Expertos insisten en aprovechar la experiencia lograda a partir de la reforma de 2006 | Anuncio de “revolución policial” abre un debate sobre reformas en el sector

Feb 12, 2023 | 0 Comentarios

9 de noviembre de 2014

El presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión que se encargará de la reestructuración de los cuerpos policiales venezolanos. El Correo del Orinoco consultó a tres expertos en el área para reflexionar en torno a las implicaciones que pudiera tener esta nueva instancia.

Lo primero que aclara Luis Gerardo Gabaldón, abogado especialista en Derecho Penal y Criminología, es que “el Presidente habló de una revolución policial, cuyo alcance no se entiende muy bien, y no de una reforma, pues la reforma ya se viene aplicando desde el año 2006”. Para él es “sorprendente y esperanzador” que, tanto el Gobierno como la oposición parezcan coincidir en los principios y  líneas maestras de la reforma, “lo cual es un aliciente para su desarrollo y consolidación”.

Asegura que el nuevo término empleado por el Mandatario podría ser interpretado en varios sentidos: “Si se entiende como un cambio profundo y brusco del sistema policial, ello no solo no es factible e inconveniente, sino que entraría en contradicción con el proceso que el propio gobierno impulsó desde 2006, a través de la Comisión Nacional para la Reforma Policial; si se entiende como una consigna para realizar cambios necesarios, habría que ver de qué cambios se trata y sobre qué diagnóstico se ha trabajado”.

Una de las grandes virtudes de la reforma policial de 2006, acota, fue que contó con la participación de las personas más preparadas en la materia y sin intereses económicos, partidistas o corporativos de por medio, “tanto por parte de los miembros de organismos oficiales  como de los externos”.

A su criterio, ello llevó a estudios, diagnósticos y propuestas, no solamente muy bien fundados y anclados en la realidad nacional, no copiados desde afuera, sino efectuados con independencia y transparencia. “Ese proceso no es fácil de repetir, bien por la preparación de los actores, como por los intereses y lealtades corporativas, para no hablar de cosas peores”, ponderó.

Indicó que lo que se ha podido observar en las primeras declaraciones de los miembros de esta nueva Comisión Presidencial, es la insistencia en los asuntos relativos a la protección social de los policías, que por supuesto deben ser consideradas dentro del marco de lo que autoriza la Constitución, y en el desarrollo de una conciencia moral que resulta difícil de aprehender y aplicar para un mejor desempeño, “no solo porque la moral varía según las personas, sino porque resulta difícil de precisar”.

ANTECEDENTES DE REFORMA

Gabaldón, quien se desempeña como docente e investigador en la Universidad Católica Andrés Bello, resalta la existencia de  dos reformas policiales en los últimos 80 años: “La de López Contreras, en 1937, con la creación del Servicio Nacional de Seguridad, que dio paso ulterior a la Guardia Nacional, consolidada como cuarto componente de la Fuerza Armada a partir de 1952; y la de Chávez en 2008, sobre la base del trabajo de la Comisión Nacional para la Reforma Policial de 2006, que reconoció el carácter civil de las policías y procuró armonizar el desempeño de los diversos cuerpos existentes, de acuerdo con la Constitución,  en la Nación, los estados y los municipios”.

Sostiene que cada una de estas reformas obedeció a tiempos y propósitos distintos. La de López Contreras buscaba “enfrentar la cuestión emergente de la urbanización y la preeminencia del Poder Central para el control policial”, en un país que salía de un sistema rural y enfrentaba la industrialización, todavía con resabios  de caudillismo local.

La de Chávez, en tanto, pretendió reconocer la complejidad del control policial en un ambiente fundamentalmente urbano, “dentro de un régimen político plural que reclamaba, conforme a la nueva Constitución, un servicio policial desconcentrado pero coordinado, apegado al respeto de los derechos humanos y con mecanismos de auditoría y control ciudadano”.

La nueva reforma, expresó, todavía cabalga sobre las estructuras marcadas por la reforma de 1937. “Esta tensión aún no se resuelve y quizás lleve tiempo para el ajuste. Cada una de las reformas produjo -o debería producir- una policía para cada época, con diferentes perspectivas y ajustes en cuanto al desempeño y el servicio que debe prestar la policía para garantizar la seguridad pública”.

