14 de junio de 2015
La discusión sobre el tema de la seguridad ciudadana se reavivó en los últimos días, luego de que el presidente Nicolás Maduro asegurara tener pruebas de la “articulación de líderes principales de la derecha venezolana y colombiana con bandas criminales” a las que presuntamente “les pagan con drogas y dólares para que salgan a matar gente seleccionada por ellos y crear una situación de caos en el país”.
Tras la captura reciente del exconcejal de Cúcuta, Julio Vélez, en Caracas, supuesto autor intelectual del asesinato del diputado Robert Serra y su asistente María Herrera, el Mandatario aseguró que este fue un caso de “sicariato político” que trató de ser presentado ante la opinión pública como un hecho perpetrado por la delincuencia común.
De acuerdo con el diputado socialista Orlando Zambrano, los medios de comunicación también han exaltado al máximo el asesinato de funcionarios policiales presuntamente a manos del hampa, acción que, en su criterio, forma parte de la “triangulación conspirativa” de las empresas de comunicación nacionales e internacionales “que buscan generar miedo, caos y zozobra”. Para el parlamentario, las denominadas “megabandas” son organizaciones híbridas con componentes políticos y militares, que ahora están vinculadas con el hampa criolla.
En declaraciones recogidas por la página web de la Asamblea Nacional, señaló que se trata de una nueva modalidad que vienen utilizando algunos dirigentes, presuntamente en coordinación con el uribismo, para “corporativizar la presencia paramilitar en el país”. Mediante esta estrategia, agrega Oscar Contreras, dirigente de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, se intenta generar “violencia enmascarada” con el fin de “producir psicosis, desmovilizar y desmoralizar al chavismo”. En rueda de prensa, informó que, de acuerdo con la información que manejan en la CRBZ, unos 12 grupos delincuenciales podrían estar actuando en el país bajo ese tipo de estructura.
NUEVO FENÓMENO
Según el abogado criminalista Fermín Mármol García, actualmente en Venezuela tenemos fenómenos delictivos que no conocíamos en el siglo XX, como el de las llamadas megabandas. “Aquí siempre se habló de bandas criminales, pero ahora tenemos megabandas criminales”, contrastó. Al caracterizarlas, comentó que “estas son estructuras delictivas capaces de integrar a más de 80 personas con armas cortas, armas largas y artefactos explosivos tipo granada”.
En entrevista con el Correo del Orinoco, describió que estas tienen dominio territorial en distintos ejes. Explicó que “todas las zonas del país, por más rurales y oprimidas que sean, tienen asentamientos industriales, comerciales y empresariales”, así como de personas que “han progresado” y tienen cierto bienestar económico. Allí y en otras localidades donde considera que el Estado tiene “poca o nula presencia”, se mueven estos grupos, “porque sienten que pueden extorsionar o secuestrar de manera impune”.
Complementa el criminólogo Javier Gorriño que el delito varía dependiendo de la zona donde se comete. “En Sucre, por ejemplo, el delito que más se da es el homicidio, básicamente en los barrios, mientras que en El Hatillo el principal delito es el robo de casas y el secuestro exprés”, apuntaló. En esa zona, como en Baruta y en la parte norte de Chacao, agrega, también interfiere la accesibilidad de tránsito que brindan algunos corredores viales. Incluso, alega que el carácter y la personalidad de cada persona, que en parte están determinados por la procedencia geográfica, tienen su cuota de responsabilidad en el delito.
COLECTIVOS ARMADOS
Al igual que las megabandas, otra manifestación que, de acuerdo con Mármol García, no se había visto en el pasado reciente, “es la figura de los colectivos armados y violentos”. Dice que estos grupos dominan el 10% de las parroquias del país. “Tenemos aproximadamente 1.500 parroquias y que haya al menos un colectivo, quizá más, en 150 parroquias, es un fenómeno que no conocíamos”, aseveró. A eso añade la supuesta presencia del Frente Bolivariano de Liberación (FBL) y sus distintas facciones en el eje Apure-Barinas-Táchira.
