro también ha dado su respaldo a estas incursiones que movilizan a miles de funcionarios y, hasta el propio Defensor del Pueblo, ha expresado que quien se encuentre en contra de estos operativos está a favor de las bandas criminales. Sin embargo, un mes después afirmó que los procedimientos pueden ser perfectibles y recomendó que las detenciones no se practicaran de forma masiva, sino que obedezcan a un “cruce de las datas para ese tipo de procedimientos”.

Hasta los momentos no ha habido pronunciamientos por parte de los funcionarios del Estado acerca de las detenciones sin órdenes de captura o en absoluta flagrancia, como dicta la ley, ni las violaciones a las propiedades privadas sin órdenes de allanamiento, pero —a pesar de lo cuestionado del plan— cuenta con un apoyo popular de 87%, según Hinterlaces, evidenciando el astío de la población en torno a la delincuencia desbordada. 

En este sentido, Keymer Ávila invita a la población a pensar en qué tipo de sociedad se quiere convertir, porque “los derechos fundamentales de las personas, en especial los que tienen que ver con su vida, integridad personal y libertad ambulatoria, no pueden ser sometidos a consulta popular”.

Publicado originalmente en: Panorama