Esgrime que ambas pusieron el foco en la profesionalización del servicio policial, aunque con perspectivas diversas, y han contribuido con el perfil institucional de la policía venezolana y a su proyección futura, “pues la práctica social es fundamental para el desarrollo de las instituciones y no puede ser obviada al momento de pensar y diseñar estructuras normativas novedosas”.

MEJORES INSTRUMENTOS

De acuerdo con el docente, el sistema que se viene consolidando para las policías ostensivas o uniformadas, a partir de la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, ha avanzado satisfactoriamente en cuanto a instrumentos normativos y estándares, aunque -en su criterio- no lo debidamente en cuanto a supervisión y controles.

Insiste en que los estándares y las normas “no funcionan si no hay quien los aplique, vigile su cumplimiento e introduzca los correctivos necesarios”, tanto para el cuerpo policial en su totalidad (desempeño agregado) como para los funcionarios en particular (desempeño individual). Al respecto, precisó que las resoluciones que definen estos parámetros “se han dictado, pero hace falta un seguimiento de su cumplimiento efectivo, pues de lo contrario nada valen, serían un saludo a la bandera”.

En cuanto al Cicpc, opina que su nuevo marco legal es muy reciente, de 2012, y resultará más difícil aún de implementar, debido a la tradicional autonomía de gestión y desempeño, así como fuerte cultura corporativa e inercia que muestra dicha institución desde hace casi cuarenta años.

“El sentido de la reforma de 2006 y su proyección actual es construir un sistema policial integrado, donde vigilancia e investigación estén armonizadas y no divorciadas, donde haya rectoría efectiva pero no interferencia indebida del Poder Ejecutivo sobre los cuerpos policiales, y donde se termine por comprender que la responsabilidad  sobre el control de la delincuencia no descansa exclusivamente en la policía”, manifestó.

LIBERARSE DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción, a juicio del experto en criminología, es universal y se asocia al monopolio u oligopolio de  bienes y servicios que tienen gran demanda y son controlados por personas dispuestas a negociarlos a cambio de un precio. “Para muestra, basta ver el caso actual de la escasez de bienes de primera necesidad con gran demanda, que son copados por grupos o individuos quienes los revenden a precios exorbitantes”, referenció. Aunque desde el punto de vista legal esto se defina como acaparamiento y especulación, el especialista afirma que dicha acción tiene la misma lógica de la corrupción.

Dijo que la policía controla y administra, en buena parte, la seguridad de personas y cosas que, con las elevadas tasas delictivas generan gran demanda y se negocian por un precio, entre otras razones, “debido a los magros salarios e incremento desproporcionado del costo de la vida que contribuye a deprimirlos”.

Por tanto, estima que “el combate a  la corrupción no debería basarse en un discurso moralista de valores de solidaridad, sacrificio y cooperación”, pues las personas altruistas y desinteresadas no son la regla, sino en condiciones estructurales que minimicen la propensión a negociar ilegítimamente la prestación de la seguridad y la protección, a lo cual pueden contribuir el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los policías y la elevación de su dignidad y prestigio profesional.

También hacen su aporte, en opinión del abogado, la detección temprana de conductas proclives a escalar en magnitud y extensión, aplicando los correctivos correspondientes, y la facilitación de trabajos legítimos alternos a los policías en sus días y turnos libres. “Será muy difícil librarse totalmente de la corrupción, pero al menos se puede avanzar para minimizarla haciéndola menos dañina en extensión y magnitud”, evaluó.

DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR

Una de las virtudes de la Reforma Policial, exalta el analista, fue promover la consulta de una amplísima variedad de sectores  para definir la orientación y alcance del nuevo modelo policial. “Este precedente se consolidó y repitió con posterioridad, en diversas escalas, con la Comisión Presidencial para el Desarme, la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y la más reciente Consulta Nacional sobre la Calidad Educativa”, añade.

Los procesos de consulta extensa, sin embargo, son muy costosos y en muchas oportunidades, debido a su formato, generan redundancia y evaden cuestiones puntuales para la política pública, determinó. Ahora bien, con todo lo que se consultó para la reforma policial, estima que lo que queda por hacer es implementar, dar seguimiento y evaluar los resultados en función de metas y objetivos realizables.