También se refirió a los llamados pranes. “Terminamos el siglo XX hablando de chuzos, de chopos, pero hoy en día hablamos de fusiles en las cárceles, de artefactos explosivos tipo granada. Además se habla de una cultura carcelaria que ha impregnado parte del tejido social fuera de los muros”, fustigó. Anteriormente, admite, “las cárceles eran muy malas, y se les consideraba universidades del delito”, pero ahora, a su parecer, “no solo son universidades de pregrado del delito, sino también de posgrado”.
Asimismo, hizo alusión a los “seudo-sindicatos” que presuntamente han venido haciendo presión sobre el sector privado de la construcción. “Se trata de grupos de personas armadas que llegan a las obras amenazando a los ingenieros y a los constructores, pretendiendo tomar el control”, alertó. Todos estos elementos conforman una estructura a la que el especialista denomina “microestados o estados paralelos con dominio territorial y desplazamiento”. El delito como fenómeno social, analizó, se hizo atractivo para las personas por la debilidad que, según afirma, presenta el sistema integrado de seguridad ciudadana. “El factor pobreza no incide en el nacimiento de estos microestados, sino que genera algunos tipos delictuales muy distintos al delito estructurado”, aduce.
NIVELES DE VIOLENCIA
El experto asegura que cada año que pasa es peor que el anterior. “No ha habido un solo año, desde 1999, hasta el cierre del 2014, que haya sido mejor que el anterior, y así lo han registrado organizaciones nacionales, pero también internacionales”, esgrimió. Pudiera haber la percepción de que en algún momento se ha logrado detener el avance del crimen y la violencia, menciona, o que en algún momento se ha logrado disminuir, pero a su parecer, eso no es cierto. Sin embargo, el investigador argentino Mariano Ciafardini considera que los niveles de violencia y delito “son difíciles de medir con precisión, porque se trata de fenómenos que se producen en el marco de la ilegalidad”. Para medir correctamente los delitos contra la propiedad como robos y hurtos, teorizó, se necesitan encuestas poblacionales sobre delitos, “ya que las estadísticas de denuncias policiales son insuficientes porque la mayoría de estos hechos no se denuncian”.
Casi ningún país de Latinoamérica hace estas encuestas, al menos con la regularidad y la seriedad necesarias, advierte. En Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental, contrasta, si se hacen. “Las estadísticas sobre homicidios son un poco más confiables, pero hay países que tienen una gran cifra de homicidios no denunciados o registrados”, detalló. En su criterio, esto dificulta la comparación año a año para ver la evolución real de estos delitos. En términos generales, resume, “se puede decir que mientras imperó en Latinoamérica una suerte de Estado benefactor o políticas de tendencia al pleno empleo, de los años 30 al 70 del siglo pasado, los niveles de violencia delictiva, sobre todo de los delitos comunes, no eran altos”.
EMBARAZO PRECOZ
Para el abogado criminalista “desconocer que en la denominada Cuarta República los jóvenes, e incluso niños, participaban en el delito, sería un error”, pero según lo que ha podido percibir, en la actualidad esa participación se ha hecho más evidente debido al aumento del embarazo precoz. “Tenemos tres años consecutivos siendo medalla de oro de embarazo precoz en Suramérica, superando al gigante Brasil”.
Detrás de ese incremento, advierte, “existe una alta posibilidad de que haya paternidad irresponsable, deserción escolar y un marcado odio social”, condiciones sociales que, a su parecer, han traído como consecuencia una niñez irregular que ha visto como líder a los jefes de banda en su hábitat. “¿Quién es el hombre más respetado, temido y con más recursos en el hábitat de ese niño en situación irregular? El jefe de banda criminal, porque ahí no está presente el Estado”, cuestionó.
Como en este tipo de procesos “lo anormal empieza a ser visto como normal”, alega que “ese niño que ha sido rechazado por su padre, porque tal vez ni lo conoció, que ha sido maltratado por el padrastro de turno, que tuvo que desertar escolarmente para llevar dinero la casa, y que ha sido maltratado por un Niño Jesús que no le ha traído nada nunca, trata de acercarse a ese líder de banda criminal y empieza a prestarle servicio para llevar y traer cosas de un lugar a otro, o para informar cualquier cosa irregular, y así empieza su carrera delictiva”.
NO HAY DATOS
Sobre ese aspecto en particular, Fernando Pereira, coordinador general del Cecodap, asegura que hasta el momento “seguimos teniendo un vacío” con relación a la falta de información oficial, que es fundamental obtener para avanzar en el análisis de la situación y la búsqueda de soluciones. “Nosotros no tenemos datos objetivos, estadísticos, que nos permitan comprobar efectivamente la participación de chamos, o sus edades, en grupos de delincuencia organizada”, especificó.
En declaraciones ofrecidas al Correo del Orinoco, expresó que “este tema debería ser objeto de debate, de estudio e investigación de forma permanente, pero solo se toca cuando ocurre la muerte violenta de una figura pública y en las investigaciones se descubre que hay un adolescente involucrado. Entonces ahí si se genera todo un revuelo, iniciativas parlamentarias, se levanta la marea y después volvemos a la inercia”.
Además asegura que la respuesta del Estado ante este tema no ha sido contundente. “No sentimos la voz autorizada que nos llame la atención, que esté alertando o proponiendo estudios, analizando las estadísticas”, criticó el representante de la organización venezolana que desde 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.
Pereira considera que el aumento de la participación de adolescentes en el circuito de la violencia es un hecho que no puede ser rebatido: “Hay estadísticas que nos están indicando que tenemos una participación creciente, como víctimas y como victimarios”. En 1992, Cecodap hizo su primer monitoreo de seguimiento a la situación de las y los niños en Venezuela, y el informe, que se basó en datos de la PTJ, reflejó que “para ese entonces teníamos 20 muertes violentas mensuales de adolescentes mayores de 12 años, es decir, 240 casos al año”, detalló.
A 24 años, comenta, “lo que vemos es que esa cifra se ha ido incrementando notoriamente”. Desde el año 2005 “no hay acceso a la data del Cicpc”, refiere. Sin embargo, aduce que el monitoreo realizado por ellos el año pasado les permitió conocer la existencia de 912 casos que están documentados, de acuerdo con la información reseñada en la prensa. “Tenemos las características de dónde fue el hecho, la edad del muchacho o muchacha, la circunstancia, la ciudad, el municipio, el barrio”, describió.
MIMETIZARSE CON EL ENTORNO
Señala Mármol García que las venezolanas y los venezolanos “no podemos perder el estatus de ciudadanos que tenemos, porque de lo contrario nos convertiríamos en habitantes sobrevivientes”. Un ciudadano, define, “es aquel que aplaude las políticas públicas correctas, pero que también demanda y protesta ante la existencia de políticas públicas fallidas para que se corrijan”, mientras que un habitante sobreviviente “es sumiso y conformista, hasta el punto de renunciar a sus derechos”.
Además sugiere que todas y todos los ciudadanos debemos seguir restringiendo parte de las libertades individuales para proteger nuestro principal tesoro, que es la vida. “Tenemos, por un lado, una delincuencia envalentonada, agresiva, asesina, que no va a dudar en quitarnos la vida si resistimos, o si irrespetamos al delincuente, y por otro, un sistema integrado de seguridad ciudadana muy débil ante el crimen y la violencia”, esbozó.
Ante ese panorama, enfatiza que “tenemos que mimetizarnos con el entorno”. Agrega que “las costumbres esnobistas definitivamente no pueden seguir siendo parte de nuestra cotidianeidad”. De igual forma, insta a “elevar los niveles de sana malicia y sentido común, para estar alerta ante los peligros que nos rodean”.
En lo que respecta a las instituciones y las autoridades, señala que “bien vale la pena que nuestros gobernantes paguen el precio político de luchar contra el crimen y la violencia”. Recordó que así lo hicieron -cada uno a su manera- Lula Da Silva en Brasil y Álvaro Uribe en Colombia, lo cual no impidió que ambos terminaran su mandato con mucha popularidad. “En todos los países los buenos son más que los malos, por tanto, los 30 millones de venezolanos no pueden dejarse someter por unos 70 mil o 100 mil delincuentes que hay en el país”, puntualizó.