“Algo sorprendente en los últimos años es que, pese a tratarse del mismo gobierno, cuando cambian administraciones ministeriales, o en otras instituciones se abandonan iniciativas positivas, se replantean cosas ya trilladas con ropajes estrafalarios que desconcentran la atención y el foco en las metas y objetivos”, fustigó.

Cambiar nombres, a su parecer, “no ayuda a definir mejor una política”. Más bien hay que buscar acuerdos y consensos sobre lo que es plausible y realizable, más allá de los desacuerdos. Pero “la polarización política actual no ayuda a ello, y debe trabajarse para superar estas fallas”.

Gabaldón reconoce que hasta en temas tan técnicos y centrales para el país -como la política para mantener los precios del petróleo- “los debates en la Asamblea Nacional se parecen a lanzamientos de piedras entre grupos de adolescentes exaltados”. En ese sentido, señala que es necesario superar estas  limitaciones.

“Un sector que tiende a ser descuidado actualmente en la consulta lo conforman las denominadas organizaciones sociales estructuradas, esto es, grupos ciudadanos consolidados por trabajos temáticos continuados y sedimentados, con bagaje y antecedentes respetables, que podrían aportar mucho en materia policial, especialmente en lo que se refiere al control externo, a través de foros ciudadanos con conocimiento fundado”, dilucidó. El control de la policía, según plantea el experto, “no puede ser tumultuario y vocinglero, sino selectivo, en cuanto identifica problemas específicos, y prudente y asertivo en cuanto procura cambios más allá de la retórica”.

EL METRO COMO EJEMPLO

En cuanto a ejemplos para lograr cambios favorables, citó uno que considera muy cercano al presidente Maduro: El Metro de Caracas. “A pesar del enorme flujo de circulación que registra, y salvando algunos episodios de desorden en horas pico de altísima concentración, el comportamiento de la gente y su funcionamiento siguen siendo razonables”, ponderó.

En su opinión, eso se debe a la cultura de la supervisión que allí se instaló desde hace muchos años, y que ha perdurado y se reproduce. “No se ataca al Metro porque era malo en la época de la cuarta república, al menos esto no lo he escuchado yo. La supervisión y la inducción mantienen entornos ordenados, previsibles y más seguros”, dictaminó.

A su juicio, esa es una buena observación para la policía, pues aunque ella no anda sobre rieles, sí contribuye al orden, y no solo en materia de tránsito, que ya es bastante. “Creo que hay que buscar experiencias exitosas en nuestra cultura en vez de tratar siempre de imitar las ajenas, pues solo trabajando con nuestra manera de ser y ver las cosas podemos avanzar en la gestión social”, reflexionó.

VIEJA CONFLICTIVIDAD

De acuerdo con el abogado criminólogo Keymer Ávila, la conflictividad policial no es un asunto nuevo en el país. “Existen innumerables investigaciones empíricas elaboradas a partir de los años 80, en las que se documentan problemas tanto con la Policía Metropolitana como con la Policía Técnica Judicial (PTJ)”, ambas desarticuladas en la actualidad, describió.

Sin embargo, recordó que entre 2005 y 2006 -que fue un año electoral- ocurrieron una serie de sucesos que impactaron al país entero, en los que las víctimas fueron personas con alto poder de reclamo social. “A finales del 2005 se dio el caso Kennedy, luego en 2006 ocurre el caso Faddoul, el caso Piñango y el caso Sindoni, en tres de estos cuatro casos están involucrados policías”, analizó.

Esos acontecimientos, destaca, posicionaron en la agenda nacional temas como el desborde policial, la violación de derechos humanos, la corrupción y la inseguridad, los cuales, a su parecer, “tenían una clara intencionalidad de atacar al gobierno, aunque eso no quiere decir que esas problemáticas no existieran”.

NUEVO MODELO POLICIAL

Por ese motivo el gobierno concentró en aquel momento toda la demanda de seguridad en el tema policial y fue así como se crea la Comisión para la Reforma Policial (Conarepol), la cual calificó como una iniciativa “bastante afortunada” por haber partido de una convocatoria bien amplia que reunió a académicos de distintas universidades, voceros de la oposición, del gobierno y expertos en la materia, entre otros.