CONTEXTUALIZAR
Asegura Keymer Ávila, abogado con máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, que todos los problemas sociales, entre ellos los de seguridad, deben contextualizarse: “No podemos pretender describir, analizar y comprender un fenómeno de forma aislada, puesto que la realidad es compleja y debe ser abordada desde esa misma complejidad”.
En conversación con el Correo del Orinoco, dijo que en el país existe una “situación de violencia delictiva grave”, y que además tenemos una de las mayores tasas de homicidio del mundo: Para 2012 era de 53,7. En diciembre de 2013, el entonces ministro para Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, informó que esa tasa disminuyó a 39, pero desde esa fecha, oficialmente no se ha dado más información.
Frente a ese panorama, plantea que un abordaje objetivo del problema requiere, en principio, el sinceramiento de las cifras. En la década de los años 60 del siglo pasado, teorizó, algunos autores “cuestionaban tomar como único indicador para analizar la actividad criminal la cifra oficial de delitos que procesa el sistema penal, dado que las mismas no recogen la totalidad de los hechos acaecidos, ya que no todos son denunciados ni conocidos por el sistema”.
Por otro lado, sostiene que “en ocasiones, las categorías utilizadas por las instituciones son imprecisas”. Adicionalmente, los investigadores usualmente tienen problemas de acceso a las instituciones del Sistema Penal. Ante estas críticas y dificultades se han generado otras formas para intentar conocer los delitos en su totalidad como las encuestas de victimización. Sin embargo, advierte que “si estas no siguen un método riguroso, pudieran distorsionar la comprensión del fenómeno, ya que podrían en algunos casos inflar las cifras”.
En el contexto actual, analiza, producto de diversas coyunturas político electorales y de polarización que se han dado en Venezuela, “el acceso a la data oficial se ha restringido, lo que ha generado en algunos sectores de la oposición política la aplicación de fórmulas diversas para calcular las cifras de delitos y de delincuentes que, matemática y técnicamente pueden ser correctas, pero eso no significa que sean reales”.
ANALIZAR LA VIOLENCIA
Ávila enfatiza que otro aspecto que hay que desmitificar es que, “el problema en sí no es delito, sino la violencia”. Señala que el delito “puede ser cualquier cosa que se le ocurra a quienes estén en el poder y logren plasmarlo en la ley”. Puso como ejemplo la obtención de divisas en el exterior mediante tarjetas de crédito: “¿Qué tiene que ver el raspar cupos con un homicidio? Nada. Por eso es importante discriminar los fenómenos y analizarlos por separado”. Que los delitos aumenten o disminuyan, a su juicio, dice muy poco; “lo importante es concentrarse en los de tipo violento, que son los que más nos afectan”.
Además menciona que más allá de la impunidad, el problema es de todo el sistema. “El control y disminución de la violencia no puede dejarse solo en manos de en la policía, ni solo en la cárcel, porque esta colapsaría y en ocasiones su intervención agudiza los problemas”, ponderó. Insiste en que el sistema penal “debería intervenir en los casos más graves, lo que no podemos es adelantarnos a decir que la cárcel es la receta para todos nuestros males”.
NO LIMITAR LOS DERECHOS
También es una falacia, en su opinión, asegurar que la clase media sea la más afectada por la violencia: “Según la Encuesta Nacional de Victimización de 2009, los más afectados por la violencia delictiva, específicamente homicidios, son los estratos IV y V de la población; el primero representa un 56,52% y el segundo un 27,12% de las víctimas, para un total de 83,64%. Lo que sí es cierto es que los sectores medios y altos son más vulnerables a las campañas de ley, orden y mano dura, pudiendo ser movilizados por el miedo y los prejuicios”.
Destaca el criminólogo que la solución no está en limitar nuestros derechos: “No podemos permitir que la solución ante el problema de seguridad ciudadana que tenemos sea encerrarnos en nuestras casas y vivir con toque de queda”. Afirma que más bien, las y los ciudadanos debemos exigirle al Estado que nos garantice nuestros derechos al máximo.
En tal sentido, propone “tomar la calle y los espacios públicos, vivir la ciudad y obligar a las instituciones a que lo hagan posible”. Estima que en la medida en que tomemos las calles para construir ciudadanía, la delincuencia pierde espacios, “pero sin el apoyo y la garantía de las instituciones del Estado esto no es posible”.
EXCESO DE POLICÍAS
Un inconveniente adicional, añade, es la falta de continuidad en las políticas, las cuales se han visto interrumpidas por el paso de varios funcionarios por los ministerios. “En los últimos 56 años hemos tenido 40 ministros de Interior que no duraron ni año y medio en el cargo. Este año, solo han pasado 6 meses y ya hemos tenido dos más”, criticó.
Por otra parte, señaló que erróneamente, a partir del proceso llevado a cabo por la Conarepol, se ha aumentado la cantidad de policías para controlar la criminalidad. No obstante, recordó que en un diagnóstico realizado por el psicólogo social Andrés Antillano, este manifestó que desde 2007 el país se encontraba por encima de los estándares internacionales de tasa de encuadramiento policial: “Ese año tenía unos 457 policías por cada 100 mil habitantes, mientras que el estándar internacional va de 300 a 400”.
Datos aportados por la investigadora Ana María Sanjuan y Freddy Bernal, quienes trabajan con información oficial, dan cuenta de que “en el 2006 se pasó de 114.463 funcionarios a más de 140.000 para el año 2015”. A decir del experto, “en el país no hacen falta más policías, sino mejores policías, mejor organización, mayor supervisión y control sobre los funcionarios, y una mejor distribución sobre el territorio”.
CRIMEN, BANDAS Y CONSPIRACIÓN
La delincuencia juvenil en el contexto de bandas, precisa el docente de la UCV, es un fenómeno distinto al del crimen organizado. Afirma que este “no puede existir sin el apoyo de estructuras de poder legal e ilegal, privadas y públicas, especialmente de sectores empresariales, políticos, militares, policiales y judiciales”. Calcula que “en estos ámbitos los límites entre lo lícito y lo ilícito se hacen difusos”.
En cuanto a las armas, razona que su disponibilidad es una variable importante para estudiar el problema de la violencia delictiva. “Según la ENV 2009, un 79,48% de los casos de homicidios son consecuencia del uso de armas de fuego, solo en 13,41% de los casos se utilizaron armas blancas. Estos datos se quedan cortos cuando se contrastan con los del Cicpc durante el periodo 2010-2011, los cuales arrojaron que esta cifra llegaba a un 90,5%”, reveló.
Considera que dentro de una política efectiva de control de armas y municiones, “tanto la institución policial como militar deben estar supervisadas y ser objeto de severos controles”.
Otro inconveniente, no menos importante, critica, es el de las teorías conspirativas. Recordó que, por un lado, la oposición ha sostenido el argumento de que el gobierno mantiene grupos delictivos para que éstos los defiendan ante cualquier revuelta. “De ser cierto, más que perverso, esto me parece inocente. Mantener con mercenarios un sistema de gobierno es bastante precario e insostenible, el mercenario siempre puede conseguir quien le pague más”, opinó.
Dijo que por otro lado, “el gobierno viene promulgando la idea del paramilitarismo y del crimen organizado para explicar todos los males de la nación”. Al respecto, precisó que dichas denuncias “deben comprobarse con las pruebas de rigor, sin que las mismas entorpezcan técnica ni jurídicamente las investigaciones y la aplicación de la ley”.
INFLUENCIA PARAMILITAR
Años atrás, relató al Correo del Orinoco el criminólogo y ex funcionario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Javier Gorriño, “era muy atractivo” para ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, básicamente, “venir a Venezuela para mejorar sus condiciones de vida”.
Muchos de ellos, añade, se asentaron en nuestras principales barriadas y es probable que entre esa población, que todavía hace vida en el país, hubiese personas, “sobre todo de origen colombiano”, vinculadas con actividades delictivas. No obstante, cree que en la actualidad “puede haber algunos elementos paramilitares” que refuercen esas acciones.
Explicó que hay personas que han cruzado la frontera colombovenezolana para hacer dinero aquí, “y como lo que saben hacer es delito, porque han vivido durante muchos años el conflicto armado que se presenta en ese país, estos se multiplican”.