El objetivo de esa comisión, admitió, era abordar la enorme desregulación que había en los distintos cuerpos policiales. “Las policías operaban como pequeños ejércitos de los gobernantes de turno, tanto alcaldes como gobernadores. No había en ellas uniformidad ni homogeneidad”, acentuó.

Esa ausencia de normativas y de regularidad, acota Ávila, quien se desempeña como profesor en la Escuela de Derecho de la UCV e investigador del Instituto de Ciencias Penales de la misma casa de estudios, “generaba descontrol, y ese descontrol, a su vez, trajo consigo abuso, exceso y corrupción”.

Por otra parte, refiere que en una disposición transitoria de la Constitución de 1999 se ordenaba la creación de la Policía Nacional, por ello, cuando se reúne esta comisión, su meta era, en principio, crear la Policía Nacional y tratar de regular todo el tema policial, “pero se trascendió a eso y se decide abarcar mucho más con la construcción de un nuevo modelo policial”.

LEY INTEGRAL

El nuevo modelo policial, enfatiza Keymer Ávila, es un legado que se obtiene entre los años 2006 y el 2007, a partir de los planteamientos y sugerencias de la Conarepol, pero que queda plasmado de forma definitiva en la Ley Orgánica del Servicio de Policía aprobada en el 2009.

Detalló que además de ratificar la creación de la Policía Nacional, concebida como una policía altamente especializada “que aún está en pañales, porque apenas han pasado cinco años desde que se instauró la normativa”, esta también demandó la organización del servicio de Policía Comunitaria. Mediante esa instancia, acotó, se pretendía buscar una mayor proximidad con las comunidades.

La labor de esta, acota, no debe ser confundida ni desarrollada por otros actores, dado que se trata de un servicio indelegable del Estado. “La idea no debe ser convertir a los ciudadanos en policías, ni poner a la gente a hacer inteligencia o sapear al vecino, porque eso deteriora las relaciones de la comunidad; lo que pueden hacer es contraloría social a las instituciones”, resaltó.

Igualmente, este precepto estableció la creación de un órgano rector para diseñar, supervisar y controlar todas las políticas en esta materia, lo cual, a su criterio, crea gobernabilidad y da orden, permitiendo estandarizar el tema policial en el país. “El Consejo General de Policía ha dejado más de 35 resoluciones ministeriales que tienen que ver con capacitación, entrenamiento, organización, administración de los distintos cuerpos”, enumeró. Además comentó que por solicitud de esta instancia, se han hecho más de 25 manuales de procedimiento.

Asegura que los datos logrados a través de distintas investigaciones y unas 32 mil consultas realizadas por esa instancia, le otorgan una “base de legitimidad y de verificación de todo el conocimiento” que ha ido acumulando. El consejo también impulsó la creación del Sistema de Información Estratégica Policial y la homologación de más de 90 mil policías.

En opinión del catedrático, “la tarea de diseñar un nuevo modelo policial en los tres niveles políticos territoriales, respetando las competencias de los alcaldes y gobernadores, todavía está en construcción”. Todo lo que se ha avanzado en los últimos cinco años, reflexiona, “no puede dejarse de lado ni puede desconocerse”.

NO RETROCEDER

Paradójicamente, esgrime Ávila, la reforma policial planteada en la actualidad se da en un contexto similar al del 2006. “Si bien es cierto que este no es un año electoral, faltan cuatro meses para que lleguemos a las elecciones de la Asamblea Nacional”, comparó.

Además indica que se han suscitado casos emblemáticos en los que las víctimas también tienen un alto poder de reclamo social, como Mónica Spear, Robert Serra, Eliezer Otaiza y el escándalo en Quinta Crespo con los colectivos. “El posicionamiento mediático del tema empuja nuevamente a los actores políticos para que se pronuncien sobre eso”, analizó.

Lo importante en este momento, a su criterio, es no retroceder. “No se debe tomar este espacio para desmontar lo que se ha avanzado, ni para que tenga un efecto de contrarreforma, por el contrario, lo que se haga debe profundizar el nuevo modelo policial”, recomendó.