MIGRACIÓN DE DELITOS
Según Gorriño, con el paso de los años ha habido una migración hacia cierta tipología de delitos. Señala que aquellos que parecieran no obedecer a ninguna causa, por lo general son responsabilidad del sicariato. Esta modalidad de delito, en su opinión, “ha cobrado mucha fuerza por la impunidad que tiene el homicidio en líneas generales”.
Dice que el sicariato, procedente de Colombia, suele utilizare para ajustar cuentas, por venganza o infidelidades, y es uno de los delitos que más se comete, al igual que el secuestro, porque “da buenos dividendos y el delincuente tiene poco riesgo de ser detenido”.
Otra práctica delictiva que es nueva y tiene raíces foráneas, refiere, es el secuestro exprés. “En Venezuela se empezó a conocer en 2006 o 2007, cuando es detenido un mexicano que trajo al país esa modalidad de secuestro rápido, que no requería de un estudio previo de la víctima, ni de un sitio de cautiverio”, detalló.
El incremento de la delincuencia, argumenta el profesor universitario, tiene que ver con la forma en que se maneja la “política criminal” de un país, respecto a la prevención del delito, la investigación que se hace desde que se comete el delito hasta que se sentencia al responsable, y la forma en que se aprovecha el tiempo que dure la pena.
Sobre la prevención social, señala que ha habido muy pocas instituciones en el país que se encarguen de atender a aquellos niños que abandonan la escuela o que poco a poco comienzan a tomar la calle.
En lo que respecta a la prevención situacional, dijo que “solo el 30% de los municipios que conforman los distintos estados del país tienen policía municipal, y los que la tienen, presentan deficiencias en cuanto al número de funcionarios y a la cantidad de patrullas”. En su criterio, “esta es la policía más cercana al ciudadano”, por tanto juega un rol fundamental.
Al referirse a la investigación, manifestó que se encuentra colapsada y no está dando respuestas contundentes. “Nosotros tenemos un Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que no ha crecido lo suficiente, y lo mismo pasa con los jueces y con los fiscales”, fustigó. Esas deficiencias, esgrime, hacen que el delito vaya creciendo y que se haga cada vez más impune, lo cual favorece la repitencia del mismo.
Por otra parte, manifestó que el aspecto penitenciario también está presentando fallas. “No se trata solo de aislar de la sociedad, como castigo, a la persona que comete un delito, hay que aprovechar ese tiempo para reeducarla y reinsertarla en la sociedad como una persona útil”, reflexionó.
POLÍTICA INDUCIDA
Juan Contreras, líder e integrante de la Coordinadora Cultural Simón Bolívar, no cree que las verdaderas organizaciones comunitarias que hacen vida en el país estén desviando su objetivo de luchar por las reivindicaciones sociales para incurrir en actos delictivos. “El peligro que hay en este momento tiene que ver más con una política inducida de bandas que se están organizando en muchos barrios a nivel nacional, y fundamentalmente en la ciudad capital”.
Lo primero que llama la atención, dijo al Correo del Orinoco, es el comportamiento que están asumiendo estos grupos irregulares. “Antes, en sitios como El Observatorio, San Juan, El Valle, la Cota 905 y Petare, las bandas rivales se peleaban entre sí por el control de los espacios. Ahora como que han venido limando sus asperezas o sus diferencias”, comentó. Además dice que “ya no matan a la gente en el barrio, ni roban las motos, solo venden drogas”. En su criterio, “pareciera que alguien los ha sentado en una mesa” para dictarles algunas líneas de acción.
Por otra parte, refiere que hay un control territorial y que por esos espacios se pasean entre 20 y 30 hombres con fusiles y armamento pesado. En ese sentido, se pregunta: “¿De dónde salen esas armas y para qué tener ese control territorial en los barrios caraqueños? ¿A quién le conviene la existencia de esas bandas armadas que pareciera que están articuladas entre si y que responden más o menos a una necesidad organizativa y a un control territorial?”.