Esta comisión, en su opinión, tampoco debe verse como la extensión de un partido político o como una única institución en el área. “Para ampliar la convocatoria se tiene que llamar a las universidades autónomas, sobre todo a los institutos de investigación que tengan propuestas concretas, porque tampoco hay mucho tiempo que perder”, aseveró.

Es importante también, de acuerdo a lo expresado por el especialista, que este proceso “no sea secuestrado ni controlado únicamente” por las instituciones y los actores que son objeto de esa reforma. “Eso es como decirle a los banqueros que hagan la Ley de Bancos, o que establezcan las normas del nuevo modelo financiero”, ejemplificó.

TOMAR LO BUENO

Dice que el nuevo equipo debe tomar en cuenta lo bueno de la experiencia: “La Conarepol fue exitosa porque hizo una convocatoria amplia, donde no solamente habían personas del gobierno y de las instituciones involucradas, sino también universidades, ONG, representantes de la oposición democrática”.

Otro aspecto positivo que legó la antigua comisión, añade, fue el dilatado proceso de consulta que se desarrolló: “Duraron nueve meses haciendo el diagnóstico y los resultados se presentaron al año”. Recalcó que por su importancia e impacto en la sociedad, el tema sobrepasó el plano legislativo.

“Usualmente, cuando se habla de seguridad, la gente piensa en una reforma de ley como si los cambios sociales o institucionales se dieran por decreto. Aquí se trascendió el tema de la ley y además el proceso no estuvo dominado por abogados ni por policías, porque fue un equipo multidisciplinario el que lo desarrolló.  Ese es un modelo exitoso que debe tomarse como referente”, asintió.

Pese a todos esos logros, criticó que la Conarepol se haya concentrado mucho en las policías preventivas y casi no desarrolló el tema de las policías de investigación, quizás porque en términos temporales y de capacidad era casi imposible. “Por eso es que a finales del 2011, también por otros casos escandalosos como el de Karen Berendique, la hija del cónsul chileno, y el de los muertos de El Rosal, se generó un nuevo debate concentrado en torno al Cicpc”, justificó.

Recordó que para esa fecha se hizo un diagnóstico que, aun cuando fue muy breve, tiene un gran valor. De hecho, a raíz de ese diagnóstico es que se implementa en 2012 una nueva legislación en materia de investigaciones penales, por lo que a su criterio debe este ser tomado en cuenta por la nueva comisión.

Entre sus objetivos, pondera el experto, la comisión debe considerar la transformación del Cicpc para fortalecerlo institucionalmente en el marco de la legalidad. “Hay que concebirla como una policía altamente especializada, científica, que gire en torno a las ciencias puras, a la física, a la química, a la ingeniería, a la balística, para defenestrarla de todas las labores preventivas y de tipo bélico que no están vinculadas con su objetivo principal, que es la investigación y la resolución de delitos”, sugirió.

COMISIÓN INNECESARIA

De acuerdo con Luis Izquiel, abogado criminalista y coordinador del área de seguridad de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la reforma policial “es un clamor del pueblo venezolano desde hace varios años”, pero la creación de una nueva comisión para llevar a cabo esa tarea, a su parecer, “es innecesaria”.

Manifestó que “ya el gobierno sabe cuáles son los problemas que presentan las policías”, por lo que tomarse varios meses para volver a buscar el origen de los inconvenientes dentro de los cuerpos policiales sería -en su criterio- una pérdida de tiempo y de dinero. “Los diagnósticos ya están hechos, lo que se necesita es que se ejecuten las acciones”, acentuó.

Dice que para nadie es un secreto que, a la par de las y los funcionarios que arriesgan su vida para proteger a todas y todos los venezolanos, “también hay manzanas podridas dentro de los cuerpos de seguridad, por tanto, siempre se ha clamado esa depuración”.

Hechos como la corrupción policial y la inseguridad, admite el abogado, siempre han existido en Venezuela, el problema es que, a su parecer, desde 1999 en adelante esos problemas se han exponenciado.

“La tasa oficial de homicidios para 1999, cuando la PTJ emitía información oficial, era de 19 por cada 100 mil habitantes; en 2012, la tasa fue de 56 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero también aumentaron los robos, los secuestros, y lo mismo sucedió con la corrupción policial”, explicó.

En referencia a los resultados de la última encuesta Gallup realizada en el país, destaca que 74% de las venezolanas y los venezolanos siente desconfianza hacia los funcionarios policiales por las actitudes que muchos de ellos han mostrado durante el ejercicio de sus funciones.

EXPERIENCIAS ANTERIORES

Ante esta situación, considera urgente un cambio en el sector; no obstante, piensa que el Gobierno Nacional “no tiene la credibilidad suficiente” para aplicar los correctivos necesarios en esta materia, debido a que en años anteriores se han desarrollado varias políticas sin haber obtenido resultados favorables.

“Tenemos, entre otros ejemplos, lo ocurrido en el año 2006 con la Conarepol. En ese momento se instaló una comisión, se gastó un realero, se hizo una encuesta de victimización, viajaron a otros países, hicieron todo un diagnóstico de la realidad policial venezolana y algunas recomendaciones, pero todo ese trabajo se engavetó”, criticó.

En el año 2009, prosiguió el vocero opositor, se crea la Policía Nacional Bolivariana, luego de haber suprimido la Policía Metropolitana (PM), y se dijo que este nuevo cuerpo policial iba a estar libre de los vicios del pasado y que funcionaría como una policía modelo, pero asegura que no fue así.

“Cinco años después, la Policía Nacional Bolivariana muestra prácticamente los mismos vicios que tenían los otros cuerpos policiales; funcionarios con bajos sueldos, funcionarios involucrados en hechos delictivos”, refutó el especialista.

Tampoco han sido exitosas, en su opinión, iniciativas como la ley orgánica del servicio de la policía y la Universidad de la Seguridad. “Desde el punto de vista teórico, no puedo estar en desacuerdo con la Unes, el problema está en la práctica”, aclara.

Para el vocero de la MUD en materia de seguridad, habría que evaluar si esta casa de estudios ha contribuido a mejorar la formación que están recibiendo las y los nuevos funcionarios policiales. “El mayor reconocimiento de que nada de eso funcionó es la conformación de una nueva comisión para la reforma policial”, esgrimió.

VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

La problemática en el sector policial, refiere Luis Izquiel, debe analizarse desde dos perspectivas: La del funcionario como víctima y también como victimario. “Los policías son las víctimas predilectas del delito, de hecho, nada más en lo que va de año, 113 funcionarios de los cuerpos de seguridad han sido asesinados en la Gran Caracas”, esgrimió.

Desde el punto de vista laboral, señala que las y los policías han sido explotados: “Sus condiciones socioeconómicas son lamentables y no están acordes con la riesgosa labor que cumplen”. Además alega que estos carecen de herramientas necesarias para combatir el crimen.

“El propio Hugo Chávez, en el 2011, hizo un diagnóstico de lo que era la policía en ese momento y encontró que había un déficit en los equipos de radiocomunicación, en armas de fuego, chalecos antibalas, botas”, rememoró.

Por otra parte, asegura que de conformidad con los informes de organismos como Cofavic y Provea, “en Venezuela ocurren entre 700 y 800 ejecuciones extrajudiciales por año, cometidas por funcionarios policiales”, lo que también los convierte en victimarios.

Asegura que “algunos policías ejecutan violaciones de los derechos humanos y los derechos fundamentales de algunos venezolanos, así como torturas y tratos crueles e inhumanos”, adicional a lo que se denomina “matraqueo”, que es el acto de corrupción policial del cual se quejan mucho las personas.

INVERTIR PARA MEJORAR

Un eje transversal para abordar la seguridad ciudadana, en criterio del abogado criminólogo, es la inversión. “Cuando se hacen encuestas, la preocupación principal de los venezolanos es la inseguridad, aunque a veces los problemas económicos son tan grandes que la igualan o la superan”, dictaminó.

Sin embargo, señala que cuando se revisa el presupuesto nacional, esa preocupación de las venezolanas y los venezolanos “no se ve reflejada”, motivo por el cual piensa que “debe haber un redimensionamiento del presupuesto nacional, enfocado en el primer problema del país, que es la seguridad ciudadana”.