Para Contreras, es sospechoso que se estén formando este tipo de “ejércitos” precisamente en los barrios, “que son los únicos sitios del país donde la oposición no tiene presencia y donde el chavismo es más fuerte”. Pudiera pensarse, de acuerdo con el vocero comunitario, que hay un interés de “llevar a Venezuela a una situación de violencia similar a la que se vivió en Colombia con Pablo Escobar, que luego formó parte de la dosis que le dieron a México a partir de los años 80 con el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Los Zetas”.
Al respecto, aclara que es un error decir que con estas acciones quieren colombianizarnos o mexicanizarnos, porque tanto el pueblo colombiano como el pueblo mexicano están en contra de la violencia. “Simplemente son prácticas delictuales que hemos visto en estos países y que ahora están tratando de trasladarlas a Venezuela para erosionar la paz que reina en nuestro territorio”, precisó.
CRIMINALIZAR LA VANGUARDIA
El dirigente popular asegura que “hay un afán, por parte de algunos sectores de la oposición, de descalificar a los colectivos u organizaciones sociales, de vieja y nueva data, como las Comunas, los Consejos Comunales y los Comités de Tierra Urbano, que defienden a la Revolución”.
Refiriéndose al caso particular de la CSB, recordó que esta es una organización sociopolítica de mucha trayectoria y reconocimiento, que tiene una colectividad que gira alrededor del sinfín de actividades que realizan para el beneficio de la comunidad que habita en la parroquia 23 de enero.
Deduce que el temor que tiene la derecha, y la razón por la que quieren “criminalizar y estigmatizar” a estos movimientos, se debe a que justamente ahí está la vanguardia del proceso revolucionario. “La gente más clara y que está plenamente identificada con todos los cambios que se han vivido en estos 16 años son esas organizaciones sociales a las que ellos llaman colectivos”, sentenció.
ORGANIZADOS Y SIN DELINCUENCIA
Según Contreras, la organización social es la que ha permitido que la delincuencia no avance en el 23 de Enero, como lamentablemente ha sucedido en otras parroquias capitalinas. “El tema de la organización social, de la organización popular y la participación, ha evitado que el 23 de enero, a diferencia de otros barrios, se convierta en caldo de cultivo para la delincuencia”, asintió.
Reseña que cansados de la represión desmedida que se aplicó en el 23 de enero durante la llamada Cuarta República, y de la desasistencia impulsada por los gobiernos de esa época, él y muchos otros vecinos y vecinas de esa parroquia se incorporaron muy jóvenes a la organización vecinal en el marco de las luchas que había que librar.
“El 23 de enero tiene canchas por todos lados, somos privilegiados en ese aspecto, pero eso era lo único que daba la Cuarta República. Ellos no nos escuchaban, no se sentaban a dialogar con nosotros para saber cuáles eran las prioridades que teníamos, que muchas veces no eran las canchas, sino las cloacas, las pantallas atirantadas o la escalera para subir al cerro”, reflexionó.
PARTICIPAR Y SER ESCUCHADOS
Gracias a la organización, destaca, se pudo, entre otros beneficios, fomentar la participación del pueblo para aportar soluciones a las principales problemáticas. “Demostramos que nosotros podíamos generar desde abajo políticas públicas para resolver los principales problemas de la comunidad”, acentuó.
También consiguieron que el pueblo comenzara a ser escuchado y tomado en cuenta. “No es desde la institucionalidad, con un aire acondicionado y una buena oficina, que se podían resolver los problemas de la comunidad, sino directamente en el barrio conversando con la comunidad y entendiendo sus necesidades”, analizó.
Otro aspecto en el que avanzaron, agrega, fue en el manejo de recursos: “Nosotros decíamos que éramos capaces de poder manejar los recursos, y hoy en día eso está planteado con el tema de los Consejos Comunales”. Todos esos logros, en su opinión, han hecho que “tanto en la Cuarta República como ahora, la delincuencia en el 23 de enero sea mínima, comparada con lo que registran otras parroquias”.
T/ Héctor Escalante
F/ Héctor Rattia, Cortesía Fermín Mármol García, Mariano Ciafardini, Juan Contreras y Archivo CO
Publicado originalmente en: Correo del Orinoco