Para captar profesionales idóneos que quieran ingresar a los cuerpos policiales, acota, hay que mejorar la oferta salarial. “Si no se bridan las condiciones socioeconómicas debidas no se puede conformar un cuerpo policial con un material humano correcto”, recalcó.

POLICÍAS BIEN ARMADOS

Izquiel insiste en que “la resolución que desarma a los cuerpos policiales debe ser revertida”. De hecho, recordó que en el marco del proceso de diálogo que ocurrió hace pocos meses entre la oposición y el gobierno, la MUD presentó una propuesta que incluía esa recomendación, la cual asegura que fue engavetada.

“La idea era que esas políticas que estaban allí expresadas -que tenían que ver con la prevención del delito, el sistema de justicia y el área penitenciaria- fuesen asumidas como políticas de Estado, bajo un consenso entre la oposición y el gobierno, porque eso es lo que está pidiendo la ciudadanía, pero parece que no hay voluntad política por parte del gobierno”, enfatizó.

A su parecer, “no es posible que los delincuentes carguen granadas, ametralladoras, fusiles, y los policías estén limitados a pistolas 9 milímetro y una escopeta calibre 12 por cada 10 funcionarios”.

PLANTEA VOLVER A DESCENTRALIZAR

Asimismo, estima que debe reordenarse la concepción del sistema policial: “Yo creo que la Policía Nacional no ha dado buenos frutos, y eso definitivamente tiene que ser revisado”. También cree que es necesario que fortalecer el tema de la descentralización en materia de seguridad ciudadana, con las gobernaciones y alcaldías.

Lamentó que con el surgimiento de la UNES hayan desaparecido las escuelas de policías municipales y estadales, así como otros centros de capacitación. “Se eliminó el Instituto de Estudios Universitarios Penitenciarios que había fundado Gómez Grillo; se eliminó el Iupol, que era donde se formaban los policías de investigación, y también pasó a la Unes la formación de los fiscales de tránsito”, fustigó.

Fusionar todos esos estudios en una misma universidad, aduce, ha sido un error. “La formación de un policía preventivo es completamente distinta a la formación de un policía de investigación”, contrastó.  Ahora, según afirma el abogado, el gobierno se percató de eso y busca enmendar la situación.

CASOS INTERNACIONALES

Las experiencias policiales a escala internacional, precisa Luis Izquiel, “hay que tomarlas con mucho cuidado”, porque cada país tiene una realidad distinta determinada por sus propios problemas y por las causas que los generan, pero hay aspectos positivos que pudiesen ser tomados en cuenta, para ver si se adaptan a la realidad venezolana.

“Reformas policiales ha habido muchas, incluso unas muy famosas, como la que se hizo en Irlanda del Norte, porque allá, en ese momento, la sociedad también estaba dividida, pero al final se logró sacar a la policía del dominio de uno de los dos bandos y que esta estuviera como en el medio”, reseñó.

Esa situación, analiza, se pudiera ajustar al caso venezolano, “en el sentido de tratar de alejar a la policía de la política y colocarla en el centro”, para que los dos sectores en confrontación, chavismo y oposición, vean a los cuerpos de seguridad con mayor confianza.

Otro ejemplo importante y más cercano a nosotros, aseguró el abogado criminalista, fue el que dio Nicaragua hace algunos años al conformar una policía básicamente comunitaria que hoy en día goza de un gran prestigio.

“A pesar de estar en una zona conflictiva, como lo es Centroamérica, cerca de algunos de los países con el mayor índice de criminalidad en el mundo, como Honduras, Guatemala y El Salvador, los índices delictivos en Nicaragua son notablemente menores que los de sus vecinos”, ilustró.

En ambos casos ha habido resultados positivos y las iniciativas pudiesen servir de ejemplo para Venezuela, refiere, pero para tomar una determinación habría precisar cuál es la realidad de estos dos países y ver en qué contexto funcionan sus policías.

T/ Héctor Escalante
F/ Ángel Dejesús, María Isabel Batista

Publicado originalmente en: Correo del Orinoco

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